Primavera de 2023. Elecciones municipales y autonómicas fijadas para el 28 de mayo. El PSOE se juega conservar mucho poder territorial ante una derecha que crece en las encuestas. La Ley de Vivienda, tras muchos meses de negociaciones, se aprueba definitivamente a finales de abril. Pedro Sánchez, antes y después de esa fecha, realiza, casi cada día que tiene un acto público, diferentes anuncios sobre vivienda. Quiere convertir el tema en uno de los ejes principales de la campaña. 

Abril de 2024. Hay elecciones en Euskadi, Catalunya y en el Parlamento Europeo de forma sucesiva. Sánchez se juega mucho también y ha vuelto a sacar la bandera de las políticas de vivienda en estos momentos. Ahora cuenta ya con un Ministerio de Vivienda específico, que lidera Isabel Rodríguez. Junto a ella visitó el pasado lunes una promoción de viviendas sociales en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Allí anunció la eliminación de la Golden Visa. 

Este mismo jueves Sánchez y Rodríguez convocaron a representantes del sector de la vivienda en Moncloa. Se incluyeron promotores, inmobiliarias, representantes de la banca, arquitectos y también sindicatos como UGT y CCOO. El Consejo de la Juventud y organizaciones como Provivienda y Hogar Sí también fueron invitados. No así otras entidades sociales como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), algo que ha cuestionado la vicepresidenta Yolanda Díaz. 

Los pasos dados por el PSOE no han sido demasiado bien vistos por sus socios de la izquierda, con Sumar a la cabeza. No solo le reclaman más ambición sino que han criticado algunas declaraciones de Rodríguez durante estos meses. La última, este mismo jueves donde la ministra habló de "negocio" para referirse al papel que deberían tener los promotores de vivienda para favorecer un alquiler asequible. 

"Todos estamos unidos en este objetivo común y de aquí ha salido hoy el compromiso de fortalecer la colaboración público-privada para incrementar el parque público y los procesos de agilización para incrementar la vivienda asequible", destacó Rodríguez. El Gobierno anunció que explorará incentivos fiscales para que las inmobiliarias pongan en el mercado viviendas con alquiler social. 

"O hay negocio o hay derecho", rebatió el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. "Lo que tiene que haber por encima de negocio es derecho", apuntó también Oskar Matute, diputado de EH Bildu. Asimismo, se ha criticado la Ley del Suelo, recientemente reformada en el Consejo de Ministros, y los avales para jóvenes que quieran comprar una vivienda, también puestos en marcha durante esta legislatura. Esta medida estaba incluida en el pacto de coalición. 

Fuentes socialistas apuntan a que habrá más anuncios y medidas en los próximos días y semanas sobre vivienda. Lo desligan de cuestiones electoralistas y apuntan a que su compromiso con la vivienda es claro. "Estamos haciendo de la política de vivienda uno de los pilares de esta legislatura, puesto que hemos diagnosticado que la vivienda sigue siendo un problema para miles de familias", defendió este jueves la vicepresidenta primera María Jesús Montero. 

La aplicación de la Ley de Vivienda

Más allá de estas medidas, la aplicación de una de las partes clave de la ley estatal de vivienda, que es la limitación de los precios del alquiler, sigue siendo un problema para el Gobierno. Hace unas semanas se publicó, tras meses de retraso, el Índice de referencia de precios de alquiler para zonas tensionadas. Pero las competencias son autonómicas y solo Catalunya ha declarado esas zonas tensionadas por el momento, por lo que es la única que ha comenzado a aplicar el índice. 

Las resistencias principales vienen del PP, que gobierna en lugares como Andalucía, Comunidad de Madrid y País Valencià. El Gobierno lleva meses presionando verbalmente a los populares para que ejerzan sus competencias y apliquen la ley para favorecer la bajada de alquileres. Pero las posiciones parecen enquistadas. Desde el Ministerio de Vivienda apelan a que sean los propios ayuntamientos del PP quienes pidan a sus gobiernos autonómicos un cambio de posición. 

Durante las negociaciones presupuestarias entre PSOE y Sumar, ahora interrumpidas por el adelanto electoral en Catalunya, el espacio que lidera Yolanda Díaz negociaba con los socialistas alguna fórmula para obligar a las comunidades a aplicar la ley.

Sumar presentó recientemente una proposición no de ley para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar como tensionada una zona de mercado de vivienda cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, incluso si la comunidad autónoma no actúa.

El espacio de Díaz también lleva tiempo reclamando la regulación de los alquileres turísticos. La ministra Rodríguez se ha posicionado esta semana a favor de limitarlos en las zonas tensionadas. "Yo no quiero que el centro de Madrid sea un parque temático", ejemplificó la ministra esta semana. El Gobierno, de nuevo, puede toparse con la negativa de las comunidades del PP porque este asunto es también competencia autonómica. 

El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa a la vivienda como uno de los principales problemas existentes en España. Ya en los estudios del pasado año se observaba una tendencia al alza. De nuevo, los socialistas la sitúan como uno de los principales focos del debate político. En el PSOE reivindican un modelo diferente al que defiende la derecha pese a las críticas que le llegan desde la izquierda y algunas entidades sociales.