La renovación del Poder Judicial: la tarea inconclusa del Parlamento esta legislatura ante el bloqueo del PP

Desde la Comisión Europea se ha advertido varias veces al Estado español de que se debe renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que España asuma la presidencia española de la Unión Europea (UE), el próximo 1 de julio, para cumplir los estándares europeos. 

Sin embargo, el anuncio de elecciones anticipadas para el 23 de julio aleja esta posibilidad y parece evidente que el órgano del gobierno de los jueces seguirá funcionando con el mandato caducado, como ocurre desde diciembre de 2018. 

Son cuatro años y medio los que cumple esta anormalidad constitucional debido al empeño del Partido Popular en el bloqueo. La última de las numerosas excusas que ha utilizado es que antes de la renovación ha de modificarse la forma de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ para que sea la carrera judicial la que elija a esos vocales y no el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. 

En cambio, la Comisión Europea ha invertido el orden de las acciones: primero hay que renovar y luego modificar la forma de elección. El Congreso tumbó hace unas semanas la toma en consideración de la propuesta del PP para reformar la manera en la que se elige al CGPJ por considerarla "electoralista".

La persistente campaña del Partido Popular contra Pedro Sánchez, con su lema "Con Sánchez no", que ha cosechado buenos frutos en los comicios autonómicos y municipales y previsiblemente continuará en la campaña de las generales, cierra la puerta a alcanzar cualquier acuerdo para renovar el CGPJ antes de la presidencia española de la UE. 

Una forma de elección cuestionada

La mayoría de tres quintos de las dos cámaras con la que hay que renovar el CGPJ solo se puede lograr con el acuerdo previo de los partidos mayoritarios, PSOE y PP. Los veinte vocales del Consejo --doce son de origen judicial y ocho son juristas de reconocida competencia-- deben someterse a una votación en el Congreso y otra en el Senado. 

El problema radica en cómo se eligen a los doce vocales judiciales. El PP y una parte importante de la carrera judicial consideran que deben ser los jueces los que elijan a estos consejeros. De hecho, ahora se  eligen entre una lista de candidatos avalados por las asociaciones judiciales y la propia carrera judicial. En diciembre de 2018, cuando tocaba renovar el órgano de gobierno de los jueves, quedó conformada una lista con 51 juezas y jueces candidatos para el CGPJ. 

El 'whatsapp' de Cosidó

Sin embargo, el proceso en el Parlamento se paralizó cuando se descubrió a través de un 'whatsapp' del senador del PP Ignacio Cosidó las intenciones del partido de controlar la Sala Segunda del Supremo, encargada de enjuiciar a los aforados, y dirigir los nombramientos en el Tribunal. "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España", escribió Cosidó. 

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha instado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Ander Gil, a que continúen con el proceso de renovación del CGPJ, entrevistando a los candidatos, tal y como marca la ley. 

Uno de los 51 candidatos, José Luis Núñez Corral, juez decano de Vitoria-Gasteiz, avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en una entrevista con Público en octubre de 2022  argumentaba que "es probable que si no se renueva ahora el CGPJ, lo haga dentro de más de dos años. Si hay que esperar a la celebración de las elecciones generales, en diciembre de 2023, más el tiempo en que tarda en constituirse el nuevo gobierno, hablamos de más de 24 meses". 

Informe negativo sobre el Estado de Derecho

La nueva fecha de las elecciones generales y la posterior constitución de un nuevo gobierno tampoco parece garantizar la renovación del CGPJ por parte del PP. Todo dependerá de quién gane. 

Lo que parece claro es que España entrará en la presidencia de la UE con un informe negativo sobre el Estado de Derecho. Será a mediados de julio precisamente cuando se conozca el nuevo informe elaborado por la Comisión Europea, que en su edición del año pasado reprendía a España por el bloqueo del CGPJ.