Sánchez llega al Consejo Europeo presionado y sin medidas tomadas para afrontar la nueva crisis

Tres días. Ese es el tiempo en el que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos debe cerrar un acuerdo para llevar al próximo Consejo de Ministros el plan de recuperación económica de la crisis provocada por la guerra. Que el pistoletazo de salida a la recta final de este plan lo iba a dar el Consejo Europeo que se celebra este jueves y este viernes era algo que ya había sido anunciado por el Ejecutivo.

El presidente Pedro Sánchez no quiere dar ningún paso concreto y firme hasta que la Unión Europea no decida si finalmente desacopla el precio del gas del mercado de la energía, la primera piedra para poder bajar los precios y paliar con ello una escalada inflacionista que a día de hoy no parece tener límites. La Comisión Europea ha delegado esta decisión en los líderes europeos. 

Después de la cumbre europea, que finalizará el viernes, el Gobierno tiene el fin de semana y el lunes para terminar de rematar la batería de medidas con la que pretende paliar las consecuencias socioeconómicas provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania, unas medidas que tiene previsto aprobar el martes 29.

Desde hace varios días, sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos negocian en el seno del Ejecutivo este plan, y el presidente pidió a los distintos ministerios que ofrecieran propuestas dentro de sus competencias y materias.

Este miércoles concluyó también la ronda de contactos del Gobierno con los diferentes grupos políticos para compartir las medidas a llevar a cabo. El Ejecutivo ha evitado dar detalles de sus propuestas hasta que no termine el Consejo Europeo. Un hecho que ha despertado críticas prácticamente unánimes desde todos los grupos por la falta de concreción.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se felicitó de que la gira europea de Sánchez hubiera dado resultados al asumir la UE algunas de las peticiones. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó en el Congreso que España no es responsable del aumento de precios de las materias primas de las que no es productora. Y que esta solución debe tomarse a nivel europeo. 

Alemania, país clave

Sin embargo, en Moncloa son conscientes de la dificultad que entraña especialmente convencer a un país como Alemania. Sánchez se reunió la semana pasada con el canciller alemán, Olaf Scholz pero las posiciones de aquel país siguen siendo reticentes por su fuerte dependencia del gas ruso. El presidente sí sumó como aliados a Italia, Portugal o Grecia. 

"Va a ser duro", reconocen fuentes socialistas a Público sobre el Consejo Europeo. "Haremos todos los esfuerzos posibles", inciden en Moncloa ante las resistencias alemanas y también de Países Bajos. Pero desde el Ejecutivo, según transmiten desde Moncloa, se cuenta ya con un plan B.

Se trata de poner un tope al precio del gas al menos en España y Portugal. Una solución que se aplicaría de manera extraordinaria y limitada en el tiempo para no contravenir el marco normativo europeo. La justificación de Moncloa es que durante mucho tiempo ambos países han estado penalizados por ser una "isla energética". 

"Lo que tenemos en mente es que seamos capaces de reducir el precio de los combustibles, de gas y la electricidad. Cuáles serán las medidas las estamos analizando", destacó Bolaños este miércoles. Desde el PP le están reclamando una bajada generalizada de impuestos, algo que cuenta con reticencias de parte del Gobierno socialista y de los socios de UP. 

Las medidas de Unidas Podemos

Desde Unidas Podemos ya han presentado una batería de medidas en las que se incluye un escudo social, como el que se desplegó durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus, con el objetivo no solo de atajar la subida de los precios, sino también de proteger a las familias y al tejido empresarial en un momento complicado para la economía.

Las propuestas se han trasladado en distintos niveles: por un lado, la pasada semana se entregó a la parte socialista del Gobierno el plan de Unidas Podemos; por otro, los departamentos del espacio confederal han planteado sus medidas a nivel ministerial (Ione Belarra, líder de Podemos, remitió al resto de ministerios las iniciativas de Derechos Sociales y Agenda 2030 el pasado lunes).

Las negociaciones, sin embargo, las lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que forma parte de la delegación del Ejecutivo que ha mantenido durante estas semanas reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso para abordar la recuperación.

Desde la formación morada se denuncia que hay cierta "pasividad" en los ministerios socialistas a la hora de afrontar este plan, aunque se confía en que las medidas lleguen a tiempo al Consejo de Ministros del próximo martes y en que se incluyan buena parte de sus propuestas.

Las iniciativas que han planteado afectan a diversas materias que van desde la regulación del mercado de la energía y la fiscalidad, hasta la vivienda. En materia energética, desde Unidas Podemos se defiende una mayor contribución de las grandes empresas eléctricas para bajar la factura de la luz de los consumidores, que puede llegar, plantean, a través de la detracción de los beneficios extraordinarios de estas corporaciones.

También se ha puesto sobre la mesa un cheque energético de 300 euros que ayude a las familias a pagar sus recibos. En materia de vivienda, las medidas más destacadas son la congelación de los precios del alquiler (para que la inflación no afecte a las rentas) y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional (una iniciativa que ya se desplegó durante la pandemia).