La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido a Vox que deje de vetar a determinados medios y periodistas, que acate la decisión del Tribunal Supremo sobre estas prácticas y que demuestre su compromiso con el artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de prensa.

A las puertas del inicio de la campaña electoral para el 23 de julio, tras la que Vox podría acabar formando parte del Gobierno, RSF reitera su "preocupación e indignación" ante la discriminación que el partido ultra lleva años practicando y pide que cese "de una vez por todas" en la exclusión de profesionales de la información  de sus actos de interés público.

Acatar el fallo del Supremo

La Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo dictaminaron que Vox había discriminado a medios del Grupo PRISA en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre de 2019 "por considerarlos hostiles". Esto supuso "un menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad que deben tener los procesos electorales".

El pasado 28 de junio, a instancias de El País y la Cadena SER, la JEC recordó al partido que no puede discriminar a ningún medio en actos públicos de naturaleza electoral, para lo que el partido suele excusarse en limitaciones de aforo para impedir el paso a determinados periodistas.

"Esperamos que un partido que aspira a gobernar España en solitario o en alianza con otras formaciones políticas sea escrupuloso con el respeto a la libertad de prensa, pues atentar contra ella es atentar contra la democracia. Vetar, excluir e injuriar a medios y periodistas son actitudes propias de los regímenes e ideologías liberticidas que RSF denuncia en todo el mundo", afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y del Consejo Internacional de RSF.

Coberturas difíciles

Según ha constatado RSF, durante los últimos años ha ido creciendo el número de medios, periodistas y hasta asociaciones profesionales que han sido excluidas de ruedas de prensa, han sufrido "señalamientos y calumnias en redes, llamamientos al cierre, injurias y acciones judiciales de diversa índole, que no han prosperado".

La organización recuerda que "Vox se financia con fondos públicos y no puede pretender comportarse como una entidad privada con derecho de admisión".

Entre los periodistas vetados están Sara Selva, de Cadena SER, que no puede asistir a las ruedas de prensa diarias ni a la sede del partido durante las noches electorales.  "Los que estamos vetados las cubrimos desde la calle, con la ayuda de otros compañeros, de lo que podemos leer en redes sociales y de lo que vemos desde fuera", explica a RSF.

Laura Galaup, periodista de ElDiario.es, esta vetada no solo en los actos presenciales, sino en las cuentas en redes sociales y otros canales oficiales de información de Vox. Asegura que sigue cubriendo actos del partido "de incógnito, como una afiliada más presente en los actos".

Demandas judiciales

Antonio Sempere y Paloma Fernández Coleto, fotoperiodista y editora, respectivamente, del digital local El Periódico de Ceuta (antes, El Foro de Ceuta), explican a RSF cómo han sido las represalias del partido por revelar sus conversaciones xenófobas, islamófobas y supremacistas en un grupo de Whatsapp.

"Fui denunciada por acoso, chantaje, extorsión y pertenencia a organización criminal, en la que incluían erróneamente a dos miembros del grupo de Whatsapp que creían autores de las filtraciones. Tras esa denuncia, el PP pactó con Vox, que le impuso como condición cambiar el plan de medios y dejar sin publicidad institucional al nuestro. Así, se creó una UTE (Unión Temporal de Empresas) de otros digitales y a nosotros nos dejaron fuera del reparto de los 2,5 millones de euros anuales que se asignan a los medios ceutíes. Como editora es un varapalo, porque competir en un mercado sesgado sin fondos es duro, pero periodísticamente es muy empoderador saber que hemos ganado judicialmente a Vox. Nunca nos van a callar", sentencia Paloma Fernández Coleto.

Miguel González, veterano periodista de El País, es otro de los señalados y excluidos por la ultraderecha. En el Congreso de los Diputados es el único espacio en el que Vox no puede impedir el acceso de determinados medios, aunque aun así pone trabas.

"Sus portavoces no nos contestan a ninguna pregunta y, cuando lo hacen, en ocasiones es para insultarnos. Un partido es una de las instituciones básicas de una democracia y por eso recibe subvenciones pagadas con nuestros impuestos, que en el caso de Vox suponen más del 60% de sus ingresos", critica González.