Un intento de suicidio de un ciudadano belga dio la voz de alarma en 2014. Los policías de la comisaría de Benidorm (Alicante) ni se habían percatado de cómo Jimmy había metido la manta por un hierro de la puerta de su celda y había intentado acabar con su vida. Fue un “fuerte grito que proviene de los calabozos”, según el atestado, lo que hizo reaccionar a los agentes.

A finales de 2015, el Ministerio del Interior envió a un auditor de la Policía para que inspeccionase la comisaría con más índice de criminalidad de España, un 105,56 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, y que dirige el comisario Juan Carlos Hernández Muñoz. Según las conclusiones de este informe sobre los calabozos, las tres mayores deficiencias eran que no había suficientes cámaras de vigilancia para las celdas, había zonas que las cámaras no podían enfocar y no había ningún sistema de interfono ni altavoz para que los presos y los policías pudiesen comunicarse. De ahí que nadie viese ni oyese lo que el ciudadano belga estaba intentando hacer ni tampoco si había pedido algún tipo de ayuda.

Un año después, y pese a haberse puesto en evidencia todas las infracciones de los calabozos mediante un informe confidencial encargado por el Ministerio del Interior, otro turista inglés murió en las mismas celdas. Le habían detenido por alterar el orden público en el hotel en el que se alojaba con su mujer y sus tres hijos. Aunque la Policía española alega que fue un suicidio por ahorcamiento, las autoridades británicas no están conformes con la explicación e investigan la muerte de Anthony, de 36 años.

Sin visión ni audición

Público ha tenido acceso a las imágenes elaboradas por el auditor policial y a sus conclusiones sobre la comisaría de Benidorm que aún no se han solventado, según denuncian diferentes sindicatos y organizaciones ciudadanas de la zona. El informe explica que la estancia donde se encuentran las celdas “presenta unas columnas que impiden la visión de una zona de la dependencia dado que solamente hay una cámara de vídeo vigilancia en esta parte de los calabozos”.

También constató durante su visita “que la cámara aludida presenta zonas de ese pasillo en el que no hay visión; asimismo se comprobó que el sistema de audio no funciona, por lo que al no haber una vigilancia presencial se está a expensas de que el personal de seguridad escuche las voces de los detenidos para poder ser atendidos, circunstancia esta que se ve dificultada al estar ubicados los calabozos en el sótano 1º y el citado personal en la planta superior”. Según explican a Público fuentes policiales, “la misma persona que se encarga de vigilar la puerta de entrada de la calle de la comisaría es la encargada de vigilar los calabozos. Claro, esto es materialmente imposible”.

En 2013, un año antes del intento de suicidio del ciudadano belga, hubo obras en la comisaría de Benidorm. Hubiera sido un buen momento para arreglar esas carencias que ya estaban estipuladas en diferentes protocolos policiales. Sin embargo, la obra puso las cosas peor. Según relata el auditor policial, “antes de las realización de las obras los propios detenidos sacaban la mano por los barrotes y por las cámaras se les podía ver (las manos) y se les atendía, circunstancia esta que ahora no puede darse ya que con el sistema de puertas y barrotes instalado no hay espacio suficiente para sacar totalmente la mano”.

Además verificó la existencia de una precelda de acceso a los calabozos donde se deposita a los detenidos. "Las instalaciones son completamente rudimentarias: una puerta de cerradura simple, con barrotes circulares verticales y barrotes lisos horizontales, así como una ventana en el fondo con listones horizontales”. El auditor aconseja en su informe que se clausure la precelda “por no cumplir los requisitos mínimos exigidos para las celdas y tener una ubicación inadecuada, ya que la misma se encuentra fuera de la zona de los calabozos”.

Hueco entre el dintel y la puerta por donde un detenido introdujo la tira de la manta con la que intentó suicidarse. / PÚBLICO

Drogas en armarios y azotea

Los agentes de la comisaría han denunciado en diversas ocasiones las malas condiciones de trabajo con las que lidian a diario. Por ejemplo, la zona de vestuario es cualquier lugar del pasillo donde se pueda poner una casilla. “No hay espacio para nada”, aseguran diferentes agentes.

Esta falta de espacio se recoge también en el informe de Interior y afecta seriamente a cómo se custodian las drogas incautadas en las diferentes operaciones. La misma dependencia donde están los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana “sirve para el almacenamiento de las sustancias estupefacientes intervenidas en aplicación de la normativa de seguridad ciudadana, en el interior de unas cajas y sin más medidas de seguridad que la cerradura del armario que las contiene, hasta su remisión a Sanidad”. Según indica el auditor, las drogas “generan molestias por el intenso olor que desprenden”.

Sin embargo, “cuando se incautan plantas de marihuana, al no existir un lugar apropiado para su depósito hasta su secado y posterior remisión a Sanidad, periodo que no suele exceder de varios días, se optó por retirarlas a la azotea”. La llave que custodia la azotea es custodiada por el Jefe de Estupefacientes, pero como se indica en el informe “esta solución coyuntural no evita que puedan deteriorarse o desaparecer, al estar expuestas al aire libre”.