Ni una baja por menstruación incapacitante en ocho provincias

En lo que respecta a la menstruación,"toda la vida nos hemos tenido que apañar", relata por teléfono Xisca Garí, portavoz de la gestora y responsable del área externa de UGT Illes Balears. Ya fuera aplacando el dolor con analgésicos para pasar la jornada laboral o solicitando una baja con cualquier otra excusa, las trabajadoras llevan años urdiendo fórmulas para compaginar la vida laboral con el dolor menstrual. Incluso en aquellos casos en los que este era tan agudo –dismenorrea secundaria– que en realidad ocultaba una patología.

Precisamente, para ampliar la cobertura de estas mujeres, en febrero de 2023 el Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero (Unidas Podemos), impulsó la ley 1/2023, de 28 de febrero, conocida como la reforma del aborto. En ella se incluían las bajas laborales –incapacidad temporal– por dismenorrea secundaria, también conocida como menstruación incapacitante, y las bajas por interrupción voluntaria del embarazo. A partir de la nueva norma, en ambos casos el subsidio se cobra desde el primer día de la baja laboral y no al tercero, como ocurre con el resto de las contingencias comunes. Además, esta baja corre íntegramente a cargo de la Seguridad Social.

A pesar de los avances, en los seis primeros meses desde su entrada en vigor, en junio del mismo año, sólo 875 mujeres solicitaron una baja por menstruación incapacitante, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a los que ha tenido acceso Público a través de una solicitud de transparencia.

Incluso, en algunas regiones como en las provincias castellanoleonesas de Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Palencia, o en Illes Balears y La Rioja, ni siquiera se ha registrado una baja por este motivo. En otras 30 han sido menos de 10 las trabajadoras que se han acogido a esta incapacidad. De hecho, en Badajoz, Burgos, Cáceres y Lugo, tan sólo la ha solicitado una mujer.

La escasez de bajas tiene su origen, según las expertas consultadas, en el infradiagnóstico de las patologías que dan lugar a la menstruación incapacitante. Este es el síntoma principal de los miomas, las adenomiosis, pero, sobre todo, la endometriosis. El diagnóstico es un requisito previo indispensable para que una trabajadora solicite esta incapacidad temporal.

Según uno de los estudios más relevantes sobre la prevalencia de esta enfermedad, la endometriosis afecta a un 10% de la población femenina en edad fértil. Ello vendría a suponer alrededor de 1.164.127 del total de mujeres que residían en España en 2022. O unas 650.880 de las trabajadoras ocupadas a finales de 2023, según las estimaciones de Público basados en los datos de la Encuesta de Población Activa del INE.

Tomando como base esta cifra, las 875 mujeres que han pedido una baja por esta razón en seis meses vendrían a suponer tan sólo el 0,13% de las trabajadoras que sufren endometriosis. Esta operación muestra una tendencia, pero no se ajusta al completo a la realidad. Para empezar, porque no tiene en cuenta a las mujeres que, aún padeciendo esta enfermedad, no menstrúan, bien porque toman alguna medicación que les impide hacerlo o porque se someten a determinadas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, siguen padeciendo la enfermedad. Estas trabajadoras sólo pueden acceder a las bajas por endometriosis, que no tienen las mismas prestaciones que la aprobada en junio por el anterior Gobierno.

A pesar de la alta prevalencia de la endometriosis, no es hasta los nueve años de padecer cólicos, calambres y sangrados, que la mujeres suelen recibir un diagnóstico acertado. Hasta ese momento, la incapacidad laboral por menstruación incapacitante queda fuera de su alcance.

El retraso en el diagnóstico está inevitablemente relacionado con la falta de unidades médicas especializadas en esta problemática, y con una histórica falta de interés en las dolencias típicamente femeninas. Ana Ferrer, vocal de derechos y salud de la mujer de la Asociación Estatal de Afectadas por la Endometriosis (ADAEC), destaca que "se necesita mayor igualdad sanitaria, porque no se está ejerciendo en condiciones".

En este terreno hay comunidades más avanzadas que otras. Para Ferrer, Castilla y León e Illes Balears, "son regiones que no van precisamente bien" en este ámbito. Lo sabe porque una parte importante de los correos y las llamadas de auxilio que reciben en la asociación provienen de allí, además de Galicia y de Castilla La Mancha.

"Baleares tuvo una unidad de endometriosis no oficial, pero cuando el médico se jubiló, la unidad desapareció. Es lo que suele ocurrir cuando las unidades son no oficiales", relata. Una unidad médica es un equipo formado por médicos de distintas especialidades que trabajan sobre una patología concreta. Una unidad no es oficial cuando cuenta con el no posee el sello de oficialidad del Ministerio de Sanidad, que le permitiría contar con recursos constantes.

Por su parte, el Pleno de la Junta de Castilla y León aprobó en 2017 la creación de una unidad en Salamanca. Siete años después, no hay rastro de él. Salamanca es, de hecho, una de las ocho provincias en las que ni una sola mujer ha solicitado una baja por menstruación incapacitante entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2023. Tampoco en las provincias aledañas de Zamora, Ávila, Segovia, o Palencia.

Por contraposición, en Navarra, donde tampoco hay unidades de endometriosis, el número relativo de trabajadoras que se han dado al menos una vez de baja por esta razón es el más elevado de todo el país, con diez por cada 10.000 trabajadoras, según los cálculos realizados por Público. En cambio, en esta comunidad no hay unidades de endometriosis. Sin embargo, cuentan con ginecólogas formadas y sensibilizadas con esta patología"que intentan hacer avances para mejorar nuestra situación", explica Naroa Mendaza, vicepresidenta y delegada de la Comunidad Foral de ADAEC.

