La leyenda que ha convertido a Alberto Núñez Feijóo en el imbatible adalid de la derecha elude mencionar que el presidente de la Xunta perdió hace años el poder local en las grandes ciudades, donde la suma de la izquierda también le superó en las últimas autonómicas. Sus mayorías absolutas se sustentan en buena parte en las villas medianas y pequeñas.

Es gracias a ellas, en las zonas rurales, donde el PP se sostiene sobre en una sólida estructura territorial que se ha armado sobre una tupida red clientelar que llega hasta el último rincón del interior de la comunidad.

Un ejemplo es el municipio de Vilariño de Conso, a 100 kilómetros al este de Ourense. Con una población de 513 habitantes, el pueblo está dividido por la gestión de Melisa Macía Domínguez, abogada de 32 años que llegó al cargo en el 2017 tras la salida del anterior alcalde, un tránsfuga del PSOE captado por el PP y que llevaba 38 años en el cargo cuando fue condenado por corrupción.

Si alguien se pregunta cómo puede corromperse el regidor de un pueblo de 500 habitantes, debe saber que Vilariño tiene un presupuesto de más de 1,6 millones de euros gracias a los tres embalses que alberga en su territorio, y por los que las eléctricas dejan jugosos ingresos al tesoro local.

Macía llegó a la alcaldía en el 2017 sustituyendo a Serra y en el 2019 obtuvo la mayoría absoluta: 258 votos y cuatro concejales frente a los 186 sufragios y tres ediles de su único rival, la Agrupación Independiente de Vilariño de Conso (Aivic), que acoge a simpatizantes de PSOE, BNG y el resto de las izquierdas.

"Contra nosotros ha emprendido una estrategia de acoso y derribo", asegura Luisa Alonso Lamas, simpatizante de Aivic que lleva con su marido el único supermercado local y que ejerce además de jueza de paz del pueblo. "La alcaldesa amenaza a la gente para que no venga, y hace que el Ayuntamiento haga las pequeñas compras de ferretería y productos de limpieza para el centro médico y el centro de primaria en el pueblo de al lado", asegura.

El pueblo de al lado es Viana do Bolo (2.800 almas), donde Macía protagonizó un polémico incidente en abril del año 2020, en pleno confinamiento y cuando gobernaba allí el BNG. Saltándose los cierres perimetrales y las normas del Estado de Alarma, la regidora cogió la pick up de Protección Civil, disfrazó a dos simpatizantes de castañas y condujo hasta Viana para repartir caramelos entre los niños, atrayéndolos en las aldeas con sirenas, música y altavoces desde la furgoneta. Un vecino la fotografió sin mascarilla en plena faena.

A su regreso, la Guardia Civil paró el vehículo y la denunció. En las redes le llovieron memes por semejante ejercicio de populismo imprudente, y el caso llegó al Parlamento de Galicia y también al Congreso de los Diputados, donde el portavoz del BNG, Néstor Rego se interesó por el caso en dos preguntas escritas al Gobierno. El Ejecutivo respondió a la primera en junio del 2020, afirmando que, efectivamente, se le había incoado expediente sancionador a Macía. A la segunda, en julio, contestó más o menos lo mismo. Hasta hoy no ha habido noticia de resolución alguna.

"No tengo ni idea de en qué ha quedado todo eso", afirma la regidora. "A mí no han informado de nada", sostiene. Lo que podría sonar a chirigota, para la oposición de Vilariño es "una muestra clara del despotismo del que hace gala la alcaldesa". "Se cree intocable", asegura Esther Alonso, portavoz de Aivic en el Ayuntamiento, quien recuerda que "no ha celebrado un sólo pleno ordinario en el último año". "No podemos ni siquiera fiscalizar su gestión, como nos corresponde", asegura, sobre el uso de los 1,6 millones de presupuesto anual.

Macía se defiende y subraya que "ningún alcalde de Vilariño ha promovido tantos servicios sociales y ayudado a tanta gente" como ella, y que si no convocó plenos es porque no pudo porque la secretaria titular del Ayuntamiento está de baja desde abril del año pasado. Lo cierto es que la llegada de la suplente que envió la Diputación de Ourense, gobernada por Manuel Baltar, tampoco hizo que se reanudara la periodicidad de los plenos. Según la oposición, la regidora convocó el último, de carácter extraordinario, en la tarde del 28 de diciembre, para celebrarlo el 29 por la mañana y poder aprobar el envío de la rendición de cuentas municipales al Consello de Contas de Galicia.

