La asamblea climática o cómo hacer que tu abuela se involucre en la lucha ecológica

"Necesitamos cambiar la dinámica, incluir a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de la crisis climática", comenta Fernando Prieto, director del Observatorio para la Sostenibilidad. Esa idea, la de democratizar la lucha ecosocial, fue lanzada en enero por el Gobierno de coalición, que se comprometió a formar una Asamblea Climática donde el pueblo pudiera debatir y proponer ideas en torno al paradigma de movilidad urbano, la descarbonización de la economía o el modelo agrícola del Estado. Sin embargo, la emergencia de la covid parece haber echado por tierra ese reto de empoderar a la ciudadanía.

Aunque lo parezca, no es una utopía. La creación de una Asamblea Climática –donde una abuela de ochenta años debata con un taxista sobre patrones de movilidad y energía sostenible– es ya una realidad en algunos países de Europa como Francia o Reino Unido, donde los ciudadanos propusieron a sus gobernantes, entre otras cosas, que trabajaran para prohibir la venta de vehículos todoterreno por su gran impacto ambiental. Prieto, que alterna la investigación verde con el activismo ambiental, reclama que se retome esta iniciativa, tomando como referencia las experencia británica y gala. 

"La asamblea climática pone fin al tópico de la incompetencia política de las masas"

Sin embargo, ¿hasta que punto se puede involucrar a la ciudadanía en la lucha ecológica? Agnès Delage, investigadora de la Universidad Aix Marseille y miembro de Extinction Rebellion Europa, fue observadora de la iniciativa democrática de Francia y destaca los beneficios que tiene este sistema horizontal: "Esto pone fin al tópico de la incompetencia política de las masas. En Francia y Reino Unido se ha demostrado que la gente está capacitada para entender y decidir sobre el cambio climático".

En cualquier caso, este modelo asambleario no tiene nada que ver con movimientos como el 15-M, sino que se trata de una iniciativa institucionalizada, de modo que la clase política tenga un vínculo con las decisiones y propuestas nacidas desde abajo. La asamblea, tal y como se formó en las Inglaterra y Francia, está conformada por entre 150 y 200 representantes del pueblo que son elegidos bajo sorteo. Un sorteo vigilado por una institución independiente –que en el caso español podría ser la Junta Electoral– donde se garantice que la fotografía final de los elegidos es un reflejo real de la sociedad. Esto quiere decir que habrá paridad –mitad hombres y mujeres–, así como una representación porcentual por niveles de renta, edad, así como población migrante. "Creo que es importante que se recoja de forma fiel la composición de la sociedad", agrega Prieto.

Pero, ¿cómo pueden tomar decisiones sobre el cambio climático personas que posiblemente sean ajenos a este problema? Delage explica que este sistema deliberativo ha contado en Francia y en Inglaterra con una fase previa de formación.  "Vienen expertos independientes de diferentes campos que explican de manera contrastada como está la realidad actual del clima, de las emisiones, del transporte o del sistema energético. Después miembros de la sociedad civil que aportan la visión social del problema y, por último miembros de la patronal, que dan su visión desde el punto de vista empresarial".

Tras este proceso, la asamblea procede a debatir en un proceso largo del que saldrán diferentes ideas y propuestas que serán emitidas al Congreso de los Diputados. Es en este punto donde las experiencias galas y británicas han mostrado sus fallos, ya que las decisiones asamblearias no tienen carácter vinculante, por lo que los parlamentos no tienen la obligación legal de debatir sobre ellas. Si bien es cierto que, en Francia, el presidente Macron dijo que de las 150 medidas emanadas de la asamblea ciudadana iba a trabajar sobre 146, los Ejecutivos no tienen obligación de aceptarlas.

"Es imprescindible que todo lo que se delibere en estas asambleas sea vinculante y obligue a los diputados a debatir sobre ello"

En España, según Prieto, se debe aprender de ese error, de modo el Gobierno dé mayor poder en la toma de decisiones a la futura Cámara Climática. "Es imprescindible que todo lo que se delibere en estas asambleas sea vinculante y obligue a los diputados a debatir sobre ello. Si no, todo termina quedando en un paripé inútil", advierte Prieto.

Las ideas que se debatan, comenta Delage, no deben caer en un exceso de utopía, en tanto que se deben plantear medidas alcanzables, a las que se les pueda asignar un presupuesto estimado antes de ser enviadas al parlamento o al ministerio de turno. Para muchos activistas franceses, esta dependencia del poder ha sido un impedimento en la primera asamblea de 2020, ya que muchas de las grandes aspiraciones de la lucha ecologista tomaron un cierto cariz posibilista. Buen ejemplo de ello es el debate sobre el decrecimiento y la reducción de la jornada laboral a 28 horas semanales, algo que no se consiguió transformar en una propuesta formal. 

Sin embargo, las recientes asambleas climáticas celebradas en estos países han demostrado que involucrar a la ciudadanía tiene sus resultados arriesgados para los pilares centrales del neoliberalismo. Tanto es así, que la formación dada por los expertos y los procesos de debate llevaron a que en Francia se decidiera pedir desde la asamblea que el país saliera del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), debido a sus implicaciones ambientales. 

En cualquier caso, falta un trecho por recorrer para que el Ejecutivo español decida dar el paso de involucrar a la ciudadanía. Tal y como explica Delage, se requiere de cierta voluntad política, pero también de unos presupuestos ambiciosos que permitan que la Asamblea tenga la autonomía necesaria. Y es que, al ser una iniciativa institucional, la democratización de la crisis climática lleva consigo unas necesidades económicas determinadas. En el caso británico, la Cámara de los Comunes destinó tan solo 120.000 libras, a los que hay que añadir otras aportaciones filantrópicas. En Francia, la inversión fue mucho más ambiciosa, pese a los resultados descafeinados, en tanto que el país galo destinó 4.006.198 de euros en la Asamblea Climática.

El Gobierno, por el momento, mantiene paralizada esta iniciativa. No en vano, tarde o temprano, quizá cuando la emergencia del coronavirus termine, España se dispondrá a tener su propia institución ciudadana para la lucha climática. "Partimos de una situación catastrófica, los gobiernos no han resuelto nada y es el momento de apostar por un modelo diferente que garantice que la ciudadanía pueda actuar más allá de sus decisiones individuales", zanja Prieto.