La lucha contra la corrupción urbanística seguirá formando parte del programa del PSOE para las elecciones generales de 2008, aunque los socialistas sostienen que, desde el punto de vista legal, ya se le dio un gran impulso con la reforma de la Ley del Suelo.

Así pues, el programa electoral hará referencia a la necesidad de profundizar la aplicación de la norma aprobada el 23 de noviembre de 2006. Pero también incorporará alguna novedad.

En concreto, los redactores del programa -aún en fase de elaboración- han incorporado en este apartado la propuesta de reformar la ley que regula el Tribunal de Cuentas para que este organismo fiscalizador pueda investigar determinados contratos, servicios o ejercicios presupuestarios de un ayuntamiento por iniciativa popular.

El número de vecinos que tendrían que suscribir la petición -un porcentaje referido a la población-, quedaría a expensas de determinar en el desarrollo de la reforma legal.

Impulsar la Ley del Suelo

Esta nueva posibilidad conecta con otras medidas ya recogidas en la Ley del Suelo. En su reforma se estableció la obligatoriedad de que los planes urbanísticos sean sometidos previamente a información pública y tengan un resumen ejecutivo, para que los ciudadanos puedan valorar qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.

También exige que los convenios se sometan, antes de su firma, a información pública, y establece que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.

Otros procesos que la ley determina que habrán de ser públicos para su mayor transparencia son la evaluación de las sostenibilidad ambiental de los nuevos desarrollos urbanísticos, la justificación de su sostenibilidad económica y el seguimiento periódico que de ambos aspectos han de hacer los gobiernos municipales.

Además, se ha endurecido el régimen de incompatibilidades, no sólo para los concejales sino incluso para los funcionarios.