El comité intercentros de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha denunciado que la dirección de la empresa pública que gestiona los medios de comunicación de titularidad autonómica ha iniciado una nueva “ola de represalias” contra los trabajadores críticos, que en esta ocasión afecta directamente a la presidenta del comité, Raquel Lema.

Según la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), a la que pertenece Lema, la dirección ha enviado un requerimiento en el que exige al comité de empresa que aclare si su presidenta participó en un “incidente” ocurrido el pasado 16 de octubre que habría obligado a suspender la grabación de uno de los programas del canal autonómico.

Se trata del espacio Digochiño, un programa infantil cuya producción, según los trabajadores, habría sido externalizada en septiembre pasado a una productora privada. Ésta, sin embargo, seguiría utilizando los medios y recursos públicos para que su personal pueda grabarlo.

El pasado 19 de octubre, un grupo de trabajadores, entre ellos varios miembros del comité de empresa, se dirigió al estudio número cinco de la Televisión de Galicia tras saber que cuatro empleados de la compañía privada estaban en las instalaciones “grabando con un teléfono móvil y utilizando el decorado del programa y la iluminación propia del plató”.

Según han informado a Público fuentes del comité de empresa, esos cuatro trabajadores, hasta entonces contratados en precario por la CRTVG, habrían sido derivados a la productora sin que la dirección de la empresa pública hubiera informado a la representación social, como es su obligación.

Expediente sancionador

A raíz de la irrupción de los trabajadores en el estudio, la dirección ha abierto actuaciones previas al expediente sancionador, y se ha dirigido a Lema para que la presidenta del comité intercentros manifieste si es cierto que acudió ese día al plató número cinco, si lo hizo en nombre propio, de su sindicato o del propio comité, y que identifique al resto de las personas que acudieron al estudio.

Tras reunirse el pasado lunes para estudiar el escrito, el comité intercentros lo califica como “un grave ataque a la representación legal del personal” y advierte de que la dirección pretende presionar para que ésta “deje de ejercer sus funciones de control y vigilancia de la legislación laboral, en este caso en lo que alcanza a la fraudulencia de los contratos”.

“El comité de la CRTVG denuncia esta nueva actuación represiva, que considera un intento de amenaza contra la representación sindical ”

El comité recuerda que la Inspección de Trabajo acaba de sancionar a la CRTVG por usar de forma fraudulenta los contratos artísticos para cubrir bajas y sustituciones del personal de plantilla, y que el ente “acumula más de 400 sentencias condenatorias por cesión ilegal de trabajadoras y uso abusivo e ilegal de la contratación temporal”.

Público se ha dirigido a la dirección de la CRTVG para conocer su valoración de las denuncias del comité y para saber las condiciones en las que se externalizó la producción de Digochiño, si se hizo mediante concurso público y a qué precio.

También para conocer si, como denuncian los trabajadores, varias piezas de Digochiño enviadas por la productora privada han tenido que ser devueltas al no alcanzar los estándares mínimos de calidad para que puedan ser emitidas, y que el decorado y atrezzo del programa, propiedad de la empresa pública, han sido entregados a la contratista sin coste alguno.

Con posterioridad a la publicación de este artículo, la CRTVG ha respondido alegando que “es falso” que haya abierto un expediente informativo, y que se trata de unas “diligencias previas de investigación” tras haber recibido de la empresa productora un parte de incidencias por lo sucedido el 19 de octubre, que inscribe en la actuación normal cuando recibe denuncias de ese tipo de su personal o de las empresas con las que contrata.

Irregularidades en la gestión de Sánchez Izquierdo

La CRTVG está al mando desde hace 14 años de Alfonso Sánchez Izquierdo, que acumula cientos de sentencias en contra por manipulación informativa, persecución sindical, violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, acoso a periodistas críticos e irregularidades en las contrataciones, entre otras.

El último revés judicial fue el auto del Tribunal Supremo avalando una sentencia que condena a la empresa pública por el despido de un trabajador contratado ilegalmente como alto directivo y cuya indemnización costará 173.303,95 euros que deberán ser abonados con dinero público.

Según la Lei dos Medios Públicos do Audiovisual Galego, aprobada hace doce años en el Parlamento de Galicia, el cargo de Sánchez Izquierdo debe ser cubierto por una persona elegida por mayoría cualificada de esa cámara. El PP no la ha tenido nunca, y tanto el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como su sucesor, Alfonso Rueda, han optado por mantenerle en su cargo.

La misma norma prevé la creación de un consejo de informativos que garantice la pluralidad e independencia de los servicios informativos e impida la manipulación de las noticias en favor del PP, que los trabajadores llevan años denunciando. Sánchez Izquierdo se niega a constituirlo.