¿Cuáles son las leyes que el adelanto electoral ha dejado en el tintero en Catalunya?

El adelanto electoral decretado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ante la imposibilidad de tramitar los Presupuestos, comporta un parón durante varios meses del Parlament y, por tanto, de la actividad legislativa de la cámara catalana. Pero, además, también implica que decaiga un puñado de iniciativas en trámite. En concreto, son 17 proyectos de ley del Govern, y 49 proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios.

Su hipotética aprobación dependerá de que vuelvan a tramitarse en la próxima legislatura y, en el caso de los proyectos de ley, que reciban el visto bueno del nuevo Ejecutivo catalán, una cuestión que obviamente no puede garantizarse. En algunos casos hablamos de iniciativas emblemáticas, como la ley trans catalana, la ley catalana de memoria democrática, el impuesto sobre las emisiones de los cruceros turísticos o el Estatuto de los municipios rurales. Repasamos los principales proyectos que han quedado frenados.

La ley de memoria democrática

Hace ya un año que el Govern había aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática de Catalunya, que desde entonces se encontraba en una tramitación parlamentaria que no se ha completado antes del final anticipado de la legislatura. 

La normativa planteada por el Ejecutivo debía comportar la obligación de retirar los símbolos franquistas del espacio público en un plazo máximo de dos años, además de fijar sanciones contra actos de enaltecimiento del franquismo e introducir la memoria democrática en el currículum educativo desde la primaria, entre otras medidas.

La ley trans catalana

Aún no había pasado por el Consell Executiu la ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y la expresión de género, también conocida como ley trans catalana, si bien el Departamento de Igualdad y Feminismos ya tenía avanzado su anteproyecto. Entre otras cuestiones, la voluntad era que la normativa reconociera el derecho a la identidad y expresión de género de este colectivo y estableciese sus derechos.

Uno de ellos sería el de cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía en caso de haber sufrido violencia o discriminación por ello, acotado para personas de entre 18 y 23 años. El anteproyecto pretendía también prohibir las terapias de conversión.

El impuesto a los cruceros turísticos

También queda sin la validación del Parlament la ley del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos, aprobado en noviembre por el Govern de la Generalitat. El tributo pretendía grabar sobre todo a los cruceros turísticos que no están ni 24 horas en el Port de Barcelona y que contribuyen a saturar y masificar de turistas el centro de la ciudad. La previsión del Govern es que el impuesto supusiera una recaudación anual de 7,5 millones.

El Estatuto de los municipios rurales

A finales de este mes de marzo, el Govern preveía aprobar el anteproyecto de ley del Estatuto de los municipios rurales, que a continuación iniciaría la tramitación parlamentaria. Pero finalmente no se habrá dado ni este primer paso. Este estatuto debía establecer una serie de medidas para contribuir a frenar el despoblamiento y facilitar cierto reequilibrio territorial, demandas de comarcas que concentran problemáticas muy específicas pero disponen de pocos recursos económicos para afrontarlas. También quedará abandonada, al menos temporalmente, la ley de gobiernos locales de Catalunya.

Ley de la economía social y solidaria

Pese a arrastrarse desde principios de la legislatura, tampoco se habrá logrado aprobar la ley de la economía social y solidaria de Catalunya, una demanda ya histórica del sector. La ley de derechos culturales, la de la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, la de servicios a las personas, la ley del audiovisual o la ley contra el racismo en todas sus formas y expresiones son otras de las normativas impulsadas por el Govern que no se habrán terminado.

Las proposiciones de ley

En cuanto a las proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios, hay algunas muy recientes y otras que se arrastran desde hace años y no se han llegado a materializar a pesar de contar con un amplio apoyo. La ley del Tercer Sector, por ejemplo, inició su tramitación en mayo del 2022 y aunque tenía el apoyo de PSC, ERC y Junts, no se ha llegado a aprobar. Fuertemente reivindicada por el sector, la voluntad es que esta ley blindara la labor de las entidades de Tercer Sector, que garantizara su participación en el diseño y creación de las políticas públicas de servicios sociales y se las dotara de una financiación "justa y adecuada".

Aunque también se empezó a tramitar en julio, todavía es más histórica la demanda de creación del Centre Català d' Empresa i Drets Humans, destinado a fiscalizar la actuación de las empresas catalanas en el exterior y su impacto ambiental y social. Pero de momento seguirá sin ser una realidad.

En cambio, no hacía ni medio año que En Comú Podem había registrado una proposición de ley de finanzas locales, una iniciativa que buscaba abordar la infrafinanciación crónica que sufren los ayuntamientos. Una problemática que, en los últimos meses, se ha evidenciado con el grito de alarma lanzado por diversas entidades y la subida generalizada de impuestos y tasas locales.

Aún era más reciente la iniciativa registrada por la CUP para permitir el aborto durante todo el embarazo, que apenas se presentó el día 7 de este marzo. Entre otras cuestiones, la proposición de ley también planteaba eliminar la posibilidad de que los profesionales sanitarios se acojan a la objeción de conciencia a la hora de practicar la interrupción de la gestación.

Por último, tampoco se llegará a votar la proposición de ley que pretendía prohibir tres modalidades de festejos taurinos en los llamados correbous : los embolats (con bolas de fuego en los cuernos), los capllaçats (con sogas atadas a la testa) y los marítimos. Presentada conjuntamente por la CUP y En Comú Podem, con el apoyo de varias entidades animalistas, apenas en febrero arrancó la ponencia parlamentaria que debía debatirla. La iniciativa generaba una fuerte división en formaciones como ERC, Junts y PSC, con partidarios y detractores de los llamados correbous.