Aplazado el desalojo de un edificio ocupado por neonazis tras amenazar uno con tirarse al vacío

MADRID.- El desalojo del edificio okupado por neonazis en el barrio de Chamberí (Madrid) ha sido aplazado después de que una persona amenazara con tirarse desde la azotea del inmueble, ha informado el colectivo desde las redes sociales.

Los okupas neonazis de la antigua sede del Ministerio de Trabajo, situada en el número 41 de la calle Bretón de los Herreros de Madrid, habían recibido una orden de desalojo del edificio para hoy viernes a las 10.30 horas.

"El Hogar Social no son cuatro paredes, es el espíritu de militancia, de solidaridad", dicen los neonazis en su comunicado

Ante le desalojo, los ocupantes del llamado Hogar Social Ramiro de Ledesma publicaron un comunicado en el que advertían de que "defenderemos con uñas y dientes" el inmueble", al tiempo que llaman a la movilización de los seguidores para protegerlo.

"El Hogar Social no son cuatro paredes, es el espíritu de militancia, de solidaridad. Son más de 10 las personas que duermen allí y más de 150 las que comen todas las semanas gracias al Hogar", han indicado.

Precisamente, estos okupas, de ideología ultraderechistas, son conocidos por dar alimentos a personas necesitadas sólo de nacionalidad española. Así, hacen un reparto de alimentos en la zona una vez a la semana y permiten que duermen algunas personas en el edificio.

Anteriormente, habían okupado otro inmueble vacío en el madrileño barrio de Tetuán, en el que desarrollaron las mismas actividades durante varios meses, hasta que fueron desalojados el verano pasado. Su presencia provocó enfrentamientos con miembros de extrema izquierda.

Tras el desalojo de Tetuán, el Hogar se instaló en un edificio que es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social —que denunció su usurpación— y fue adjudicado en subasta pública a un particular privado para construir casas de lujo.

En un auto judicial dictado el pasado 17 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid acordó el desalojo inmediato de dicho inmueble porque la imposibilidad de adjudicarlo a la empresa que lo compró "podría causar una gran perjuicio a los intereses de los terceros y en especial para la Tesorería General de la Seguridad Social y los intereses generales".