Frente a quien "siembra dudas sobre la calidad" de la Justicia española en el marco del juicio al procés catalán, la respuesta será mostrar la "máxima transparencia". Es la receta del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a las puertas del arranque del "inminente" juicio oral, previsto ya para el entorno del 12 de febrero, si bien aún no hay fecha fijada. "A partir del 5 de febrero", afirmaba este jueves Lesmes, sin dar más detalle. 

En conversación informal con periodistas, el presidente del Alto Tribunal ha reconocido el "reto" que supone este macrojuicio: se espera que haya sesiones de mañana y tarde de martes a jueves, a lo largo de hasta tres meses, y para su seguimiento hay acreditados más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación, de los que medio centenar son internacionales. Será retransmitido en directo en televisión, así como por streaming a través de la web del CGPJ. 

En este contexto, cuando considera que se intenta "poner en duda" la "calidad del Estado de derecho y de la democracia", además de la "Justicia española", Lesmes vende un esfuerzo especial del Tribunal por contrarrestarlo: "La mejor campaña de comunicación para el Supremo es la transparencia y las garantías de las partes" apuntaba.

Siguiendo la misma línea, la segunda prioridad que ha querido remarcar en su intervención, es "que se respete al máximo la dignidad de los procesados", tanto en lo que respecta a los traslados desde prisión de los 9 que están privados de libertad de forma provisional, como a la estancia de todos ellos en las dependencias del tribunal.  

Los presos, como los 7 magistrados encargados de la causa, comerán en la sede del Supremo siempre que se celebren sesiones. Estas arrancarán en torno a las 10.00 de la mañana, y se espera que concluyan antes de las 19.00 horas. Se habilitarán tres salas especiales para la cobertura mediática, ya que la sala de vistas apenas cuenta con 100 plazas. 

Acompañado por el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, Lesmes ha recordado que en su etapa al frente del CGPJ -desde diciembre de 2013- se han celebrado los juicios de casos como Gürtel o Nóos, bajo "enorme expectación mediática". 

Reconocía que el caso del procés representa un "reto organizativo considerable" -que ralentizará considerablemente el trabajo de la sala de lo penal en relación a otras causas-, si bien insistía en sus argumentos principales: es "una oportunidad excelente para poner de manifiesto la calidad de la Justicia española", y España es considerada "una democracia plena", "por encima de Francia o EEUU". 

Dudas: lazos amarillos y coincidencia con elecciones

En otro orden de cosas, Lesmes ha señalado al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena como responsable de decidir sobre varias cuestiones. Una de ellas es qué ocurrirá si el juicio aún no ha concluido cuando lleguen las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo, y por tanto si sería viable suspender las sesiones para no interferir en los comicios.

A este respecto, el presidente del Supremo ha recordado que "no hay norma legal" que "obligue a la suspensión" de la causa por coincidir con un proceso electoral, si bien ha recordado que habitualmente se ha actuado en base al "criterio de prudencia". 

Ni el protocolo a seguir si alguien porta lazos amarillos -en apoyo de los presos independentistas-, ni si estos deberán llevar esposas en sala son, según Lesmes, cuestiones que le corresponda decidir, sino que dependen directamente de Marchena, como lo es la decisión sobre el idioma a utilizar en el juicio por parte de los procesados, después de que parte de las defensas hayan pedido expresarse en catalán. 

El Parlamento vasco, la "única" institución que ha pedido estar presente

Por otra parte, cuestionado por la anunciada presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en alguna de las sesiones del juicio, Lesmes ha afirmado que "cualquier autoridad pública española" tendrá "el trato y la deferencia que corresponda" para seguir este proceso desde la sala -promete un trato "deferente" y "preferente"-. No obstante, el presidente del Supremo también ha precisado que, por el momento, el Tribunal sólo tiene constancia de la petición de una "única"  institución", en referencia al Parlamento Vasco. 

Tampoco le constan las solicitudes de reserva de plazas en la sala de vistas de quienes quieren ejercer el rol de observadores internacionales, como Amnistía Internacional y la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case, creada ad hoc para esta ocasión. 

Lesmes no ha aclarado siquiera si el Tribunal les reconocerá el estatus que ambas organizaciones quieren conseguir, pero sí ha defendido que no ve necesaria la presencia de observadores: "Harán falta observadores cuando exista una cierta opacidad", o "cuando haya determinadas dudas". "El desarrollo del proceso se hará a la vista de todo el mundo"; "Todo el que quiera observarlo podrá hacerlo sin ningún tipo de limitación", zanjaba.