La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acaive) denunció este martes el "acoso organizado" por parte de grupos antiabortistas que mujeres y profesionales sufrieron ayer con motivo del Día de los Inocentes en centros de toda España.

"Tras una jornada más de acoso programado, pedimos al Ejecutivo coherencia con su programa de Gobierno y que, después de años de hostigamiento, se establezcan zonas de seguridad en el entorno de los centros para garantizar la intimidad y la libertad de las mujeres", señaló la asociación.

"Estos espacios seguros fueron prometidos a las mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo, única prestación sanitaria reconocida y financiada por el Sistema Nacional de Salud que está marcada por el estigma", apuntó Acaive en un comunicado. Se trata del "único recurso sanitario que las mujeres han de realizar bajo coacciones durante todo el año", por lo que reclamó "el establecimiento inmediato de zonas seguras para acabar con esta violencia contra las mujeres que desean interrumpir su embarazo".

Coacción a la libertad de las mujeres

Desde que se aprobase la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (2010) hasta la fecha, podemos afirmar que más de ocho mil mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas y amenazadas de algún modo, cuando ejercían el derecho a interrumpir su gestación en un centro sanitario. Las clínicas de IVE en las que las mujeres interrumpen mayoritariamente su gestación, sufren en su conjunto unas cien acciones de acoso y hostigamiento al año, por lo que la situación se ha vuelto insostenible.

Según Acaive, "la impunidad y la falta de consecuencias que tienen las acciones de hostigamiento animan a estos grupos a intensificar su presión no sólo sobre las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción de embarazo, sino también sobre los profesionales que trabajan en ellas". Denuncia como, "amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos anti derechos organizan de forma recurrente "puestas en escena" en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas.

En estas actuaciones difunden información falsa en los casos menos agresivos, apuntó, "y en otros, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres interponiéndose entre ellas y las puertas de entrada". A su juicio, estas y otras conductas similares "suponen la comisión de más de un ilícito penal; una violación permanente de los derechos de la mujer a la intimidad, a la integridad física y moral y a la salud, así como atentados contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en estos centros".

Por ello, la asociación exigió una iniciativa legislativa que tipifique como delictivas aquellas conductas que obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en la ley, así como el establecimiento de zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios acreditados.