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4M Cuando las elecciones excluyen a las personas migrantes: aquí vivo, aquí voto

En Madrid viven más de 950.000 extranjeros pero solo un pequeño porcentaje puede votar, pues es requisito indispensable obtener la nacionalidad. 

Cheikh Ndiaye, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE) en la manifestación celebrada el 21 de marzo de 2018 en Madrid
Cheikh Ndiaye, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE) en la manifestación celebrada el 21 de marzo de 2018 en Madrid. MARÍA LOZANO

Cheikh Ndiaye lleva 13 años viviendo en España, gran parte de ellos en Madrid, ciudad a la que llegó desde su Senegal natal para formarse como ingeniero y en la que actualmente trabaja. Sin embargo, el próximo 4 de mayo no podrá elegir al futuro presidente de la comunidad en las elecciones autonómicas.

Residir en la región no se traduce necesariamente en el derecho a votar y eso lo sabe gran parte de las 950.368 personas extranjeras que viven en Madrid, donde las comunidades más numerosas (según el INE) son la rumana (149.944), marroquí (79.820), colombiana (63.762), china (63.549), venezolana (62.825), peruana (44.032) e italiana (39.468). Ni siquiera haber nacido en España es suficiente para poder votar: los hijos de migrantes que aún no han obtenido la nacionalidad española tampoco podrán hacerlo.

La Constitución reserva este derecho a quienes ostentan la nacionalidad, aunque con dos excepciones: en las elecciones al Parlamento Europeo, en las que pueden votar nacionales de los países de la UE residentes en territorio español, y en las municipales, donde pueden participar los ciudadanos comunitarios y los naturales de doce estados que han firmado con España un acuerdo recíproco.

Pero en unos comicios autonómicos, explica a Efe el abogado experto en extranjería Felipe Garoña, la única opción para poder votar es adquirir la nacionalidad, un proceso "largo y tedioso" en el que "se topan con mucha burocracia y trabas".

"En general es complicado y para los africanos bastante más", relata a Efe Cheikh Ndiaye, responsable del área de Juventud e Infancia de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de España (AISE), que recuerda que en el caso de los africanos uno de los requisitos es acumular diez años de residencia legal ininterrumpida para conseguir la nacionalidad y, por tanto, poder votar.

Esta situación forma parte del "racismo institucional" que sufren cada día los migrantes, señala Cheikh

Después de 13 años en España, Cheikh pudo pedirla en enero del año pasado: "A día de hoy no hay respuesta y no se sabe qué pasa con ese expediente y esos documentos que te han hecho pedir por todos los lados", lamenta este activista, para el que esta situación forma parte del "racismo institucional" que sufren cada día.

"El Estado español no lo va a reconocer porque un Estado no puede ser racista, las leyes no pueden ser racistas pero en el día a día te enfrentas al racismo institucionalizado en todos los ámbitos (...) No solo en las instituciones, empieza en los colegios", opina Ndiaye.

Un racismo que un mes antes de las elecciones generales de abril de 2019, llevó a Safia El Aaddam a iniciar la campaña "Votar es un derecho" para poner en contacto a migrantes que no pueden votar con personas que sí tienen derecho al voto, pero no van a ejercerlo, de modo que los abstencionistas votan por el partido que elija quien no puede hacerlo.

Su caso es distinto al de Cheikh. Ella no migró a España, nació en Cataluña y ahí ha vivido siempre. Es hija de migrantes marroquíes y después de 25 años no ha podido votar nunca porque aún no tiene la nacionalidad española. Lleva años denunciando las trabas con las que se encuentran para obtenerla y convertirse en ciudadanos plenos.

Justicia acumula 300.000 expedientes sin resolver

Cerca de 300.000 expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de resolver acumula el Ministerio de Justicia, que hace apenas dos meses puso en marcha un plan de choque para intentar deshacer el atasco que arrastra desde hace años.

Según los últimos datos del INE, en 2019 se nacionalizaron 98.858 extranjeros (un 8,9 % más respecto al año anterior), de los que 22.018 lo hicieron en Madrid y de ellos marroquíes (2.854), ecuatorianos (2.351) y colombianos (2.010) fueron los solicitantes más frecuentes.

En España la nacionalidad se transfiere cuando alguno de los progenitores es español y no por nacer en el territorio, por lo que los padres extranjeros pueden pedirla cuando el menor cumple un año. Solo quienes han pasado por los eternos trámites que desembocan en la nacionalidad tienen garantizados sus derechos políticos.

"Silenciando a gran parte de la sociedad"

"Es una lucha contra el racismo institucional. Están silenciando a gran parte de esta sociedad. Quieren invisibilizarnos pero no lo van a conseguir", denuncia Safia en sus redes sociales desde las que promueve la campaña en todas las elecciones.

En el caso de los comicios del próximo 4 de mayo en Madrid, ya hay más de 200 solicitudes de voto inscritas en la página web (hijadeinmigrantes.com), aunque muchas todavía no están emparejadas porque se están registrando menos personas para ceder su voto, según explica a Efe esta joven filóloga y educadora social.

Una campaña en la que Cheikh Ndiaye anima a participar: "Quien pueda votar, que vote porque votar es un derecho y cada voto cuenta (...) Ahora mismo si tuviera la oportunidad de poder votar, votaría, no sé a quién votaría, pero iría a votar, aunque fuera un voto nulo", reconoce.

Aarón Moya es uno de los jóvenes que no necesitará recurrir a esa iniciativa. Es hijo de migrantes ecuatorianos y aunque nació hace 20 años en España, en su caso sí se le otorgó la nacionalidad. En el año 2000 Ecuador no reconocía a los hijos de sus nacionales nacidos fuera del país, por lo que eran considerados apátridas, uno de los supuestos para adquirir la nacionalidad española.

Ya ha ejercido su derecho al voto en anteriores citas electorales y lamenta que personas que llegaron hace años a España no puedan participar en los próximos comicios por su condición de migrantes: "Al fin y al cabo están contribuyendo al país, ¿por qué no pueden votar si pagan sus impuestos y trabajan como los demás?", cuestiona.

¿Por qué no pueden votar si pagan sus impuestos y trabajan como los demás?", cuestiona Moya

"Un derecho que supone un privilegio para quien puede votar", argumenta Carina Uvidia, licenciada en Periodismo y Marketing Digital que llegó a España en 2008, con 16 años, junto a su hermano pequeño para reunirse con su madre porque sus padres estaban divorciados. Al ser menores de edad, su progenitora solicitó la nacionalidad y el 9 de octubre de 2009 la juraron.

Consciente de su privilegio, Carina anima a votar a los jóvenes migrantes que como ella pueden hacerlo para no desperdiciar la oportunidad que otros compatriotas no tienen: "Tenemos derecho a decidir nuestro futuro, estamos viviendo aquí", asevera.

"Aquí vivo, aquí voto" es el principio básico que defienden desde la Asociación Rumiñahui, cuyo portavoz, Vladimir Paspuel, aboga por modificar la Constitución al igual que se está tramitando la reforma de la Ley Electoral General para suprimir el voto rogado.

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