Las Cortes de Aragón debatirán la posibilidad de retirar la patria potestad de los hijos a los maltratadores a lo largo de todo el proceso judicial y hasta la extinción de la condena, una medida que, de salir adelante, situaría de nuevo como pionera en materia de igualdad a una comunidad que ya lo ha sido en reservar plazas en las oposiciones para víctimas de la violencia machista, en plantear el cierre de locales y empresas por 'LGTBIfobia', en dar cobertura a quienes sufren las 'otras' violencias de género o en supeditar las ayudas públicas al cumplimiento efectivo de las medidas de equiparación entre hombres y mujeres.

La propuesta ha partido de IU, que la ha planteado en una enmienda a una proposición de ley de Ciudadanos para reformar el Código de Derecho Foral y adecuarlo al contenido del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en el sentido de retirar a los maltratadores mientras dure la condena, o "iniciado un procedimiento penal", la capacidad de decisión junto con su víctima sobre si un hijo de ambos requiere "atención y asistencia psicológica", aunque sí debería ser informado.

Esa medida fue incorporada al Código Civil en agosto de 2018 con el primer decreto de desarrollo del pacto, aunque eso no tiene efectos prácticos en Aragón, una de las comunidades que desde la edad media tiene su propio derecho de familia, con particularidades como la posibilidad de que los menores se emancipen a los catorce años y que fue incorporado en 2011 al Código de Derecho Foral, en el que se fundió la legislación propia de carácter civil.

La propuesta de C’s, que traslada literalmente a la legislación aragonesa la norma estatal "para no dar lugar a una desigualdad territorial de aquellos que de forma directa sufren la violencia de género en el seno familia", destaca que "el Código Civil en algunas comunidades autónomas tiene el carácter de mera norma subsidiaria respecto a los derechos civiles forales propios".

"Un maltratador no es un buen padre"

El texto de los naranjas ha recibido dos enmiendas que matizan su texto, una de los cuatro grupos del cuatripartito que preside Javier Lambán y otra del PP, dos más de los conservadores para vincular esas modificaciones en la exposición de motivos, y la de IU, que propone ir más allá y retirar por completo la patria potestad ("autoridad familiar" en Aragón) a los maltratadores desde el momento en que exista una "resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad".

La propuesta, que contempla como maltrato "atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos", plantea que esa "autoridad familiar" sea suspendida cautelarmente en cuanto exista una orden judicial de detención, una orden de alejamiento o un auto de imputación o de procesamiento, que serían los primeros momentos procesales en los que un juez valora los indicios de criminalidad, y que se vea privado de ella "sí ha sido condenado en un proceso penal (...) y mientras no se extinga su responsabilidad penal".

"Se trata de incorporar la incidencia negativa de la violencia machista al ejercicio de la autoridad familiar, ya que el bien supremo a proteger es la integridad del menor", explica Álvaro Sanz, coordinador de IU-Aragón y diputado autonómico, que añade que "un maltratador no es un buen padre, y si una resolución judicial recoge indicios de que no lo es, eso colma las exigencias jurídicas para que deje de ejercerla".

"Plantearon si el maltratador debe seguir ejerciendo la autoridad famliar"

La idea de la enmienda salió de la intervención de varias juristas en el proceso de consultas previo a la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos, que pusieron la mesa las diferencias entre lo que recoge la ley y su aplicación en la práctica, en la que intervienen factores como la sobrecarga de trabajo de los juzgados y la velocidad con la que, como consecuencia de ello, van resolviendo los asuntos.

El Código de Derecho Foral aragonés ya cuenta con un precepto, el artículo 80.6, que establece que "no procederá la atribución de la guarda y custodia" a un progenitor "cuando esté incurso en un proceso penal" por violencia machista "y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad" o "cuando el Juez advierta" su existencia "de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas".

Eso, sin embargo, no afecta al conjunto de la patria potestad sino únicamente a la guarda y custodia de los menores por sus progenitores. Las juristas, en cambio, "plantearon si el maltratador debe seguir ejerciendo la autoridad familiar", señala Sanz, que anota que "al final el menor acaba pagando las consecuencias" de esas situaciones.

La tramitación de la reforma, que comenzó unas semanas antes del confinamiento de marzo, depende ahora de la "voluntad política" de los grupos políticos, explicaron fuentes parlamentarias, por lo que no es descartable que sea retomada tras la de los Presupuestos de la comunidad para el año que viene vista la sintonía entre C’s y el PSOE.