El pistoletazo de salida de la campaña electoral en Aragón el pasado 23 de enero giraba, para el espacio de la izquierda alternativa, en torno a un concepto: la unidad. O más bien la falta de ella. Frente a la candidatura común que se consiguió reeditar en Extremadura en diciembre, bajo el liderazgo de Irene de Miguel, la división ha vuelto a marcar el paso en Aragón. No en dos, sino en tres listas diferenciadas concurren en los comicios que se celebran este domingo 8 de febrero las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista. Como, por otra parte, ha sido la regla general en esta comunidad. 

Una primera candidatura la integran Podemos y Alianza Verde. La formación morada aspira estas elecciones a conservar su representación actual en las Cortes: un diputado. El escenario que dibujan las encuestas no es, sin embargo, muy prometedor. Los de María Goikoetxea podrían quedarse a la cola del voto progresista, con en torno al 2% de las papeletas, y acabar fuera del parlamento, apenas tres años después de integrar el gobierno cuatripartito del socialista Javier Lambán. Sería la primera vez que Podemos no consigue representación en las Cortes desde que participara en sus primeras elecciones autonómicas, en mayo de 2015, cuando consiguió su mejor resultado: 14 diputados.

La segunda lista la componen lo que son ya dos socios habituales, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. También con un diputado en las Cortes, los de Marta Abengochea aspiran a consolidar y, a poder ser, reforzar su presencia parlamentaria. ¿Su techo electoral? Tres escaños, según los sondeos más optimistas. Queda todavía una tercera alternativa, la candidatura en solitario de la Chunta Aragonesista (CHA), la izquierda regional por excelencia y otro de los partidos del entorno de Sumar. La formación que lidera el ya exdiputado Jorge Pueyo podría arrastrar parte del descontento con el PSOE, escalando de los tres a los cinco sillones. 

Más allá de los números, las tres formaciones compiten para convencer al mismo público. A algo menos del 14% del electorado progresista, según la última encuesta de 40dB. Para conseguirlo, cada una ofrece su propia marca, sus propias caras y, sobre todo, su propio programa. Pero, ¿qué medidas concretas propone cada lista? ¿Qué parecidos y diferencias hay entre los tres programas? ¿Tiene verdadero sentido concurrir por separado?

Vivienda

Si en algo coinciden las tres candidaturas es en la urgencia de adoptar medidas para paliar la crisis de la vivienda. El agujero negro de lastra la capacidad adquisitiva de las familias españolas y, por ende, de las aragonesas. ¿La receta? Las tres listas abogan por un mismo camino: aplicar, con todos sus mecanismos, la Ley de Vivienda estatal. Empezando por la declaración de zonas tensionadas y su consecuente tope de precios. No es la única coincidencia de sus programas. Las tres fuerzas defienden, además, la necesidad de impulsar una ley de vivienda aragonesa, que refuerce el marco nacional.

Para la CHA, esta nueva norma deberá sancionar "el derecho subjetivo a la vivienda", así como su "función social". A través de dos vías: el aumento del parque público de vivienda y la puesta en marcha de nuevas prestaciones económicas. Desde la coalición IU-Movimiento Sumar, hablan de garantizar "el derecho constitucional a una vivienda digna". Especialmente para las familias vulnerables y con rentas más bajas. ¿Cómo? Apostando por la vivienda protegida. Los de Marta Abengochea plantean, además, introducir en la norma aragonesa dos herramientas nuevas: la expropiación y el derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto de la administración pública. Podemos-Alianza Verde, por su parte, propone ajustar la ley "a la realidad de la sociedad aragonesa", aprovechando para elevar la inversión en vivienda hasta el 2% del presupuesto autonómico. 

La protección de la vivienda pública debería ser, para las tres formaciones, una de las prioridades del nuevo ejecutivo aragonés. Las propuestas son, en este sentido, bastante similares. Captación de vivienda vacía, políticas de rehabilitación, blindaje del parque público para siempre... Medidas a las que Podemos-Alianza Verde añade una cifra. La formación morada se compromete a alcanzar, en la próxima década, las 5.000 viviendas de titularidad pública en Aragón.

Las tres listas redoblan asimismo su compromiso contra la turistificación, especialmente en las zonas tensionadas del Pirineo aragonés. También contra la dinámica especulativa del mercado y el acaparamiento de vivienda, a los que, insisten, hay que poner coto. Prohibiendo la compra no residencial y grabando a los grandes actores inmobiliarios: bancos, fondos de inversión y entramados empresariales. IU-Movimiento Sumar y Podemos no se olvidan de otro de los frentes de la vivienda, los desahucios, abogando por la prohibición explícita de los lanzamientos sin alternativa residencial.

Pero la verdadera trinchera de la vivienda sigue siendo el precio de los alquileres. Para ofrecer alternativas asequibles, las tres candidaturas proponen una suerte de Agencia Inmobiliaria Pública, que gestione el parque público y actúe como intermediaria para atraer vivienda del mercado privado. Complementariamente, CHA sugiere la creación de un Observatorio Aragonés de la Vivienda, que maneje sus propios datos. En relación al control de precios, Podemos-Alianza Verde va un paso más allá, repitiendo una propuesta que la formación morada lleva meses exigiendo a nivel estatal, una "reforma normativa" que baje el precio de los alquileres por ley.

Sanidad

En el último sondeo del CIS sobre las principales preocupaciones de los aragoneses, la sanidad se volvió a colocar en segundo lugar, solo por detrás de la vivienda. Infradotación, listas de espera, horarios reducidos o falta de personal. Una sucesión de problemas con un responsable por detrás: la privatización de los servicios públicos. Así lo denuncian las tres fuerzas en sus respectivos programas electorales. Acompañando las críticas de una serie de propuestas.

