Los soberanistas han expresado este martes su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso Atutxa, y considera que "hay un paralelismo claro" con la querella contra miembros de la Mesa del Parlament por tramitar iniciativas soberanistas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha condenado al Estado español por la inhabilitación del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, al sentenciar que se vulneró su derecho a un juicio justo cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por no ilegalizar en 2003 al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

El presidente de la Generalitat, ha considerado una "vergüenza internacional" para el Estado la sentencia del Tribunal Superior de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa.

"Nueva vergüenza internacional. Se pasaron el Estado de Derecho por el forro. Aviso para los de la querella fácil y la politización de la justicia", ha expuesto en un apunte en Twitter. 

Puigdemont vincula implícitamente la sentencia favorable con el proceso soberanista catalán, ya que critica que el Gobierno central está respondiendo a las demandas de la Generalitat solo mediante querellas en los tribunales y le advierte que, como en el caso Atutxa, esta estrategia se le puede girar en contra.

Desde JxSí  han expresado su satisfacción por la sentencia del tribunal de Estrasburgo.

El portavoz adjunto del partido, Roger Torrent ha comentado que esta sentencia les da "esperanza en los tribunales europeos", porque "contrastan con una justicia española absolutamente politizada".

"Hoy podemos ver con claridad -ha insistido Roger Torrent- la diferencia que hay entre una justicia politizada y arbitraria, y un sistema judicial neutral, democrático y no sometido a interferencias políticas".

Según el portavoz adjunto de JxSí, "hay un Convenio Europeo de Derechos Humanos que hay que aplicar, y si no lo hacen los tribunales españoles, lo harán los europeos, los cuales tienen jurisdicción también aquí", ha recordado. 

Por su parte, el exconseller y exlíder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, inhabilitado por el Tribunal Supremo por haber contribuido en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014,  ha explicado que hablado este mismo martes con el expresidente de la Cámara vasca: "Mañana de emociones telefónicas con JM Atutxa ante la condena a España por haberlo inhabilitado".

En la misma línea que el presidente catalán, Homs vincula la decisión del TEDH con su caso particular, también inhabilitado como lo fue en su día Atutxa y avisa al Estado: "¡Los de la ley callad de una vez!".

De igual forma, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha celebrado este martes que se haya impuesto "la democracia y la justicia de Europa" en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa.

En un apunte en su cuenta de Twitter  ha aplaudido que, "ante la arbitrariedad y la politización de la justicia" española, el TEDH haya dado la razón a Atutxa y haya condenado el Estado por impulsar un juicio, a su juicio, con falta de garantías por vulnerar el derecho fundamental de su defensa.

Además, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que da la razón al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa es "la prueba contundente de que los tribunales no sirven para solucionar los problemas políticos".

"Es el ejemplo más claro de que los problemas políticos se deben resolver políticamente y no judicialmente", ha declarado después de que el TEDH haya reconocido que a Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knörr se les vulneró el derecho a un juicio equitativo al condenarles el TS en abril de 2008 por negarse a disolver el grupo SA tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

La sentencia, hecha pública este martes, afirma que la justicia española vulneró el derecho a un juicio con todas las garantías reconocido por el artículo 6.1 de la Convención de los Derechos Humanos, y dice que cada uno de ellos deben ser indemnizado con un euro por daño moral --la cantidad que reclamaron en su demanda--, a los que se deben sumar 600 euros destinados al pago de las costas del proceso.