Entre las irregularidades que señala la oposición, Alonso considera "inaudito" que el Ayuntamiento adjudicara al marido de la alcaldesa la vivienda de propiedad municipal, a unos 500 metros de la sede consistorial, en la que ambos residen en régimen de alquiler desde el 2020, que fue amueblada con fondos del Concello y por la que pagan poco más de 100 euros al mes. El matrimonio se la adjudicó sin que nadie más optara a ella, y la regidora asegura que cumplió la ley al abstenerse de participar en el concurso, cuya decisión final delegó en su teniente de alcalde.

La gestión de Macía también ha llegado a los juzgados, después de que la alcaldesa se querellara contra una mujer a la que acusa de injuriarla y de calumniarla en las redes sociales, y que a su vez la denunció a ella. Los críticos, por contra, explican que la joven, madre soltera y en paro, tuvo que abandonar el pueblo después de soportar amenazas e insultos en lo que Esther Alonso describe como "un caso de acoso institucional continuado".

El día en que se celebró el acto de conciliación previo al juicio derivado de la querella que interpuso esa persona, Maciá no se presentó, pero envió a su abogada. También acudió desde Ourense un fiscal, un hecho insólito si se tiene en cuenta que, según fuentes judiciales, los acusadores públicos tienen verdaderos problemas para cubrir todos los juicios que se celebran en Galicia por delitos graves. Cuántos más si se trata de asistir a un mero acto de conciliación en un juzgado de paz en una localidad a más de tres horas en coche, ida y vuelta, de la capital provincial.

"La gente tiene miedo. Llevarte mal con el Partido Popular en este pueblo supone una presión social tremenda. Y si la resistencia es proactiva, entonces la presión es institucional y judicial", sostiene un vecino.

De nuevo, la alcaldesa se defiende y asegura que está harta de que la insulten y la calumnien. Incluso por vivir por 100 euros en una propiedad del Ayuntamiento. "No he cometido ningún delito, todo es legal. Son viviendas para jóvenes, tengo 32 años, mi marido 35, tenemos un hijo y surgió la oportunidad", explica. "Que quede claro que no le quito la vivienda a nadie, porque el Concello tiene otros tres pisos sociales", añade.

En el último cuarto de siglo, Vilariño ha perdido el 40% de su población, un 8% desde que Macía es alcaldesa. En el pueblo hay casi diez veces más personas mayores de 65 años que menores de dieciséis. Y quienes la critican se preguntan por qué ahuyenta de la localidad a quienes se instalan en el pueblo.

Así lo hace E.N., socio de una empresa del sector del turismo de aventura que decidió hacerse con la gestión del albergue municipal, el único alojamiento hotelero con el que cuenta Vilariño, y quien prefiere aparecer con iniciales en este artículo. "Desde el primer momento nos dimos cuenta de que no les interesaba que funcionara. Pero al menos pensábamos que nos iban a dejar trabajar. No fue así", lamenta el empresario, que abandonó su proyecto hace tres meses meses.

E.N. explica que sus problemas con la alcaldesa comenzaron cuando acudieron al concurso para gestionar campamentos infantiles de verano de la Xunta: "Se enteró y nos dijo que de eso nada, que los campamentos los organizaba ella". Cuando la emergencia sanitaria obligó a cerrar el albergue, la empresa pidió al Ayuntamiento que suspendiera el pago del canon de la contrata del albergue -3.600 euros anuales-, pero Macía se negó.

La pérdida del poder local que ha sufrido el PP de Feijóo en las grandes ciudades y en las diputaciones tiene su excepción en el organismo provincial de Ourense, que preside Manuel Baltar. Hijo, por cierto, del anterior presidente, el que captó al predecesor de Macía en la Alcaldía de Vilariño para que se pasase del PSOE al PP.

Los diputados provinciales se eligen por el número de ediles de cada partido, y Baltar se sostiene en la Diputación por una escuálida mayoría ,que puede poner en peligro cualquier movimiento en los municipios pequeños, como Vilariño de Conso, donde hay casi dos concejales por cada 100 habitantes -en Madrid son uno por cada 60.000-. Y hay fuentes de entre los propios populares que advierten de que si Baltar cae y esa red del PP profundo empieza a temblar, la leyenda que describe a Feijóo como imbatible adalid de las mayorías absolutas también puede tambalearse.