Las sociedades científicas sanitarias de la Comunidad de Madrid denuncian la gestión del Gobierno regional durante la nueva normalidad. Critican las privatizaciones, la construcción del nuevo hospital de epidemias y que no se haya reforzado Atención Primaria y Salud Pública. Señalan la sobrecarga de trabajo de ambos servicios e instan a las autoridades madrileñas a fortalecer la vigilancia epidemiológica urgentemente con la contratación de 500 profesionales (al menos un profesional por centro de salud).

"En cuanto al rastreo de contactos, la cifra de profesionales disponibles para ello actualmente en Madrid, en torno a 180, resulta claramente insuficiente, cuando se estima que para una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1.200 personas para esta tarea. Esperar a que haya un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras medidas más duras", argumentan las asociaciones sanitarias en un comunicado publicado este domingo.

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid) son las sociedades firmantes que instan al Gobierno regional a mejorar rápidamente el estudio de contactos para controlar al virus. 

María Urtasun Lanza, enfermera investigadora en salud pública y epidemiología y vocal de AMaSaP, explica a este medio que hay datos que no cuadran de la región y que desde hace semanas preocupa la falta de personal. "Los profesionales están trabajando al 200%. Faltan manos y pies. Esto puede hacer que no se esté detectando todo y que veamos datos que no cuadran, aunque puede haber más: problemas en la coordinación entre Atención Primaria y Salud Públia, retraso en la comunicación de los datos o que no se esté registrando todo lo que se hace por falta de tiempo. Aunque el sistema está sometido a una presión muy fuerte y todas las deficiencias tiene que ver con que no hay suficientes recursos humanos", argumenta. 

Las asociaciones reconocen algunos avances: ha aumentado la capacidad diagnóstica (se realizan PCR a los casos sospechosos y, a nivel general, el tiempo de diagnóstico es de 24 horas), la indicación del Ejecutivo regional de realizar PCR a todos los contactos estrechos de los casos firmados y de no realizar cribados maivos mediante PCR o técnicas serológicas, recogidas en el documento Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid (del pasado 26 de junio), o el mantenimiento de la no obligatoriedad de usar las mascarillas en todo lugar al sostener que "el uso de mascarillas debe ser racional". Sin embargo, los avances son insuficientes. 

En el comunicado recuerdan que la Atención Primaria y la Salud Pública "arrastran una situación de precariedad crónica" que ha empeorado durante la pandemia: déficit de personal, falta de trabajadores para suplir las vacaciones, fuerte presión asistencial y sobrecargas derivadas de los problemas de salud no atendidos durante el confinamiento, como consecuencia de la covid-19 (duelos disfuncionales o situación de ansiedad por problemas laborales y económicos) y del estudio de contactos.

"Resulta incomprensible que no se cubran las necesidades de personal sanitario, que es lo más urgente y prioritario en este momento, y, al mismo tiempo, se estén invirtiendo recursos en construir un nuevo hospital en Madrid sin dotación de nuevo personal",argumentan las sociedades.

También cuestionan la privatización del servicio de rastreo. La Comunidad de Madrid lo privatizó e Indra y Telefónica han sido las empresas encargadas de contratar a los 42 teleoperadores que se encargan de las llamadas telefónica. "Tenemos serias dudas de que estas tareas puedan ejercerse por personas contratadas mediante una empresa privada ajena al ámbito de la Salud Pública, que desconoce la complejidad del problema al que nos enfrentamos y carece de los conocimientos y experiencia para abordarlo eficazmente."

Según este planteamiento, la situación requiere personal formado por profesionales de epidemiología, enfermería comunitaria y agentes comunitarios de salud con formación en COVID-19. "Al menos debería haber un profesional en labores de vigilancia en cada centro de salud para garantizar la adecuada coordinación entre atención primaria y salud pública. Este personal debería llevar tiempo trabajando en labores de apoyo a atención primaria y salud pública, con intervenciones preventivas a pie de calle y apoyo a personas vulnerables, lo que contribuiría a reducir el riesgo de rebrotes y, en caso de un repunte de casos, como el que estamos observando ahora, podrían incorporarse de inmediato a labores de rastreo de contactos", desarollan.