De "infierno en la tierra", describen decenas de mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva las condiciones de trabajo. Pero no se refieren a la dureza del campo, sino a los abusos, violaciones, el trato vejatorio y las condiciones de hacinamiento. Así lo relata la revista alemana Correctiv, publicado el pasado 30 de abril, pero que relata los hechos y testimonios recopilados desde hace un año atrás. 

El magazine inicia su relato con la historia de Kalima, una mujer marroquí que ha decidido denunciar a su supervisor. Ella es una excepción. "La mayoría de mujeres guardan silencio por miedo a perder sus trabajos", afirma el reportaje, que advierte que todos los nombres usados son ficticios para preservar la identidad y la integridad de las mujeres.

El trabajo en la granja de fresas de Palos de la Frontera "es un infierno", afirma la mujer. No  hay cocina, seis mujeres duermen en una habitación, y solo una vez a la semana pueden darse una ducha. Y luego está su supervisor Abdelrahman (nombre ficticio), un hombre marroquí que "viene todas las tardes", afirma. 

"Él tiene los números de teléfono de todas las mujeres", relata Kalima "y obliga a tener relaciones sexuales con él". Cada noche con una mujer.  "Si dices que no, te castiga en el trabajo", dice Kalima. 

El reportaje afirma que "el silencio de las mujeres se ve reforzado por una sociedad civil y un sistema judicial que apenas viene en su ayuda". CORRECTIV ha hablado con docenas de trabajadores migrantes en la región de Huelva, la mayoría de ellas marroquíes que dicen haber sido hostigadas, violadas, chantajeadas, maltratadas físicamente o insultados por sus superiores.

El magazine explica que Palos de la Frontera es una ciudad que se ha enriquecido gracias al cultivo de las fresas. "Alrededor del 80% de las fresas que importa Alemania provienen de la región andaluza de Huelva. Más de 300,000 toneladas de fresas se cosechan cada año bajo un mar blanco de invernaderos de plástico", lo que comvierte a Andalucia en el mayor productor de fresas de Europa.

Pero los lugareños no quieren hablar del tema con periodistas, afirman los autores de la información, que relatan que la reiterada solicitud de entrevistas no obtuvo respuesta por parte de las organizaciones comerciales de regionales como Freshuelva y el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, pero tampoco de organizaciones de defensa de los derechos humanos en la zona. 

Otra mujer de las entrevistadas, que dieron por llamar Sabiha, relata que no se les permite ducharse durante toda una semana. Con temperaturas de más de 40 grados y después del duro trabajo en los campos. Tampoco les permiten ningún descanso cuando se quejan de la espalda tras estar horas agachándose para recoger las fresas. "Lo único que nos dicen es que hagamos más y más cajas mientras nos golpea", afirma esta mujer, que describe la situación como "un infierno en la tierra".

"La demanda de trabajadores baratos, no cualificados, en Huelva está aumentando constantemente. Kalima, Sabiha y sus colegas provienen de regiones de Marruecos donde apenas hay trabajos. Trabajar en España es una forma de escapar de la pobreza. Trabajan desde las 6 de la mañana hasta el almuerzo y luego de nuevo por la tarde. No ganan más de 30 euros por día. Las empresas no pagan si el clima es demasiado malo para la cosecha, la producción se cierra por un corto tiempo, o por razones totalmente arbitrarias, como el castigo por los errores. Los dueños de las plantaciones explotan esta dependencia financiera de los trabajadores", afirman los autores del reportaje.

La barrera del idioma

Pasar al sistema judicial parece casi imposible para las mujeres porque no hablan español y les resulta difícil probar el abuso en los tribunales. "Cuando se le preguntó acerca de investigaciones o estadísticas en curso sobre violencia y abuso sexual, un oficial de policía local en Palos de la Frontera respondió: "El abuso sexual no es algo español".

La consecuencia, afirman los reporteros, "es que solo unos pocos casos terminan en los tribunales". Aunque sí algunos. Es el caso de Martín, Carlos Ramón y Ambrosio, que en abril de 2014 fueron condenados por “violaciones de la integridad moral y acoso sexual” a trabajadoras marroquíes que habían trabajado para ellos en 2009. La sentencia citada considera probado que Martin, Carlos Ramón y Ambrosio insultaron a las mujeres llamándolas “perras” y amenazándolas con enviarlas de regreso a su país de origen.

La pista del elevado índice de abortos

Pero según el reportaje, hay una pista más: la elevadísima tasa de abortos que se registran en Palos de la Frontera. La mayoría de las mujeres que abortan son trabajadoras migrantes.

El reportaje cita a Josefa Mora Gómez, una trabajadora social en el Centro de Salud Pública local y que "debe aprobar cualquier solicitud de aborto que se realice allí", afirman los autores. Según esta fuente, "durante la temporada de cosecha, cuando llegan los trabajadores migrantes, hay un aumento en los abortos y la mayoría de las consultas provienen de mujeres marroquíes, rumanas y búlgaras".

Según Gómez, hubo 185 abortos en Palos y la ciudad vecina de Moguer en 2016, el 90% de los cuales fueron solicitados por trabajadoras temporales venidas de fuera. "Ella sospecha que muchos abortos podrían deberse a una violación", afirma el reportaje.

Los autores de la información afirman que "el único sindicato que comenta sobre este tema es el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En Huelva tienen solo dos representantes, José Antonio Brazo Regalado y su esposa. Mientras recorre las hileras de invernaderos, explica por qué, en su opinión, el abuso sexual es un tabú en Huelva". Regalado afirma que, "siendo un sindicato pequeño, el SAT no puede ayudar a esas mujeres, porque dependen de que ellas denuncien los abusos. Pero muchos están demasiado asustados, un círculo vicioso".