El juez José María Fernández Seijo (Madrid, 1965) es desde hace un año y medio vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque en octubre, tras la ruptura del sistema de acuerdos entre los conservadores y los progresistas, presentó su dimisión ante la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló. Esta petición fue rechazada y Seijo sigue como vocal, lo que él llama "pagar la hipoteca". "Ni la situación anterior era especialmente tensa, ni la situación actual es absolutamente plácida", califica. 

En todo caso, aboga por buscar acuerdos con la otra parte del Consejo, en manos del bloque conservador y con mayoría en algunas votaciones. Entre los retos, está la oportunidad de elegir a una mujer para ocupar la plaza pendiente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma que condenó a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado. Con el nombramiento todavía pendiente, el juez tiene claro que debe de tratarse de una persona con una sensibilidad "que no sea ni corporativa ni conservadora". 

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona analiza la situación de la Administración de Justicia, y discrepa de quienes emiten "anuncios de fin del mundo": "Me parece que se están tomando medidas que van a mejorar a medio plazo el funcionamiento de la Administración de Justicia", dice. También propone medidas para alcanzar un modelo progresista de la justicia y, por ende, "acercar la justicia a los ciudadanos".

En octubre presentó su dimisión como vocal del CGPJ, pero la presidenta, Isabel Perelló, la rechazó. Casi cuatro meses después, ¿cómo es su relación con ella? ¿Cómo está la situación?

Empecemos por el final. La relación es buena y muy correcta. En principio, en mi caso, cuando llegamos al Consejo hace un año y medio, el objetivo principal era normalizar el funcionamiento de una institución que quedaba muy deteriorada como consecuencia de las prórrogas y del enfrentamiento entre el Consejo y el Gobierno. Y entonces se hizo un esfuerzo muy grande de consenso para que primáramos la normalización del funcionamiento y la aplicación de medidas o políticas progresistas.

"Presenté mi dimisión porque no veía posible una dinámica progresista en el CGPJ"

Pasado ese año, cuando esos esfuerzos no se corresponden con los cambios que creíamos que eran razonables para empezar a hacer unas dinámicas más progresistas, la razón de mi dimisión fue esa, que vi que no tenía sentido el sacrificio personal y profesional que suponía estar en el Consejo cuando no tenía una expectativa de que pudiera haber una visión progresista del funcionamiento de la Administración de Justicia. Al no aceptar la presidenta mi dimisión, tengo que pagar la hipoteca y no podía volver al juzgado de manera automática. Y, bueno, también es verdad que se han hecho algunos ajustes en el funcionamiento del Consejo que hacen que estemos más confortables.

La reciente cesión de Carlos Hugo Preciado del puesto en la Comisión de Escuela Judicial a usted, ¿forma parte de esos ajustes? ¿Contribuye de alguna manera a cerrar la crisis agudizada el pasado mes de octubre?  

En principio, yo había estado en la Comisión de Escuela durante el primer año. Tengo mucha implicación, entre otras cosas, porque vivo en Barcelona y la Escuela está en Barcelona. Me parecía que los temas de formación eran muy importantes. Entonces, de alguna manera, es un primer paso para recomponer los equilibrios dentro del propio Consejo. Ni la situación anterior era especialmente tensa, ni la situación actual es absolutamente plácida. Son órganos políticos, órganos de gobierno, y las dinámicas nos permiten tomar estas decisiones y poder avanzar.  

¿Está debilitado el bloque de la izquierda del CGPJ?   

El diseño que se hace del actual mandato del Consejo es con diez vocales elegidos a propuesta del Partido Popular y otros diez vocales elegidos a propuesta de Partido Socialista, Podemos y Sumar. Esos diez vocales, desde un punto de vista mediático, se conforman como bloques, aunque no lo son. Pero en el caso de los vocales elegidos por la coalición de Gobierno, tampoco hemos funcionado de manera homogénea durante este año y medio. Y ahí están las votaciones en muchas ocasiones. Entonces, sí que es verdad que, cuando los objetivos o las estrategias coinciden, somos capaces de articular hasta diez votos, pero hay veces que no coinciden. Incluso, en las últimas votaciones, hay dos, tres, cuatro vocales [que votan diferente]. Por eso digo que a mí me cuesta mucho verme como un bloque. 

