Amnistía Internacional (AI) afirma que el Anteproyecto Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (también conocida como ley solo sí es sí) "supone un cambio de paradigma en cuanto a la prevención, atención y protección de todas las víctimas de la violencia sexual".

Sin embargo, desde AI destacan que "en el proceso parlamentario existe margen de mejora para impulsar cambios que consoliden criterios igualitarios". Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España, afirma que es necesario "garantizar la seguridad jurídica; eliminar las posibles disparidades en cuanto a la atención y protección a las víctimas en todo el Estado".

Además, Álvarez pide "garantizar una correcta interrelación con las otras leyes que abordan todo tipo de violencias, como la Ley de Violencia de Género, o la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia y evitar así incoherencias o solapamientos".

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad pone el consentimiento en el centro. Además, elimina el deleito de abuso sexual del Código Penal (en su lugar solo existirá el de agresión sexual). Con esta ley también se recoge el derecho a la asistencia integral especializada y accesible a las víctimas, así como la formación con perspectiva de género de policías, personal sanitario, forenses y personal de la administración de Justicia.

En este sentido, desde Amnistía Internacional consideran que el anteproyecto de ley "tiene en el Parlamento margen de mejora" y piden la reforma del Código Penal para "eliminar ambigüedades sobre el ejercicio de la violencia sexual" que dejan "la puerta abierta a interpretaciones judiciales, cargadas de estereotipos que terminan revictimizando a las mujeres que deciden denunciar". AI también pide que esta reforma del Código Penal "debe incluir también que se tipifique como tortura la violencia sexual cometida por o con aquiescencia de agentes estatales, tal y como recomienda el Comité contra la Tortura".

Piden que se "consulte el texto de la ley con organizaciones de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad" como en el caso de las mujeres prostituidas ya que las reformas propuestas puedan  "llevarlas a la clandestinidad a una mayor estigmatización".

También piden que "armonice la legislación estatal y autonómica para asegurar que todas las víctimas de violencia acceden al máximo estándar de protección, evitando diferentes reconocimientos de derechos". Denuncian que con estas diferencias, se "sigue enfrentando a las mujeres víctimas de violencia a diferentes criterios interpretativos que repercuten en un acceso igualitario a derechos y recursos".