@JairoExtre

MADRID.- La causa por las muertes de 15 inmigrantes subsaharianos ahogados en Ceuta en 2014 tiene que reabrirse. Así lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Ceuta, que ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, y la Asociación Observatori de Drets Humans. "Los sobreseimientos provisionales ordenados pueden tildarse, en principio, de prematuros", asegura el auto al que ha tenido acceso Público.

La noticia la ha adelantado El Español y la han confirmado a Público dos de las tres organizaciones que presentaron el recurso a un archivo que eximió de responsabilidad a los guardias civiles que intervinieron en el operativo aquella fatídica madrugada.

El 6 de febrero de 2014, 15 personas murieron ahogadas intentando llegar a Ceuta a través del espigón de la playa de El Tarajal. Un operativo de la Guardia Civil trató de evitar la entrada a nado de un grupo de más de 200 personas disparando pelotas de goma y botes humo. Los cuerpos de los fallecidos fueron apareciendo paulatinamente tanto en aguas españolas como marroquíes.

Según el auto de la Audiencia de Ceuta, al que ha tenido acceso Público, los hechos "la investigación no ha alcanzado por diversos motivos los grados de suficiencia y eficacia

que serían exigibles". Tal y como alegó CEAR en su recurso, se archivó sin aguardar a conocer los resultados de las autopsias de los migrantes que fallecieron en el lado marroquí. Unos datos que nunca llegarían a los juzgados españoles. Lo que se investigaba era si la actuación de los guardias civiles fue la causante o un factor que influyera en la muerte de los inmigrantes.

"Nada excusa la tibieza o dejadez para investigar", dice el auto, que añade que hay menos excusa aún "cuando la vida, la integridad física o la dignidad en general de las personas se haya podido ver conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y que, en el desarrollo de tal labor, pueden hacer un uso de la fuerza y emplear medios específicamente destinados a tal fin que son especialmente peligrosos".

CEAR: "Si el Gobierno no rectifica sus prácticas eligales en la frotera sur serán los tribunales quienes dicten sentencia"

Por otro lado, la Audiencia no descarta que los informes forenses de los cuerpos recuperados en la playa de Ceuta fueran elaborados con "prisas innecesarias". Estos cadáveres fueron enterrados en Ceuta apenas un día después de ser recuperados, y el auto destaca que no se practicaron "análisis específicos" interesantes para determinar si influyó en la muerte la actuación de la Guardica Civil, como análisis "toxicológicos e histopatológicos".

"El forense debe desarrollar su labor con “celo” y “esmero” y ello quizás habría debido llevarle a realizar algunos análisis específicos, como los toxicológicos e histopatológicos que la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes echó en falta, para contrastar la posible influencia de los gases que se emplearon para evitar que alcanzaran los inmigrantes la costa ceutí y determinar el carácter previo o posterior a la muerte de determinados menoscabos físicos que sufrieran", dice el auto.

También pone en tela de juicio la poca validez que dio la instructora a los testimonios de algunos supervivientes que documentó una ONG. "El que no se cuente incluso con una identificación fiable de los testigos no constituye obstáculo alguno. Lo importante es intentarlos oír y realizar los esfuerzos que sean posibles para lograrlo, se consiga o no finalmente. Debe afirmarse, por lo tanto, que la instrucción no ha sido agotada como le era exigible por tales motivos", sentencia el escrito.

"Celebramos que por fin se esté haciendo justicia", ha declarado Estrella Galán, secretaria general de CEAR, que considera la reapertura del caso "una gran victoria judicial". "Es un muestra de que las prácticas irregulares que se están llevando a cabo en la frontera sur tendrán un respuesta en los tribunales. Si el Gobierno no rectifica estas prácticas serán los tribunales quienes dicten sentencia y hagan justicia, eso es la garantía de contar con un Estado de Derechos", ha añadido Galán, que espera que las nuevas diligencias obliguen a decretar un nuevo juicio oral.

El juzgado de instrucción número 6 de Ceuta imputó a 16 guardia civiles por los delitos de homicidio imprudente y lesiones. Entre ellos había un capitán, un teniente y un sargento al mando del operativo que disparó contra los inmigrantes.

La jueza María del Carmen Serván ordenó archivar el caso en octubre de 2015. No apreció ningún "indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material", por lo que les eximió de responsabilidad.

Ahora, casi tres años después de los hechos, la Audiencia ceutí ordena reabrir la investigación. "Existen diligencias acordadas y no practicadas por el Juzgado", dice la Audiencia, en particular las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y que este país no ha contestado.

Para los magistrados, "ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias".