"No pueden plantarse aquí, donde hay unas viviendas, y decir: "venga, que vamos a hacer unas casas con una expropiación", explica Miguel, miembro de una de las cuatro familias del Camino de Miraflores afectadas por las expropiaciones que ha puesto en marcha para completar los terrenos de las juntas de compensación en cuyos negocios inmobiliarios participan familiares del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

"Por aquí no pasa una autovía ni el AVE -añade-. No es una obra pública: aquí van 400 y 500 viviendas, y a una media de 250.000 euros estamos hablando de muchos millones como para que nos digan: ‘venga, tomad esto e iros".

La Junta de Gobierno municipal, integrada por nueve concejales de PP y Cs, aprobó inicialmente el 24 de mayo los planes de sendas promotoras, que permanecían congelados desde 2009, para construir 532 y 409 viviendas en el área de Miraflores, una de las de nueva expansión de la ciudad; en la primera son socios, minoritarios junto a varios de los principales constructores de la ciudad, los padres de Azcón, que tienen una expectativa de negocio de entre 300.000 euros y un millón, mientras que en la segunda figura como arquitecto uno de los hermanos del político conservador llamado Julio.

La velocidad con la que ambos proyectos han obtenido la aprobación inicial, ya que fueron presentados en febrero y bendecidos en mayo, en menos de tres meses, tras llevar más de una década paralizados, ha causado sorpresa tanto en medios políticos como entre los afectados por las expropiaciones.

El hecho de que el alcalde votara a favor de ambos proyectos en la Junta de Gobierno, tal y como adelantó Público, provocó un escándalo político que le forzó a comparecer ante los medios, lo que aprovechó para afirmar que desconocía la participación de sus padres en el negocio, y llevó a los partidos de la oposición de izquierdas a proponer al pleno la reprobación de Azcón por "tomar parte en la votación (...) encontrándose en una situación de conflicto de interés, incumpliendo el deber legal de abstenerse", y a solicitar la creación de una comisión de investigación para aclarar "las implicaciones que pudiesen derivarse del hecho de que (…) hubiera podido incurrir en conflicto de interés".

Finalmente, el pleno rechazó este viernes esas propuestas al unir Vox sus votos a los de PP y Cs: la derecha, del centro al extremo, optó por aplicar el rodillo y por ponerle trabas, en este caso insalvables, a la transparencia.

"Me quedé parado al ver que estaban los padres y el hermano"

"Esto lo quieren arrancar porque les quedan dos años" de legislatura municipal, anota Miguel, que asegura que "yo me quedé parado cuando ví que estaban los padres y el hermano". "Hay muchísimos intereses creados", añade Cris, su pareja.

Tanto ellos como las otras tres familias, entre las cuales suman algo más de una veintena de vecinos, han decidido plantar cara al Ayuntamiento y a los promotores. De hecho, este viernes presentaron alegaciones contra el inicio del expediente de expropiación en las que, entre otras cosas, denuncian la presencia de errores de tramitación. Llevarán su postura a los tribunales si no es aceptada en la vía administrativa.

"Si llegamos a un acuerdo, llegamos, pero nos tendrán que pagar lo que vale la casa. Si no, iremos a los juzgados y los jueces dirán lo que tengan que decir", indica Miguel, que considera "razonable que haya un plan [urbanístico para esa zona] y que la ciudad se expansione, pero no podemos pagarlo nosotros".

No se trata, pese a encontrarse prácticamente en las afueras de la ciudad, de segundas residencias ni casas de veraneo. "Llevamos 18 años viviendo aquí. Tenemos hipoteca y nos hemos sacrificado trabajando para pagar la reforma", explica.

Las familias están dispuestas a negociar con los promotores, aunque no a salir de sus casas a cualquier precio. "Nosotros no somos ningún problema. No nos tienen que hacer ricos, pero nos tienen que dar lo que corresponde. Y mientras tanto llegaremos a donde tengamos que llegar", mantiene el propietario, que anota que "todo es relativo y todo puede pasar, pero que no vayan a pensar que nos vamos a ir corriendo. En semejante operación no creo que sea un problema llegar a un acuerdo con cuatro familias. Pero esta piedrecita que tienen en el zapato lo puede parar todo. Y eso lo saben".

El PSOE pide la comparecencia del concejal de Urbanismo

De hecho, la expropiación de estos terrenos, una medida que la ley contempla para fines de carácter privado pese a que uno de los requisitos de ese tipo de procedimientos siempre ha sido la existencia de una utilidad pública y/o un interés social, se están convirtiendo, al margen de la postura de los afectados, en un escollo para los promotores.

En este sentido, en el expediente de la promoción en la que participan los padres del alcalde consta un informe de los técnicos municipales que indica que la "expropiación de los propietarios no adheridos" es uno de los "procedimientos a tramitar antes de la aprobación definitiva" del proyecto. Es decir, que sin ella no podría salir adelante.

Ese es uno de los motivos por los que el PSOE ha pedido una sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo para que el responsable del área, Víctor Serrano, de Cs, comparezca y explique qué está pasando con esas dos operaciones inmobiliarias.

"No es que sea ilegal, pero sorprende tanta prisa", explica el concejal socialista Horacio Royo, que anota que "lo procedimental y lo canónico habría sido que primero se hubieran llevado a cabo las expropiaciones, antes del proyecto de reparcelación".

"Han traído el proyecto sin tener todos los terrenos, y con esa documentación el ayuntamiento podría haberlo devuelto tranquilamente hasta que tuvieran los suelos", añade, al tiempo que recuerda que "los informes condicionan la aprobación definitiva a la disponibilidad de los terrenos".

"Todo va en la misma dirección: gobernar para las grandes familias"

Entonces, ¿a qué responde tanta celeridad? "Quieren tenerlo antes de que termine la corporación municipal" en junio de 2023, apunta Royo, que coincide en esa apreciación con los afectados y, en general, con medios políticos de todo el arco.

Pedro Santisteve, concejal de ZeC (Zaragoza en Común), apunta en una dirección similar. "Vuelven a Zaragoza las prácticas corruptas de la derecha. Nuestros vecinos y vecinas no son tontos, son ya demasiados "errores": las clases del inglés pagadas con dinero de Europa, la compra con dinero público de un móvil de 1.200 euros y de unos lazos para manifestarse contra la ley Celaá. Todos ellos en la misma dirección: gobernar para las grandes familias y contratas de la ciudad. En definitiva, el expolio de lo público en provecho propio".

Los vecinos afectados son conscientes de que esa necesidad de disponer de los terrenos juega a su favor. "El ayuntamiento no puede dar los permisos definitivos si no están de acuerdo con los propietarios, y nosotros presentamos alegaciones", anota Miguel, mientras Cris recuerda cómo los promotores, coincidentes en alto grado en las dos operaciones, "querían que todos los propietarios se adhirieran a la Junta de Compensación, pero se han encontrado con que nosotros no queremos".

"Ya han metido mucho dinero, y han cerrado acuerdos con algunos vecinos de otras zonas", apunta Miguel, que considera que "no van en broma. Pero que tampoco se crean, que si esto lo paramos…".