La primera, reforzar la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema público de salud. Este servicio pasaría a recibir, si gobernara cualquiera de las tres listas, el 25% del presupuesto sanitario. CHA y IU-Movimiento Sumar abogan, además, por ampliar el horario de los centros, "garantizando la atención hasta las ocho de la tarde". Podemos-Alianza Verde, por asegurar la existencia de un centro médico "a menos de 20 km de cualquier núcleo poblado".

La infrafinanciación es otro de los frentes del sistema sanitario. Para paliarlo, CHA aboga por aumentar "progresivamente" el presupuesto sanitario general hasta los 2.000 euros por habitante. IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde priorizan la reintegración de los recursos privatizados en el sistema público. Un proceso al que la coalición que lidera la formación morada concede un máximo de cinco años: "Todo el dinero público a lo público". Las tres listas coinciden, una vez más, al exigir un plan de recursos humanos actualizado, que reduzca la temporalidad del personal y ayude a disminuir las listas de espera a plazos más asumibles. "Para que no superen los tres meses", sostiene CHA.

Las propuestas comunes se suceden: internalizar los servicios de transporte, limpieza y cocina hospitalaria; reforzar los servicios de enfermería y farmacia rural o dignificar los servicios de salud mental. También aumentar la disponibilidad de personal y pruebas en las especialidades más abandonadas, como trabajo social, terapia ocupacional o salud bucodental.

Educación

La privatización y externalización de servicios no afecta solo a la sanidad. También a la educación y al resto de servicios sociales, incluida la dependencia. Este es otro de los puntos fuertes de los programas de la izquierda alternativa. Todos ellos con un fondo común: la reivindicación de un sistema educativo "público, gratuito, laico, inclusivo y de calidad". Para conseguirlo, un primer paso fundamental vuelve a ser la financiación. En este sentido, CHA pone sobre la mesa un aumento de la inversión de hasta el 5% del PIB, con la idea de alcanzar el 6% al final de la legislatura. Menos concretos son en este sentido los programas de IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde, que hablan de "asegurar la financiación adecuada" y "reforzar la inversión en infraestructuras educativas públicas" respectivamente.

Donde vuelven a insistir las izquierdas de vocación estatal es en la progresiva reintegración de los recursos y centros privatizados en el sistema público, así como en la limitación de conciertos. El resto de propuestas en esta categoría son esencialmente las mismas. En primer lugar, el aumento del número de centros y plazas para garantizar la cobertura pública a todos los niveles educativos, especialmente en el tramo de 0 a 3 años. En segundo lugar, poner en marcha un plan de modernización y climatización de las infraestructuras educativas, sobre todo patios y aulas. En tercer lugar, reducir la interinidad —"por debajo del 8% que establece la legislación", matiza Podemos— y mejorar las condiciones salariales del profesorado. "Para que dejen de ser los penúltimos peor pagados del Estado", recoge el programa de CHA.

Unas últimas notas comunes: fortalecimiento de la escuela rural, más y mejores becas de comedor y de libros y un nuevo modelo de transporte escolar, que cubra todo el territorio. Además de una decidida apuesta por la Formación Profesional, por las medidas de conciliación y por la reducción de las ratios en las aulas. "20 alumnos por aula en primaria y 25 en secundaria", propone en esta línea el programa de Podemos-Alianza Verde.

Transporte y despoblación

De nuevo según el CIS, la tercera preocupación de los aragoneses tiene que ver con los problemas derivados de la despoblación. Fundamentalmente las carencias de la red de transportes. Para ponerle solución, la izquierda apuesta por reforzar las conexiones de tren. La alternativa, reivindican, "más ecológica y sostenible". Desde CHA, tienen incluso su propio proyecto: Aratren. Una red de cercanías, con Zaragoza y Huesca como nodos principales, que aproveche las vías que ya existen, "sin construir ni un solo kilómetro nuevo".

Por su parte, IU-Movimiento Sumar define el transporte por tren como el "eje vertebrador" del territorio y apuesta, además de por reforzar líneas, por trabajar en la intermodalidad carretera-tren. Por último, Podemos-Alianza Verde aboga por un plan de choque, contrario al cierre de taquillas, que aumente la frecuencia de cercanías y establezca una "tarifa única" para viajar por todo Aragón.

Otras banderas de la izquierda

Energía, feminismo, financiación autonómica o lengua. Son muchos los temas sobre los que ha discurrido la campaña en Aragón. Con posturas bastante alineadas dentro del espacio de la izquierda. En contra de un modelo económico que consideran "extractivista", a favor de los valores feministas y la aplicación transversal de la perspectiva de género, así como de la defensa de las lenguas —el aragonés y el catalán de Aragón— y la cultura aragonesas. Esta última reivindicación esencial para la izquierda regionalista, el CHA. 

Sobre el futuro proyecto de financiación autonómica, las opiniones están más divididas. Precisamente los de Pueyo han sido los más críticos con el borrador inicial, que, consideran, discrimina a Aragón. Desoyendo su propio Estatuto de Autonomía. Tampoco desde Podemos se muestran convencidos con el nuevo modelo. "Gobernar es elegir si proteges el beneficio de unos pocos o los derechos de la mayoría", reprochan al PSOE desde la formación morada. Más tibios se muestran desde el tándem IU-Movimiento Sumar: "Es una propuesta inicial, que sirve como base para empezar a negociar".