Aborto y coronavirusLa crisis del coronavirus provoca que abortar sea aún más difícil e inseguro

Entre tres y cuatro desplazamientos debía hacer una mujer para poder abortar antes de la crisis del cornavirus y en muchas ocasiones algunos de esto fuera de su provincia e incluso su comunidad autónoma. Cuando hemos entrado en la cuarta semana del confinamiento por la pandemia, el número de citas a las que una mujer debe hacer frente a la hora de acceder a un aborto no han disminuido en casi ningún territorio del Estado.

Uno de esos desplazamientos obligatorios (porque así lo establece la ley de derechos sexuales y reproductivos) consiste en ir a recoger en persona un sobre con información que elabora cada comunidad autónoma. Lo que se conoce como 'informativa previa presencial' suele contener  una explicación sobre el procedimiento que se quiere llevar a cabo y sobre otros recursos disponibles en el caso de que la mujer decida cambiar de opinión sobre la interrupción del embarazo. Este trámite es clave, porque a partir de la recogida de ese material comienzan a contabilizarse tres días de reflexión obligatoria que marca la ley antes de poder realizar la interrupción del embarazo. 

Diversos colectivos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos llevan unas semanas solicitando a los gobiernos de distintas comunidades autónomas y al Gobierno central, que reduzca el número de desplazamientos necesarios para acceder a un aborto y minimice así las posibilidades de contagio por coronavirus. Afirman que hay trámites que se pueden realizar de forma telemática (como la entrega de los sobres).

El pasado viernes, Catalunya se convirtió en la primera y única comunidad en eliminar este trámite presencial. Una orden de la consellería de Sanidad decretó que esta información se entregaría de forma telemática. Hace unos días la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) realizó esta misma petición al Ministerio de Sanidad, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta. Esta petición se trasladó también al Ministerio de Igualdad. Fuentes de este ministerio afirman a Público que "se están estudiando propuestas", y que se "coordinará todo con Sanidad, que es el Ministerio competente", sin desvelar a este diario qué tipo de propuestas están sobre la mesa.

"Es paradójico que durante un estado de alarma, en el que se está regulando absolutamente todo lo habido y por haber, en que se hacen incluso restricciones a los derechos fundamentales y los derechos civiles de la ciudadanía, que este tema nadie lo haya atajado aún", afirma Silvia Adalvert, portavoz de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 

"De lo que estamos hablando es cómo se pone en riesgo a las mujeres en este momento. Cuando el mensaje es que te quedes en casa, le estamos pidiendo al mismo tiempo a las mujeres que tienen que ir a tres visitas a tres centros de salud diferentes y además que en muchos casos se desplacen de provincia. Esto es una incoherencia. Al final el aborto no deja de ser un derecho que no es considerado derecho", añade Adalvert.

Para esta experta, la obligación de recoger esta información y guardar tres días de reflexión no es más que "una medida moralista y un castigo a las mujeres que las deja en una situación de ciudadanas de segunda, que te tienen que pensar las cosas cuando se lo dice el Estado. Si has venido hasta aquí, te lo tienes que pensar otra vez aunque ya lo hayas reflexionado".

Aborto farmacológico, un clamor internacional

No es la única medida que se está exigiendo. Otra de las peticiones que se están llevando a cabo a nivel nacional e internacional es la implantación del aborto farmacológico que pueda ser realizado en el propio domicilio. Esto requerirá la puesta en marcha de un sistema de seguimiento sanitario a distancia.

Esta medida se ha aprobado en tiempo récord durante el confinamiento en lugares como Escocia, Gales o Inglaterra. También en otros países como Colombia, el ministerio de Sanidad emitió una disposiciones exigiendo a las prestadoras de servicios que activaran mecanismos para facilitar este tipo de aborto en las primeras semanas de embarazo.

"Una petición del feminismo global en todos los países es que se facilite el aborto farmacológico en casa"

"Esta es una demanda del feminismo global en todos los países: que se facilite el aborto farmacológico en casa, primero para no tener que exponer a las mujeres a salir y al contagio por Covid-19 y para garantizar que se pueda hacer la interrupción del embarazo en los plazos requeridos", afirma Almudena Rodríguez de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya.

Organizaciones feministas tanto de Estados Unidos como de Europa están haciendo la mima petición. La red de feministas de derechos sexuales y reproductivos europea está recopilando firmas y emitirá un comunicado esta semana pidiendo al Parlamento Europeo que facilite el aborto farmacológico en casa para todas las mujeres que por plazo puedan acceder a él. Para ello es necesario definir cómo se puede acceder a las pastillas, que podrían ser enviadas a la farmacia cercana o enviadas directamente al domicilio, tal como se está haciendo en Inglaterra.

 "Hacemos un llamado a todos los países en donde el aborto es legal pero donde los servicios clínicos no están al alcance o todos o son de difícil acceso debido a múltiples barreras, incluyendo requerimientos médicos innecesarios que obligan a las mujeres a realizar múltiples e innecesarios desplazamientos a centros de salud (...) a erradicar dichas barreras y asegurar el acceso a los servicios" afirma el manifiesto elaborado por grupos de la sociedad civil europea.

