La semana pasada el brazo político de la patronal inmobiliaria con escaño en el Congreso de los Diputados conformado por el Partido Popular, Vox, UPN y JUNTS, (esa extraña alianza que, sin embargo, siempre da la cara para proteger al rentismo), tumbó la prórroga del escudo social, y en concreto la moratoria de desahucios que estaba en vigor en nuestro país desde la emergencia sanitaria. Una medida excepcional que fue aprobada en el contexto de la crisis del Covid y que, si en algún momento debía prorrogarse, era justo ahora, en este momento de emergencia habitacional.

Sin embargo, el fin de la moratoria de desahucios vuelve a activar un debate público cargado de eslóganes, mantras, simplificaciones interesadas y una notable falta de rigor. El argumento más repetido por quienes celebran su desaparición sostiene que esta medida "protegía a los okupas y a los inquiokupas" y dejaba indefensos a los pequeños propietarios. Sin embargo, este marco no solo es engañoso, sino que desvía deliberadamente la atención del verdadero problema: la inacción estructural de los poderes públicos en materia de vivienda.

Vamos a tratar de desmontar el mito principal. La moratoria no fue nunca una amnistía general para dejar de pagar alquileres ni un blindaje a ocupaciones irregulares. Se trataba de una suspensión limitada, condicionada a la acreditación de vulnerabilidad, evaluada por los servicios sociales y sujeta a requisitos estrictos. De hecho, en la mayoría de casos, los juzgados, reacios a menudo a concederla, realizaban unas interpretaciones muy restrictivas, por lo que se concedían casi con cuenta gotas. Es más, si el propietario era a su vez vulnerable, en ningún caso se concedía la misma. Basta leerse la ley para comprobarlo. Por cierto, para el caso en el que el propietario particular –en ningún caso vulnerable- se viese afectado por la concesión de una moratoria, tenía un sistema de compensación económica del que poco se ha hablado.

Reducir este mecanismo excepcional y absolutamente justificado a la figura del "inkiokupa", teniendo en cuenta que la mayoría de procedimientos de desahucio se emprenden porque la propiedad (en muchos casos, grandes tendedores o rentistas profesionales) decide dejar de renovar el alquiler para sustituir a ese inquilino por otro más rentable, no corresponde con un análisis jurídico ni social riguroso sino con una estrategia discursiva diseñada a medida de los intereses de quienes especulan con la vivienda. Una estrategia que genera alarma y pingües beneficios a quienes se lucran con el negocio del miedo (empresas de alarmas de seguridad, aseguradoras tradicionales e inmobiliarias que se anuncian en bucle en la radio cada mañana). Además, sirve de cortina de humo para justificar que no se hable del elefante en la habitación: la ausencia de políticas públicas eficaces. De políticas de vivienda digo, no de políticas inmobiliarias, que de esas vamos sobrados.

También se ha instalado un falso enfrentamiento entre personas vulnerables y pequeños propietarios, como si proteger a unas implicara necesariamente sacrificar a los otros. Esta dicotomía binaria es profundamente tramposa. A aquellos que esgrimen que se "usa de escudo" a los particulares, habría que recordarles que si tienen esa percepción no es por la existencia de la moratoria, sino precisamente por la ausencia de un sistema público que asuma su responsabilidad cuando el mercado falla. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo para muchos: la responsabilidad no es difusa ni abstracta, tiene nombre institucional. En el caso de la Comunidad de Madrid, el artículo 26 de su Estatuto de Autonomía es cristalino: la competencia en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda es exclusiva de la comunidad autónoma. Sin embargo, no encontrarán referencia alguna en X ni en tertulias de televisión por parte de quienes denuncian los perjuicios de la moratoria, que señalen al responsable último de la situación: la inacción de los gobiernos autonómicos gobernados por el PP.

Y en todo caso, hay que recordar que si alguien usa de escudo a los particulares, son precisamente los grandes fondos de inversión y los rentistas profesionales ( por cierto, muchos de ellos particulares) que agitan el anecdótico caso de la ancianita que complementa su pensión para seguir forrándose a costa de un derecho esencial como es la vivienda. Para ellos, el mito del "inquiokupa" y la invocación permanente al pequeño propietario funcionan como escudo discursivo y coartada para bloquear cualquier política efectiva, que necesariamente supone limitar beneficios en pro del interés general.

Pero volvamos por donde íbamos. Si hablamos de la responsabilidad última de la situación y de quien tiene la competencia de actuar en caso de desahucio y de garantizar alternativas habitacionales en casos de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, hablamos de las comunidades autónomas, que independientemente de su color político, debieran ejercer las competencias constitucionales que tienen atribuidas. La moratoria estatal de desahucios no pretendía sustituir esa responsabilidad, sino ganar algo de tiempo para evitar que las personas que sufren un desahucio queden en situación de calle mientras las administraciones autonómicas cumplen con sus obligaciones; desarrollando parques públicos de vivienda, programas eficaces de acceso a viviendas de emergencia y mecanismos eficaces de mediación. Claro que, si al final el que tiene que actuar no actúa, se acaba matando al mensajero.

Durante años, la Comunidad de Madrid (y sucede lo mismo en el resto de autonomías gobernadas por la derecha) no ha ampliado su parque de vivienda social ni ha articulado respuestas estructurales. De hecho, la Comunidad de Madrid ha sido condenada hasta en 11 ocasiones por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas por no hacer literalmente nada en casos de desahucios de personas vulnerables ejecutados en Madrid.

Conviene, no obstante, y como reflexión de fondo a raíz del debate generado y la falacia de que los particulares no deben asumir las carencias del Estado, señalar una contradicción de fondo que se obvia. Se habla de "lo público" como si fuera un ente ajeno, una maquinaria que debería funcionar por arte de magia, sin costes, sin decisiones políticas y sin que ello implique renunciar —al menos parcialmente— a determinados privilegios privados. No es casualidad que esta visión la sostengan quienes tampoco comprenden el principio constitucional de la función social de la propiedad privada (artículo 33.2 de la CE) y quienes invocan la "libertad" en abstracto, pero rechazan cualquier obligación colectiva que permita que lo público funcione de verdad. Llama todavía más la atención que son los mismos que están en contra, a priori, de intervenir el mercado salvo que se trate de balizas.

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Sin embargo, frente a este dogmatismo, la evidencia empieza a desmontar otro de los grandes mantras del debate: que intervenir el mercado no funciona. La experiencia reciente en Navarra es clara. Tras la declaración de zonas tensionadas, los precios del alquiler han descendido un 8,6 % sin que la oferta se haya reducido.

Y, por último, conviene desmontar una de las afirmaciones más cínicas que han circulado estos días: que al vulnerable "le viene mejor" que no exista protección alguna para no tener el estigma de que no se le pueda desahuciar y así le alquilen más fácilmente. Basta darse una vuelta por cualquier portal inmobiliario para comprobar que el problema no es el miedo. El problema es el precio, el problema es la mercantilización de un bien de primera necesidad, el problema es que hay quienes no quieren renunciar a ningún privilegio y hay quienes están dispuestos a protegerlos por encima de todo, no en vano son su brazo político.

Ahora que el Gobierno acaba de anunciar que volverá a llevar al Congreso la moratoria antidesahucios con “alguna modificación” (veremos la letra pequeña aunque asumir el marco del rentismo y recortarla no parece lo más adecuado), toca desmontar más que nunca los bulos que permiten que mañana tu vecina pueda ser desahuciada.