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Serrano, excandidato de Vox en Andalucía, deja la política en plena investigación judicial por dos delitos

"Renuncio y dejo acta, escaño y aforamiento", anuncia a la vez que arremete contra sus compañeros de partido

Imagen de archivo de Francisco Serrano. EUROPA PRESS/María José López
Imagen de archivo de Francisco Serrano. EUROPA PRESS/María José López

raúl bocanegra

"Renuncio y dejo acta, escaño y aforamiento. No merece la pena aguantar la persecución y presión, y más sin ser un político profesional. Pero nunca renunciaré a mi Libertad, mi devoción por la verdadera Justicia e Igualdad y al amor por España". Con este mensaje en la red social Twitter, Francisco Serrano, el que fuera número uno de Vox en las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía, anunció este martes que deja la política, después de que la Justicia lo investigue por dos delitos: estafa y fraude de subvenciones públicas. El día 8 de septiembre está citado a declarar.

En un primer momento, cuando se produjo la querella de la Fiscalía, Serrano decidió abandonar Vox, pero al mismo tiempo se aferró al escaño. Ahora, después del verano y, una vez que el TSJA nombró instructor –tras detectar indicios de delitos en la querella de la Fiscalía– al magistrado Miguel Pasquau, Serrano ha cambiado de opinión. En una carta que acompaña al tuit asegura que la decisión de dejar Vox, pero no el escaño, había sido "consensuada" con sus antiguos compañeros, contra quienes arremete en su despedida.

En la misiva, Serrano, exjuez de familia, afirma estar "cansado de tanta persecución mediática y política, incluida la del que había sido mi partido, pese a la primera versión oficial de respeto y comprensión a una decisión consensuada y que tenía por fin no perjudicar la imagen de Vox". El exdiputado, luego, sin dar nombres, reduce las críticas a "ciertos sectores" de Vox que buscan "recuperar un acta y escaño".

Serrano reivindica su papel en Vox, partido del que fue cabeza de cartel en dos autonómicas consecutivas: "[El escaño lo] conseguí con esfuerzo y entrega a la esperanza, principios y valores que representaba Vox, contribuyendo al resultado inesperado de las elecciones de 2018". La irrupción del partido de ultraderecha en esos comicios fue decisiva, ciertamente, para que por primera vez el PP –junto a Vox y Ciudadanos– pudiera romper la hegemonía de la izquierda en Andalucía, que había tenido la mayoría desde las primeras elecciones autonómicas, en 1982. Hoy, el Gobierno andaluz lo conforman PP y Ciudadanos, que han recibido los apoyos externos de Vox.

El exdiputado de ultraderecha, en la carta, afirma también que el fin de su "renuncia" al acta de diputado y "al sueldo, emolumentos y demás prerrogativas" tiene "el fin de poder" defenderse "como cualquier ciudadano ante un juzgado ordinario". A Pasquau –el magistrado al que le ha tocado investigar este caso de presunta estafa y fraude– ya le tocó instruir otra causa contra Serrano en 2011 por –cuando el exdiputado ejercía como juez– modificar el turno de custodia de un niño de 11 años de edad, ampliando su estancia con el padre divorciado para que pudiera asistir a una procesión, hechos por los que fue finalmente condenado e inhabilitado.

Serrano añade en su carta abierta que, "en principio, y porque muchos me insistieron, estaba dispuesto a aguantar la presión con tal de serle útil y sin perjudicar al que fue mi partido". Pero, agrega, "he visto que no merece la pena el esfuerzo, al ser relegado y ver vetada y restringida la posibilidad de presentar iniciativas en defensa de mis valores". "Por todo ello, desencantado, tengo que tomar la decisión de abandonar la política. Digo adiós a un periodo de mi vida que empecé con ilusión y terminó con frustración y desengaño", remacha Serrano. El exdiputado asegura que va a regresar a su despacho de abogados.

Macario Valpuesta será el nuevo diputado autonómico de Vox. Es miembro de la gestora del partido en Sevilla. Es marido de Reyes Romero, diputada de Vox en el Congreso. Licenciado y doctor en Filología Clásica y en Derecho, ha sido profesor de Latín, Griego y Lengua Española en instituto y también ha dado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, recoge Europa Press.

2,4 millones de euros

El TSJA investiga una querella de la Fiscalía que considera como hechos que una sociedad limitada, de la que era socio Serrano, recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por importe de 2,4 millones de euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar. Sin embargo, "la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad", afirma la Fiscalía.

Añade la Fiscalía que "en el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets –combustible de biomasa– en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda". Además, una parte de la subvención, 438.000 euros, según el Ministerio Público, se desvió para "préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido".

El alto tribunal andaluz consideró en su auto que se "hace imprescindible comprobar si [Serrano y su socio] se concertaron para constituir una SL con aportaciones dinerarias ficticias o inexistentes que le permitiese concurrir" a la subvención que otorgaba el Estado en el marco de la "política pública de industrialización".

Añaden los magistrados que deben dilucidar si, con ello, los socios generaron "una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada".

Por último, el auto recoge que "es preciso investigar si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público y la participación concreta de cada uno de los querellados y de terceras personas en las decisiones adoptadas sobre el empleo" de los 2,4 millones de euros.

La maquinaria judicial se puso en marcha después de que la organización de consumidores Facua presentase una denuncia y tras una investigación del periodista Ángel Munárriz publicada en Infolibre.es.

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