La Audiencia Nacional amplió el miércoles una comisión rogatoria a Suiza para que envíe con urgencia a España documentación relativa a dos cuentas bancarias relacionadas con el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, encarcelado por presunta corrupción y que contaba con cuentas millonarias en el país helvético.

El magistrado Pablo Ruz adopta esta decisión, según las diligencias, tras haber recibido documentación de Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de fondos supuestamente ilícitos de Bárcenas, que llevó las cuentas de la formación en el poder durante más de 20 años. '(La documentación) determina el conocimiento (..) de nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos, en particular en lo que se refiere al imputado Luis Bárcenas, así como a quienes habrían colaborado con el mismo en la ocultación de parte de su patrimonio de ilícita procedencia', argumenta el juez en las diligencias.

Ruz, que instruye el caso Bárcenas y una investigación sobre una supuesta contabilidad secreta del partido conservador, apunta a que Bárcenas podría haber incurrido en delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública con envíos de dinero de Suiza a Montevideo.

En las nuevas diligencias, el juez solicita a Suiza datos de titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relación con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific Inc, de Panamá.

Bárcenas, que ha reconocido que tenía más de 48 millones de euros en Suiza que él atribuye a su acierto inversor y empresarial, fue imputado en la investigación de la trama de corrupción Gürtel, que agasajaba presuntamente a políticos a cambio de adjudicaciones industriales, en 2009, fecha en que dejó de ser tesorero y senador por el Partido Popular.

El caso Bárcenas derivó en una investigación judicial paralela sobre una supuesta contabilidad secreta que reflejaba abonos en efectivo de empresarios y pagos a altos cargos del PP, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que el jefe del Ejecutivo negó en sede parlamentaria.