Los seis vocales conservadores de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal se han enfrentado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por negarse a elaborar un informe sobre la amnistía y han redactado un borrador de la ley que la tacha de "manifiestamente inconstitucional".

Su escrito se ha hecho público después de que García Ortiz haya rechazado nuevamente elaborar un informe sobre la amnistía, como le reclama el Senado, al considerar que es inviable que el Consejo Fiscal redacte dicho informe ya que "carece de competencia".

No lo entienden así los seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales que informa de que hasta en tres ocasiones se han dirigido al fiscal general para plantear el debate y aprobación del informe tal y como ha pedido el Senado, donde el PP tiene mayoría.

Sin embargo, sus peticiones han sido "deliberadamente ignoradas" por García Ortiz, que solo les responde con "copias de las cartas remitidas al Senado declinando las peticiones de la cámara", lo que les resulta "inconcebible" y una muestra de "descortesía", aunque les parece peor la "ocultación" de las peticiones del Senado, de las que aseguran haberse enterado por la prensa.

Ante esta situación y a fin de cumplir los plazos normativos, los vocales han realizado un borrador de informe para que pueda ser incluido en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal del próximo 25 de abril para su debate y aprobación.

La propuesta, de 160 páginas, dice que "la Constitución no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía, ni como manifestación del derecho de gracia, ni tampoco como potestad especialmente atribuida a las Cortes Generales".

"Por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional", añade el texto.

Pero es que, además, "el diagnóstico de inconstitucionalidad se ve aún más acentuado si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de Justicia, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura".

Asimismo, destaca que "la Constitución no ampara la aprobación de una amnistía", al recordar que, en dos ocasiones, "el constituyente de 1978 rechazó las enmiendas que proponía su inclusión expresa y, además, dejó constancia de no querer constitucionalizarla".

Por tanto, "cualquier iniciativa del Poder Legislativo que vaya encaminada a su previsión y regulación contraviene frontalmente la Constitución, porque carece de soporte normativo expreso para poder aprobarla".

Esto es así, continua, porque "la amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de derecho" ya que es "una injerencia del Poder Legislativo" en el Poder Judicial.