El Gobierno de Mariano Rajoy se ha ganado a pulso en apenas un año la convocatoria de una histórica huelga conjunta de jueces y fiscales, llamados este miércoles a colgar las togas en protesta por la práctica totalidad de medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Desde las tasas judiciales "desorbitadas" a los indultos arbitrarios, la "privatización" del Registro Civil, o el intento de politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados.

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero ya soportaron la pasada legislatura dos huelgas --el 18 de febrero y el 8 de octubre de 2009--, pero entonces sólo fueron convocadas por asociaciones de jueces.

En esta ocasión, la novedad es que también los fiscales están llamados al paro, ya que la convocatoria parte de tres asociaciones de jueces --"Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y dos de fiscales --Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales--.

Se han descolgado las dos asociaciones mayoritarias de cada uno de los colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, quienes, pese a estar de acuerdo con la tabla reivindicativa de los convocantes de la huelga, aún confían en agotar una vía del diálogo con el Ejecutivo que no ha dado hasta ahora ningún fruto.

Por contra, las asociaciones convocantes cuentan con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. A casi todos les ha unido su posición común contraria a las tasas y los recortes del Gobierno.

Jueces, fisacles y funcionarios de Justicia están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a los juzgados y fiscalías de toda España, donde harán un primer balance de seguimiento. Los sindicatos de funciones rechazan especialmente "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que consideran que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.

Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.

No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar el 18 febrero de 2009, convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la gestión del entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces persiste la polémica sobre si los jueces tienen derecho o no hacer huelga, por ser un poder del Estado. Nadie ha dado hasta ahora una solución definitiva, ni se ha legislado al respecto, y el CGPJ se ha limitado a señalar que un paro de magistrados "no tiene soporte normativo".

Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.

La huelga de febrero de 2009 fue un notable éxito, con un seguimiento superior al 60% según los convocantes (30% de acuerdo al CGPJ), pero la siguiente, convocada en solitario por la asociación mayoritaria, la APM, tuvo un eco menor, y sólo fue realizda por una cuarta parte de los jueces,

En relación a la de este miércoles, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.

Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.

El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Socialista.

Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.

Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".

Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena.