El juez Hurtado pregunta a las partes del caso García Ortiz si debe suspender en sus funciones al fiscal general
El magistrado requiere su opinión sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de retirarle cautelarmente del ejercicio de sus funciones.

Público / Agencias
Madrid--Actualizado a
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha preguntado a las partes implicadas en el proceso si debe suspenderle de sus funciones cautelarmente cuando, previsiblemente, abra juicio oral contra él.
García Ortiz está imputado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su vez acusado de varios delitos por, supuestamente, defraudar más de 350.000 euros a Hacienda utilizando para ello facturas falsas. García Ortiz ha negado la autoría de esos hechos.
Se trata de la primera medida adoptada por Hurtado después de que la Sala de Apelaciones del Supremo, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados que tomaron esa decisión, rechazara el pasado lunes el recurso de García Ortiz contra su procesamiento. En el mismo auto, la sala sí acordó archivar la causa abierta por Hurtado por los mismos hechos contra la fiscal jefa provincial del Madrid, Pilar Rodríguez.
En su auto, notificado este jueves y que levanta la suspensión de la tramitación del procedimiento decretada mientras se resolvían esos recursos, el magistrado instructor del caso pide a las partes que se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, de que se suspenda cautelarmente a García Ortiz como fiscal general del Estado, y también como fiscal.
El pasado mes de noviembre, Hurtado desestimó una solicitud similar realizada por APIF y por Manos Limpias. Aunque entonces no pidió la opinión de las partes, la Abogacía del Estado se opuso a la iniciativa, sobre la que no se pronunció la defensa de González Amador.
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