Isabel Serra se enfrenta a una petición fiscal de 23 meses de cárcel por los supuestos delitos cometidos cuando participó en una protesta contra un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés. Este miércoles, la portavoz de Unidas Podemos Madrid En Pie en la Asamblea de Madrid denunció haber conocido estos hechos a través de la prensa, y criticó la dureza de la pena reclamada por el Ministerio Público, que interpreta como un nuevo esfuerzo por "criminalizar" la protesta social.

En conversación con Público, la defensa de Serra reconoce que la Fiscalía, "en un ejercicio de proporcionalidad que, por otra parte, debería ser lo propio", sí ha decidido aplicar el atenuante por dilaciones indebidas, lo que supone "haber reducido en un grado las penas". Estrictamente, en base al Código Penal vigente en enero de 2014, cuando tuvieron lugar los hechos, un delito de atentado podría conllevar una pena máxima de hasta 6 años, y otro de lesiones permitiría al Ministerio Fiscal reclamar hasta tres años más de cárcel.

"Nadie le ha acusado de haber cometido esos delitos en concreto"; "No hay individualización de los hechos", apunta su defensa

La cuestión es, recuerda el letrado, que la parlamentaria ha negado haber cometido cualquiera de los supuestos delitos que le atribuye la Fiscalía -desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños-, pero es que además en el escrito de acusación no hay "individualización" de estos hechos. Esto es, el relato no profundiza, no aclara cómo -ni contra quién concretamente- cometió  estos supuestos delitos, y ni siquiera los acota. "Nadie le ha acusado de haber cometido esos delitos en concreto", incide su defensa.

En concreto, el escrito de acusación sólo nombra a la diputada de Podemos en dos ocasiones en sus cuatro primeras páginas, cuando se recoge su descripción de los hechos. En sólo una ocasión se habla de su actuación individual: "La acusada", "dirigiéndose a la Agente de la Policía Municipal", "le gritó": "'Eres una cocainómana', mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros'".

Anteriormente se le atribuyen "funciones de liderazgo de los grupos de protestas", que se sentaron para impedir la salida de los coches policiales, e increparon a los agentes "con actitud violenta", sin concretar.

Además, sin mencionar a Serra se describe cómo este grupo lanzó "botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas" o papeleras a los agentes, "produciéndose fuertes enfrentamientos con la fuerza policial". "La acusada, actuando en grupo, y de forma coordinada con las otras personas encausadas por el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, empujaron violentamente a la fuerza actuante para impedirles que abandonaran el lugar, al tiempo que les lanzaban objetos contundentes", reza.

El escrito especifica las lesiones sufridas por dos agentes de Policía Municipal durante los enfrentamientos -una de ellas sufrió "una contractura cervical con mareas y vértigos", por lo que estuvo 29 días sin poder trabajar; el otro "una contusión en un dedo de la mano" por el impacto de un "objeto contundente", que no le impidió seguir trabajando-, así como los daños producidos en dos coches policiales, por valor de 7.230 euros. Salvo el caso ya citado, en el escrito no se hace ninguna mención a la actuación particular de Serra contra los agentes, ni contra los vehículos.

Así las cosas, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abra juicio -es el tribunal competente, al ser aforada-, Serra ha incidido en que su única actuación consistió en manifestarse "pacíficamente" para evitar el desahucio de una persona con discapacidad, y en que la petición de Fiscalía persigue disuadir a quienes se manifiestan contra la especulación inmobiliaria y en defensa del derecho a la vivienda.

La Fiscalía pidió 3 años y medio de cárcel para Verstrynge por incidentes en una protesta

El hecho de que la pena reclamada para Serra no sobrepase los dos años supone que, en principio, la diputada no ingresaría en prisión de resultar condenada por estos hechos. En otros casos similares, las penas reclamadas sí habrían supuesto la entrada en prisión de los acusados, de haberse visto plasmadas en una condena.

En 2017, el exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, hoy en la órbita de Podemos, fue absuelto de los supuestos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. La Fiscalía reclamó para él tres años y medio de cárcel por la supuesta agresión a un Policía Nacional, tras participar en una protesta en la Puerta del Sol, tras la proclamación del rey Felipe VI, en 2014.

Hasta 6 años de cárcel por el "Rodea el Congreso", rebajados a 3

La Fiscalía llegó a reclamar seis años para 9 de los 12 procesados por los altercados tras la protesta Rodea el Congreso de 14 de diciembre de 2013, por los supuestos delitos de atentado, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones-. En su informe final, el Ministerio Público retiró la acusación contra cuatro de los procesados, al no considerar acreditados los delitos. El juicio quedó visto para sentencia el 2 de diciembre, y cinco de los acusados se enfrentan a una petición de tres años y un mes, por desórdenes y atentado con lesiones.

Un año y 7 meses por intentar impedir un desahucio

En septiembre,el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid condenó a cinco personas por intentar impedir un desahucio que tuvo lugar en 2014, en el madrileño barrio de Usera. El Salto informa de que se les impuso el pa#go de una multa de 180 euros, 240 euros de indemnización a los policías denunciantes y a correr por las costas, en este caso por resistencia a la autoridad.

Entre ellos estaba Jorge Aranda, activista respaldado por Amnistía Internacional. Trataron de impedir el desahucio de una pareja y sus tres hijos menores, uno de ellos un bebé de 21 meses. Cinco años después de los hechos, la Fiscalía llegó al juicio con una petición de un año y seis meses de cárcel, acusándolos de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad.

Safira, mujer con discapacidad, imputada por resistirse a su propio desahucio

El caso de Safira Sánchez, con un 66% de discapacidad, es especialmente paradigmático. En octubre, Sánchez, su madre, y una veintena de personas fueron imputadas por desobediencia y resistencia a la autoridad durante su propio desahucio, que tuvo lugar un año antes en Guadalajara. El desahucio se produjo a pesar de un dictamen de Naciones Unidas que reclamaba una alternativa habitacional para Sánchez, y Amnistía Internacional criticó las "imprecisiones" del atestado policial. La Fiscalía llegó a pedir hasta cuatro años de cárcel para cada imputado.

Finalmente, en noviembre el Juzgado de Instrucción Número 3 de Guadalajara sobreseyó la causa contra Sánchez y los otros 21 investigados. En el auto de sobreseimiento, recogido por Europa Press, se reconocía la no constancia de "indicios de alteración del orden público y no constan tampoco indicios de la comisión de actos de violencia ni sobre las personas ni sobre las cosas". "Tampoco los hay de posibles amenazas", apuntaba la resolución judicial.