Por poner en contexto, el caso de Navarra multiplica por diez los de Madrid, donde en el mismo periodo se ha dado de baja una de cada 10.000 trabajadoras. Ello a pesar de que en la capital hay activas tres unidades: una de ella oficial, en el Hospital La Paz y otras dos no oficiales, situadas en el Hospital 12 de Octubre y Clínico San Carlos.

"Una cosa es que exista [una unidad] y otra distinta que funcione", subraya Ana Ferrer. Para ilustrarlo, pone el ejemplo de la unidad no oficial del Hospital Materno Infantil de Málaga, que lleva funcionando más de una década. En 2018, antes de la salida del PSOE del Gobierno andaluz, se oficializó esta unidad y se aprobó la creación de otra en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Pero ni el entonces Gobierno socialista ni el posterior popular, han llegado a poner en marcha el equipo sevillano. A causa de esto, la unidad de Málaga se encuentra "totalmente colapsada", lamenta Ferrer.

Por el momento, en la ciudad andaluza sólo 52 mujeres han solicitado una baja por esta razón, lo que supone 1,6 de cada 10.000 trabajadoras. Por su parte, en Sevilla, el número de mujeres que se han dado de baja por menstruación incapacitante es menor, a pesar de su mayor población. En seis meses, en la capital andaluza, han pedido esta incapacidad laboral 41 mujeres. Es decir, 1 de cada 10.000 trabajadoras.

La falta de materialización de estos proyectos ahonda en las limitaciones sanitarias que ya de por sí experimentan las mujeres que sufren esta patología. Teniendo en cuenta este contexto, y sin olvidar el largo camino que recorren estas mujeres para ser diagnosticadas, Ferrer considera que la ley debe ampliarse para incluir los casos de mujeres "que estén en búsqueda de diagnóstico".

Territorio, estigma, desconocimiento y sector productivo

Los obstáculos para acceder a una atención médica adecuada se multiplican en determinados territorios. Por ejemplo, en las zonas más rurales de España, como las que se extienden por Castilla y León. María Fe Múñiz, secretaria de Salud Laboral de UGT en esta autonomía cree que la "la idiosincrasia de la región dificulta aún más el acceso a un médico de atención primaria que pueda hacer un seguimiento de una dolencia, y reduce las posibilidades de diagnosticar precozmente esta patología".

Este aislamiento también incide en "la falta de conocimiento de la baja por parte de muchas trabajadoras". Múñez sospecha que la ignorancia puede ser más aguda entre mujeres que se encuentran al final de su vida laboral. Ellas están, además, "más acostumbradas a seguir funcionando con dolor". En su rol de cuidadoras, las mujeres tienden a relativizar y normalizar sus síntomas –sobre todo aquellos relacionados con la menstruación– alejándose así de las consultas médicas, que además en ciertos entornos son ya de por sí son inaccesibles, y donde, históricamente, han sido estigmatizadas. En este contexto, solicitar baja por un diagnóstico de endometriosis queda inicialmente descartado.

Pero Múñez pide también prestar atención a "la variable del envejecimiento de la población femenina" en las provincias castellanoleonesas. El 56% de las trabajadoras ocupadas en esta región el último trimestre de 2023 tenían más de 45 años, de acuerdo a los datos del INE. Es decir, que más de la mitad de las trabajadoras menstrúan cada vez menos, cuando no –el 25,5% tienen más de 55 años– han dejado de hacerlo. Esto no significa que la endometriosis desaparezca, de hecho, incide Ferrer, "a veces va a peor". Pero sin menstruación, no hay bajas por esta razón.

Ruralidad y envejecimiento de la población son algunos de los elementos que podrían explicar las reducidas –o inexistentes– solicitudes de bajas por menstruación incapacitante en Castilla y León. Pero no sirven para explicar la situación de las cinco islas baleares, en las que tampoco se ha registrado una sola baja por este motivo en los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la nueva norma.

Múñiz sostiene que, de nuevo, atender a la estructura laboral de la comunidad uniprovincial puede arrojar un poco de luz sobre este fenómeno. Illes Balears es uno de los puntos neurálgicos del turismo en España, y el reciclaje de sus trabajadores suele ser continuo en lugares como Ibiza o Mallorca, ello a pesar de no ser la comunidad autónoma con la temporalidad más alta según el registro del INE.

Xisca Garí, de UGT Baleares, cree que entre el desconocimiento, la temporalidad y la economía sumergida, son muchas las trabajadoras que prefieren no "molestar" solicitando una incapacidad por esta razón. En cambio, sospecha, terminan haciendo uso de antiguas fórmulas para enfrentar su dolencia. Por ejemplo, solicitando una baja por cualquier otra razón "contando algún rollo", para que no tener que explicitar la razón de la incapacidad temporal, o negociando con la empresa una flexibilización del horario cuando hay "sintonía" con la dirección.

Pero todas estas opciones privan de los avances de la nueva ley a las mujeres con dismenorrea secundaria. Por ello, las asociaciones de pacientes y organizaciones sindicales coinciden en destinar más esfuerzos en "la labor informativa", que ayude a combatir la estigmatización y promueva la "detección precoz de la patología".