Renovación del CGPJSánchez se resiste a abrir otras vías con el bloque de la investidura para renovar el CGPJ pese al enésimo bloqueo de Casado

El acuerdo para renovar la cúpula de RTVE ha inflado las expectativas acerca del regreso de los grandes pactos de Estado (aquellos que incluyen al Gobierno y al principal partido de la oposición) después de varias legislaturas marcadas por el bloqueo y de un último año de confrontación total entre el PSOE y el PP. Pedro Sánchez destacó este viernes que han tenido que pasar 15 años para que se acometiera una renovación del ente público. Pero el desencuentro y el enquistamiento en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial han pinchado un globo que es llave para encarrilar la actualización del resto de órganos constitucionales.

De nuevo, el Gobierno se ha mostrado decepcionado por el enésimo bloqueo de Pablo Casado en esta materia; y de nuevo, los conservadores se han levantado de las negociaciones en el último momento, cuando apenas quedaban flecos para hacer realidad el acuerdo y cuando desde el Ejecutivo daban por hecho que la renovación, al fin, saldría adelante.

Este nuevo cerrojo a un gobierno de los jueces que lleva ya más de dos años en funciones ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que Sánchez termine por sacar adelante la renovación con el apoyo del denominado bloque de la investidura en un acuerdo que excluya al PP. Sin embargo, en la actualidad esta vía parece estar completamente cerrada por dos motivos.

El primero, el más tajante, es que no dan los números. La legislación actual establece que para elegir a los miembros del CGPJ es necesaria una mayoría parlamentaria de tres quintos, una suma en la que es necesaria la concurrencia del PP. Sin embargo, en octubre del pasado año el PSOE y Unidas Podemos registraron una reforma que, además de limitar las atribuciones del órgano constitucional cuando está en funciones, rebajaba a una mayoría absoluta los números necesarios en caso de que se produjera un bloqueo como el actual. 

Sin embargo, y aquí radica el segundo motivo, los socialistas rechazan de forma tajante seguir adelante con la tramitación de la norma. Cuando se registró la iniciativa, Sánchez dio a Casado un ultimátum para renovar el órgano; el PP respondió con un cambio de tono del líder conservador en la moción de censura de Vox, un debate en el que los conservadores pasaron a la ofensiva (al menos discursiva, ya que sus pactos autonómicos no peligran) con la ultraderecha.

Pese a que esto gesto agradó al Gobierno, la renovación de los órganos constitucionales siguió bloqueada, y como segundo aviso, el PSOE y Unidas Podemos partieron su iniciativa en dos mitades y siguieron adelante con la tramitación de aquella parte de la norma que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones. La rebaja de la mayoría sigue paralizada en la Cámara y, según confirmó Sánchez este viernes, va a continuar así.

El presidente no tiene intención, de momento, de abrir esta reforma, no sólo por los problemas que pudiera tener con la Unión Europea, sino porque cree que es una reforma de tal calado que sentaría precedentes y que se podría volver en contra en próximas legislaturas.

Sánchez sólo seguirá adelante con la reforma para limitar las competencias del CGPJ cuando esté en funciones

En este aspecto, Sánchez lo dejó muy claro, y descartó recuperar la reforma legislativa que reduciría la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque a la vez ratificó que su intención es cambiar la ley únicamente para limitar las competencias que tiene este órgano, entre ellas su capacidad de realizar nombramientos, cuando se encuentra en funciones.

Para Unidas Podemos, sin embargo, la reforma registrada con el PSOE no constituye solo un elemento de presión sobre el PP para que se avenga a pactar la renovación, sino una oportunidad de consolidar el bloque de la investidura y de que formaciones como ERC o Bildu puedan participar en los órganos constitucionales.

Desde el partido consideran que cada 'no' de Casado y cada ruptura in extremis de las negociaciones demuestran que esta es la única salida posible si de verdad se quiere romper el cerrojo del órgano de gobierno de los jueces. La ruptura de las negociaciones, además, se ha producido por el rechazo del PP a los dos candidatos que estaría proponiendo la formación morada: Victoria Rosell (actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) y el magistrado José Ricardo de Prada.

Para Unidas Podemos, más allá de una suerte de veto ideológico, este rechazo se debe a que los de Casado llevan meses defendiendo que no accederían a ningún acuerdo en el que estuviera representada la formación morada, e intentando que el PSOE deje fuera a su socio de Gobierno; asumir ahora lo contrario sería una contradicción de difícil digestión para los conservadores.

Sánchez no admite los vetos a los nombres de UP

Sin embargo, la participación de Unidas Podemos en el acuerdo no está en cuestión y Sánchez lo ha dejado muy claro este viernes. Sin entrar en el debate de nombres, sí dejó claro que el Ejecutivo no aceptará "vetos" a ningún nombre, y menos a los de sus socios de Gobierno.

Sánchez piensa mantener esta posición, no sólo como un gesto de lealtad hacia Unidas Podemos, sino porque está en contra de la política de vetos a personas con una trayectoria reconocida, sean del signo que sean. "Hay que acabar con los vetos", dijo una y otra vez el presidente del Ejecutivo, quien recordó también que para pactar hay que ceder.

El presidente del Gobierno, según fuentes consultadas, mantendrá esta posición y seguirá intentando convencer al PP para llegar a un acuerdo, aunque se admite que la posición del partido conservador en esta cuestión admite poco margen de negociación.