Sumar llevará al Congreso el debate sobre la prórroga de los contratos de alquiler

Sumar llevará a la Comisión de Vivienda del Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para exigir la aprobación por la vía de urgencia de la prórroga automática de los más de 630.000 contratos que caducan este 2026. Lo hacen, tal y como ha explicado a Público Alberto Ibáñez, portavoz de vivienda del grupo y diputado de Compromís, para redoblar la presión sobre la ministra socialista Isabel Rodríguez ante una situación de "absoluta emergencia residencial". 

Esta prórroga, explican en el documento registrado en la Mesa del Congreso, es fundamental "para evitar mayor dolor, desigualdad y la vulneración del derecho constitucional a la vivienda" de un millón y medio de familias españolas con contratos heredados de la pandemia. Familias que podrían tener que asumir, de un día para otro, subidas de más del 40% de sus alquileres. No es, además, una figura nueva. "Se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en los últimos cinco años sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra", aseguran los partidos del socio minoritario del Gobierno, desmintiendo las acusaciones de "inconstitucionalidad" del Partido Socialista.

De no aprobar la medida, denuncian desde Sumar, el PSOE sí que estaría faltando a sus deberes constitucionales. Vulnerando el artículo 33.2 de la Constitución, que subordina la propiedad privada a su función social y el propio artículo 47, "que obliga a los poderes públicos a promover el acceso a la vivienda y luchar contra la especulación". También el 128, que resalta la subordinación de toda la riqueza del país al interés general, y el 131, que supedita la planificación económica general al reparto equitativo de la riqueza. 

Como ya hiciera a principios de semana el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, Sumar le recuerda por medio de esta iniciativa a su socio de Gobierno que la legislación civil, incluida la Ley de Arrendamientos Urbanos, es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. "Por todo esto, se trata de una propuesta completamente ajustada a Derecho, respetuosa con el marco competencial, proporcional y de urgente necesidad", valoran en el documento presentado en la cámara. Y el primer paso, aseguran, para frenar la crisis de la vivienda que asola España, mientras se negocian otras medidas de mayor calado, como contratos de alquiler indefinidos, la ampliación del parque público de vivienda o la delimitación de la compra especulativa.

La PNL, que firman los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, recoge, a modo de contexto, los últimos datos aportados por Consumo sobre la "enorme brecha" económica existente en España entre caseros e inquilinos. Y es que, de media, los propietarios se embolsan un 82% más de renta que sus arrendatarios. El de País Valencià, ha insistido a Público Ibáñez, es el caso más sangrante, con una tasa de desigualdad del 124%. De hecho, dentro de los contratos que caducan este año, 63.000 se han firmado en esta comunidad, afectando a más de 155.000 personas.

"La situación es muy grave", apremian desde Sumar. "El alquiler promedio se ha incrementado en los últimos cinco años un 20%. En los últimos 10, un 94%", traducen su preocupación en cifras. ¿La consecuencia? El bolsillo de los españoles no da más de sí. "La OCDE calcula que, en España, los salarios reales se encuentran un 4,2% por debajo de los niveles de principios de 2021", continúan exponiendo. En esta tesitura, concluyen, la revisión de estos contratos al alza supondría "el hundimiento de la capacidad de gasto y ahorro de las familias afectadas".

"Frenemos la gran revisión de forma urgente y, en paralelo, tomemos medidas valientes que intervengan el mercado, amplíen el parque público y refuercen los derechos de las familias inquilinas", ha exhortado, en nombre del grupo, el diputado valencianista.