"Carlos Preciado no tiene un interés especial por incorporarse a ningún tipo de disciplina"

Sí que es verdad que tenemos objetivos comunes y dinámicas que nos permiten confluir, pero en el caso concreto de Carlos Preciado él tiene sus objetivos, su hoja de ruta, y es legítimo. Nos gustará más o nos gustará menos, pero al fin y al cabo nadie cuestiona que tiene planteamientos progresistas, pero tampoco él tiene un interés especial por incorporarse a ningún tipo de disciplina.  

Sobre el nombramiento pendiente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en unos meses se agudizará por la jubilación de otros magistrados, ¿confía en que habrá un acuerdo en el corto plazo?  

En este año y medio hemos demostrado que hemos llegado a muchísimos acuerdos, se han hecho 161 nombramientos y no hay ninguna razón para pensar que ahora no vamos a ser capaces de conseguir esos objetivos. Lo que sí que es verdad es que entendemos que, sobre todo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hay un déficit de representación femenina.

 "Hay un desequilibrio en la Sala que determina que, en casos muy importantes, se hayan producido fracturas previsibles"

Y también, a la vista de algunas sentencias, de algunas votaciones, dentro del mérito y capacidad, sí que creemos que debería ser una persona que claramente tuviera una sensibilidad que no fuera ni corporativa ni conservadora. O sea, hay un desequilibrio en la Sala que determina que en casos muy importantes se hayan producido fracturas previsibles. No tanto desde un punto de vista técnico-jurídico, sino incluso de alineamiento o no alineamiento con las posiciones del Gobierno o de la oposición.   

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ propone ahora sancionar a los jueces Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara por atacar a Begoña Gómez e Irene Montero. Lo hace después de que la Comisión Permanente le exigiera reabrir el expediente archivado en un principio. ¿Hay resistencias dentro del CGPJ a sancionar a otros jueces?  

Yo soy presidente de la Comisión Disciplinaria. Voy a ser presidente durante los cinco años de mandato. O sea que ahí no puede haber rotaciones. El Consejo General del Poder Judicial recibe unas 15.000 quejas o denuncias al año, de todo tipo, y el año pasado se abrieron 29 expedientes disciplinarios. En comparación con otros países de Europa, somos uno de los Consejos que más sanciona. 

"El juez objeto de un procedimiento sancionador tiene los mismos derechos que cualquier persona que estuviera sometida a un procedimiento"

Lo que pasa es que sí, que hay una jurisprudencia muy consolidada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que lo que no nos permite es saltarnos la legalidad ordinaria y la jurisprudencia. Es decir, en temas como, por ejemplo, el derecho de la libertad de expresión de los jueces; en el establecimiento de cuándo las dilaciones o los retrasos son responsabilidad directa del juez y no son responsabilidad de la oficina. Al final, el juez objeto de un procedimiento sancionador tiene los mismos derechos que cualquier persona que estuviera sometida a un procedimiento. Entonces, esas garantías son las que se cumplen.

Una cosa es lo que se denuncia y cómo se denuncia, y luego cómo es ese proceso. Entonces, resistencia no. Sí que es verdad que somos un poco lentos, eso no nos lo quita nadie. La capacidad de respuesta por ese sistema de garantías hace que hechos que ocurrieron hace un año, pues se tarda en tomar una decisión porque la estructura de garantías es la que es.

Por ejemplo, el Promotor de la Acción Disciplinaria mantiene abiertas diligencias informativas sobre el juez Juan Carlos Peinado desde junio y este se jubila en unos meses. ¿Cree que deberían acelerarse los ritmos para estudiar las quejas contra jueces?

En cualquier caso en el que hay una situación objetiva de que un procedimiento se puede archivar, por ejemplo, en algunas sanciones que son leves, para que no nos caduque o no prescriban, se intenta, sin merma de garantías, que se pueda dar una respuesta antes de que esa resolución sea inútil.

Sobre la implantación definitiva de los Tribunales de Instancia, ¿qué valoración hace de la situación tras las críticas por parte de las asociaciones judiciales y fiscales?  

El último discurso de la presidenta dio una visión, digamos, no positiva de la implantación de los Tribunales de Instancia. Yo he de decir que en este punto discrepo. Me parece que los Tribunales de Instancia, siendo conscientes de que plantean muchos problemas, el cambio es tan radical y tan ambicioso que las disfunciones que se están observando no son lo suficientemente graves. Lo cierto es que los juzgados funcionan con normalidad, que el aterrizaje es dulce y que aquellos anuncios de fin del mundo, que incluso había podido lanzar el propio Consejo, son equivocados. 