Las barreras ya existían, pero ahora se agravan

Las barreras al acceso al aborto no son nuevas, explican diversas expertas a Público. Pero ahora con la alerta sanitaria y el confinamiento se agravan y no se han adoptado medidas para aliviarlas. Si bien nuestro país consideró desde el inicio de la emergencia del coronavirus el aborto como un derecho fundamental y un servicio de urgencia, y decretó que las clínicas debían permanecer abiertas, no se puso en marcha ninguna otra medida para facilitar el acceso de las mujeres a este servicio en una situación en la que muchas lo tienen ahora más difícil.

Entre las barreras que ya existían y ahora se complica está la de la movilidad de las mujeres a las clínicas de interrupción del los embarazos. Si bien diversas expertas reconocen el trabajo y dedicación que están demostrando las clínicas de interrupción del embarazo en condiciones tan difíciles, afirman que siempre ha existido una enorme disparidad territorial para acceder a ellas.

"Una de las principales trabas al aborto es la desigualdad territorial que es gravísima. No es lo mismo vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona que en una zona rural. También el acceso al aborto es muy desigual a nivel territorial en las diversas comunidades autónomas, porque las competencias de salud que están transferidas y esto ha hecho que cada una tenga su propia regulación y una aplicación del acceso al aborto muy diferente", afirma Adalvert.

Once provincias más Ceuta y Melilla no notificaron haber realizado aborto alguno en su territorio en 2018

Históricamente muchas provincias de nuestro país no notifican la realización de abortos al Ministerio de Sanidad. Si bien registran haber tenido casos de aborto, éstos no se han realizado en esa región, lo que significa que envían a las mujeres a abortar a otras provincias e incluso a otras comunidades autónomas. En la práctica totalidad de los casos los desplazamientos corren por cuenta de las mujeres, tanto en costes como en el medio de transporte. 

En 2018, último año del que el Ministerio de Sanidad tiene datos, 11 provincias  (Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres) más Ceuta y Melilla no notificaron ningún aborto en su territorio, lo que supone que todas las mujeres tuvieron que desplazarse para realizarlos. 

"Ceuta y Melilla, por ejemplo, no cuentan con ningún hospital publico o clínica privada que realice abortos, por lo que las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo tendrán que desplazarse, como mínimo, a alguna provincia andaluza que sí los realice", explica Estefanny Molina, portavoz de la organización Women's Link Worldwide, ejemplificando algunas de las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento.

"En un momento en que la movilidad está restringida por el riesgo de contagio, obligar a un mujer a desplazarse a otra provincia para acceder a un servicio de salud como el aborto, obviamente es un indicativo de que hay fallas en el sistema.  Esto pone en riesgo su salud y favorece la expansión del virus. Nadie debe arriesgarse a un contagio por tener que viajar para acceder a un aborto", añade Molina.

 Otro de los colectivos en riesgo y que ahora se complica su acceso a la interrupción voluntaria del embarazo son las mujeres migrantes en situación irregular. Si ya se enfrentaban con muchos obstáculos ahora deben desplazarse a centros de salud que en algunos casos han cerrado y se les sigue exigiendo cumplir con una serie de requisitos administrativos como poder demostrar que llevan más de 90 días en España. "Todo esto en un momento de restricción de movimientos y cuando la vigilancia policial en las calles se ha incrementado que hace más difícil acudir a los centros o realizar trámites", afirma Molina.

Otro foco de inquietud, señalan desde la Associació catalana, son las menores de 16 y 17 años que ahora están confinadas en sus casas y que con las restricciones que impuso el Partido Popular precisan de permiso de sus tutores legales para realizar la interrupción del embarazo. "Están invisibilizadas y desaparecidas. Es un colectivo con el que trabajamos mucho y en estas últimas cuatro semanas no ha aparecido ninguna. Cuando salgamos de esta emergencia veremos los datos de embarazos o maternidades adolescentes durante este período. En Buhan, la provincia de China donde comenzó la epidemia, los datos indican un fuerte incremento de embarazos de menores", afirma Rodríguez.

Responsabilidad del Estado

Para Women´s Link no adoptar medidas que garanticen el acceso real a la interrupción del embarazo es una "dejadez de las obligaciones del Estado y del Ministerio de Sanidad. Podría haber emitido las disposiciones competentes para asegurar que las mujeres pudieras elegir realizar el aborto en una clínica o hacerlo en casa de forma farmacológica", afirma Molina. 

Esta experta lamenta que el Ministerio de Sanidad emitiera a mediados de marzo una instrucción específica en relación a las mujeres embarazadas (Documento técnico de manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con Covid-19) pero que ninguno de sus capítulos hiciera la más mínima mención al derecho al aborto en ninguno de sus párrafos.

"Y esto es especialmente grave. Se trata de un servicio de salud esencial para preservar la salud física y psicológica de las mujeres incluso en casos de emergencia obstétrica. Y resulta problemático que no haga ninguna mención al aborto cuando es más necesario que nunca que se refuerce la información disponible a través de las fuentes de información del Estado. Se tendría que haber indicado de forma expresa que el aborto es un servicio esencial de salud que no se puede obstaculizar bajo ningún concepto, porque se trata de un derecho que está reconocido en una ley orgánica", concluye Molina.

La importancia de que sean medidas que salgan desde el Gobierno central, destacan las consultadas, es porque sería la única forma de asegurar que todos los territorios de España garantizaran este derecho y evitar que en las diversas regiones se imponga la ideología de quién gobierna. "Es un derecho fundamental y el Estado tiene que tener la palabra", afirma Adalvert.