Ya es firme. El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta definitivamente a una investigación contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales, como pedían 12 juristas e intelectuales. Su recurso de súplica ha sido desestimado por la Sala de lo Penal, en una ponencia del magistrado Manuel Marchena, a la que ha tenido acceso Público.

"La lectura detenida de las alegaciones de la parte recurrente pone de manifiesto la inviabilidad de practicar una serie de diligencias y acordar la apertura de una causa criminal", dice Marchena en el auto, que no ha contado con el voto discrepante de ningún magistrado. El tribunal considera que los hechos denunciados están prescritos o no constituyen ilícitos penales al haber sido objeto de regularizaciones ante Hacienda.  

La esencia de la querella, dirigida por el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, es que el ex Jefe del Estado no regularizó correctamente su situación fiscal en 2020 y 2021, derivada de varias defraudaciones a la Hacienda Pública. Pese a ello, la Fiscalía dio por buenas dichas regularizaciones de su fortuna opaca, por valor de cinco millones de euros, por considerarlas "espontáneas". Pero no lo fueron, a juicio de los querellantes, que pedían precisamente que el Supremo investigara cómo es posible que habiendo avisado previamente la Fiscalía al abogado de Juan Carlos I de que estaba siendo investigado, lo que invalida por ley [artículo 305.4 del Código Penal] cualquier regularización ante Hacienda, el Ministerio Público las diera por buenas.

En este sentido, la querella cuestionaba la actitud del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que en su decreto de archivo de las diligencias de investigación contra Juan Carlos I, en marzo de 2022, invocaba las regularizaciones, junto con la prescripción y la inviolabilidad cuando era jefe del Estado, para no presentar una querella contra el padre de Felipe VI por delitos fiscales.

Crítica a las formas del Supremo

"Estábamos convencidos de que iban a desestimar el recurso, pero no de esta forma; con esta grosería; no todo querellante tiene derecho a que le admitan la querella, pero, claro, se debe razonar el motivo, y esto que nos contestan no está razonado", clama Martín Pallín ante el auto de desestimación.  

El magistrado emérito del Supremo critica que no se ha practicado "la más mínima diligencia" para poder argumentar el rechazo de la querella. "Pedíamos al Supremo que reclamase a la Fiscalía Anticorrupción copia de las dos comunicaciones [el 20 de junio de 2020 y el 9 de noviembre de 2020] que le había dirigido al abogado de Juan Carlos de Borbón, que son la prueba de que se le había avisado de que se le estaba investigando. Pero ni eso. Creemos que se ha vulnerado nuestro derecho a la tutela judicial efectiva", explica José Antonio Martín Pallín. 

Tampoco ha accedido el Supremo a otra de las diligencias que pedían los querellantes: incorporar a la causa el informe que se contiene en el decreto de archivo de la Fiscalía con el que se cerraron sus diligencias de investigación sobre la fortuna oculta de Juan Carlos de Borbón. En concreto, el Ministerio Público investigó los fondos que recibió de las fundaciones Zagatka y Lucum, radicadas en Luxemburgo y Suiza respectivamente, con el objetivo de ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos en España. 

También se investigaron los trasvases de dinero del multimillonario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause a unas tarjetas black de las que se beneficiaron los nietos de Juan Carlos I. Este no declaró al fisco aquellos fondos pero presentó autoliquidaciones en 2021 para regularizar su situación fiscal. Finalmente toda aquella investigación prejudicial se archivó en aras de aquellas regularizaciones fiscales, la prescripción o la inviolabilidad del rey.

En el tejado del Constitucional

Ahora, tras el portazo del Supremo, los querellantes, entre los que se encuentran prestigiosos magistrados jubilados como Clemente Auger; el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo; y el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena, calibran presentar un recurso de amparo en el TC, para lo que tienen plazo hasta mediados de septiembre, ante la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.