"Se han tomado medidas que van a mejorar a medio plazo el funcionamiento de la Administración de Justicia"

Por eso, unido al anuncio de 500 nuevas plazas judiciales, creo que se están tomando medidas que van a mejorar a medio plazo el funcionamiento de la Administración de Justicia. Por lo tanto, cuando evaluemos la Ley 1/2025 [la denominada ley Bolaños], pasadas las tormentas políticas, que son inevitables, creo que la evaluación va a ser muy positiva y que dentro de un año y medio o dos años podremos decir que la situación ha mejorado ostensiblemente.  

¿Qué debería copiar España de otros modelos de Justicia que destacan en Europa, como la holandesa y danesa?  

Lo primero que hay que decir es que España -la Administración de Justicia española y los jueces y las juezas-, dentro del contexto europeo, es uno de los países donde tenemos un mejor poder judicial, que no estamos en la cola ni mucho menos. Eso se debe, entre otras cosas, al gran esfuerzo que hacen los compañeros y las compañeras, pero también a que hay cambios legislativos que están favoreciendo esa situación. 

Países como Holanda o como Dinamarca, fundamentalmente, lo que tienen son poblaciones más estables y tienen también una legislación más dinámica. Hay que pensar que las normas de reparto de Ámsterdam tienen diez folios y las normas de reparto del Juzgado de Arganda del Rey tienen 75 folios. Quiere decir que, en general, en los países de tradición latina, los procedimientos son escritos, el sistema de garantías está muy anquilosado, que es positivo, y, en cambio, los países nórdicos son más dinámicos, igual que los anglosajones. Entonces, también es un problema cultural, pero no es un problema solo de España, es un problema de Francia, de Bélgica, de Portugal, donde tenemos una estructura de funcionamiento muy formal. Yo siempre digo que el derecho romano ha producido grandes avances, pero seguimos muy dependientes de esa estructura tan formal. 

En los Países Bajos, esa estructura es mucho más dinámica porque los procedimientos le permiten mayor intervención al juez. El juez tiene mayor implicación. También la organización de los juzgados en esos países es la de los Tribunales de Instancia. O sea que, probablemente, uno de los avances que tenemos es que la Ley 1/2025 nos permite un modelo de funcionamiento más cercano a esos países.   

¿Cómo debería ser ese modelo progresista de la Justicia que reclama?  

Es muy complicado. Creo que eso es una labor del Parlamento. Creo que habría que centrarse fundamentalmente en temas de acceso a la carrera judicial, temas de formación, el facilitar un acceso transparente y un cambio en el modelo de oposiciones, dándole más importancia a la fase de escuela. Ese sería uno de los pasos que hay que dar. 

"Es muy importante que haya mecanismos para poder acercar la Justicia a los ciudadanos"

También creo que es muy importante que haya mecanismos para poder acercar la Justicia a los ciudadanos. Me parece que es necesario que los jueces estén en sus juzgados, que tengan un contacto directo con las personas a las que atienden y que las nuevas tecnologías no sean una barrera que dé miedo, sino que sea un auxilio para mejorar esa Justicia y que sea más humana. Hay veces que el asunto puede ser muy sencillo desde el punto de vista jurídico, pero la implicación emocional de la persona que acude al juzgado, pues igual que uno quiere que le opere un médico y que le atienda un médico personalmente, también que haya esa presencia, que no sean máquinas o que no sea algo difuso y no sea comprensible. 

"La Justicia tiene que hacer un esfuerzo por ser comprensible y próxima"

Hay veces que, cuando dictamos sentencias, no se entienden. Hay veces que a mí, que llevo 35 años en esto, que leo y digo cuántas comas, qué pocos puntos y aparte... Entonces el derecho es muy sofisticado, pero la Justicia tiene que hacer un esfuerzo por ser comprensible y próxima.

La instrucción dirigida a la Carrera Judicial en relación con el empleo de la inteligencia artificial, ¿puede contribuir a ello?

La instrucción está dirigida, sobre todo, para evitar que se utilicen herramientas convencionales no supervisadas y que pueda haber riesgos de fuga de datos o de tratamiento no idóneo que produzca lo que llaman alucinaciones. Es decir, de hecho, hay un expediente disciplinario abierto a un magistrado por un supuesto uso indebido de la IA en las resoluciones judiciales, que está prohibido por el Reglamento comunitario. O sea, no es una prohibición del Consejo, sino que el Reglamento comunitario dice que toda decisión judicial tiene que ser una decisión humana supervisada por una persona.