La justicia tiene contra las cuerdas al presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, quien está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados y de tener, en ese caso, que dejar el puesto.

Una jueza lo considera al tanto de un pacto por el cual dos ediles de Por Aljaraque Sí Se Puede que habían resuelto presentar una moción de censura junto al PP para echar a la alcaldesa, del PSOE, de esa localidad a las afueras de Huelva, dieron marcha atrás no por razones políticas, si no a cambio de puestos de trabajo.

En el caso, además de Caraballo, están imputados por cohecho -soborno- los dos concejales de la marca blanca de Podemos en Aljaraque, un sindicalista de CCOO, quien supuestamente hizo de intermediario para frenar la moción de censura, y dos directivos de la empresa Aguas de Huelva, una empresa participada al 51% por el Ayuntamiento de Huelva, donde fue contratada la esposa de uno de los concejales.

Caraballo, que siempre se ha declarado inocente y ha negado tener algo que ver con este asunto, tiene, sin embargo, como pruebas de cargo en contra, una grabación en la que el sindicalista de CCOO habla con un colaborador de Por Aljaraque Sí Se Puede, que fue quien denunció el caso, y dice, al respecto del puesto de trabajo de la mujer de uno de los ediles lo siguiente: "Lo que me han trasladado es que Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche”.

A este testimonio, el juzgado de instrucción número 1 de Huelva le añade como prueba de la supuesta implicación de Caraballo en el asunto la intensidad de las conversaciones telefónicas mantenidas con el sindicalista el día en que se produjo una reunión capital para frenar la moción de censura, en que contactaron tres veces, a la que le suma otra al día siguiente.

Código ético

La cercanía de las elecciones causó cierto escándalo político en Sevilla. Así, el PP reclamó la dimisión de Caraballo. Sin embargo, este, según las fuentes consultadas, no va a dimitir ni tampoco el PSOE le va a pedir el cargo ahora, porque en este momento no incumple el código ético del partido, que dice así: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

El auto no es firme por ahora y, por tanto, los socialistas, en rigor, podrían esperar a que se resuelvan los recursos que Caraballo presentará ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial.

El PSOE de Huelva emitió un comunicado, en el que manifestaba que estudiaba recurrir el último auto de la jueza y recordaba que en él, la magistrada había retirado el delito de trafico de influencias, lo que, para los socialistas, demuestra que “a medida que va avanzando la instrucción se confirmará nuestro convencimiento de que se actuó conforme a la legalidad en todo momento”.

“Queremos ratificarnos en nuestra plena confianza en la Justicia y creemos que la mejor manera de colaborar es dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego. Estamos convencidos de que cuando finalice esta fase de instrucción, se concluirá con que no ha existido ninguna conducta ilegal”, cerraba la nota del PSOE.