Baleares, pionera en España al producir y vender energía renovable pública para abaratar la factura de la luz de las familias

Es un simple tejado. Allí, en lo alto de un colegio público de Santa Eugenia, en Mallorca, las placas solares destellan por primera vez. Aunque ya empiezan a ser abundantes en todo el del Estado español, estos paneles esconden una hazaña importante que sitúa a las Islas Baleares a la cabeza de la transición energética. Tanto es así que estas fuentes renovables han generado este miércoles los primeros kilovatios verdes producidos por una empresa pública de energía – el Instituto Balear de la Energía (IBE)– y comercializados a los vecinos del lugar.

El CEIP Maestre Guillemet, que es el nombre de la escuela, es desde este miércoles un centro público que se autoabastece energéticamente y que, además, destina parte parte del excedente al suministro de algunos vecinos del pueblo que ya han contratado los servicios de la empresa pública. Son 38 familias (cuatro de ellas en situación de riesgo de pobreza energética) las que ya se iluminan, calientan y refrigeran gracias a estos paneles públicos del IBE. Además, otros dos edificios municipales –un centro de salud y una guardería– estarán conectados a estas placas.

Juan Pedro Yllanes, vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, detalla a Público que cada hogar ahorrará al año una media de 100 euros en las facturas de la luz. "Es un hito a nivel estatal. Estamos hablando del primer pueblo en que una comunidad de autoconsumo pública produce y comercializa su propia energía. Es un pequeño paso de los muchos que vendrán", dice el político de Podemos.

El IBE realizó la instalación de 40 kW y, en los últimos meses, sacó un concurso público para que las viviendas y empresas ubicadas en un radio de 500 metros pudieran solicitar el servicio. "Es una energía que, debido a la cercanía, se vierte a la red sin peajes", informa Pep Malagrava director general de Energía de Baleares. Para determinar quien se beneficia de esta nueva infraestructura energética, el Govern ha otorgado prevalencia a aquellos hogares más vulnerables y se han firmado contratos de 4 años. Tras ese periodo, se volverá a sacar a concurso y, en caso de que se amplíe la capacidad de suministro con nuevos tejados en el municipio, se podrá incrementar el número de clientes. De hecho, en la actualidad ya hay cuatro personas en lista de espera que podrían beneficiarse si se construyen nuevas infraestructuras en la zona o si alguna de las viviendas decide darse de baja.

El tejado solar es la primera piedra de un proyecto de transición energética ambicioso que, según Yllanes, "democratizará" el acceso a las renovables en las islas. Ese mismo Ayuntamiento, el de Santa Eugenia, ya está estudiando ofrecer otro terreno público para incrementar la capacidad de autoconsumo del pueblo y, según informan desde el Govern, ya cerca de una treintena de peticiones de otros municipios que estarían interesados ampliar la cobertura energética del IBE. 

La proyección para este año es que la empresa pública del Govern amplíe su capacidad con en torno a 40 instalaciones fotovoltaicas que podrían variar del tamaño y capacidad, según los terrenos y tejados disponibles. Aproximadamente, según los cálculos de la Dirección General de Energía, unas 2.000 familias podrían disfrutar de este servicio público. Malagrava destaca que este proyecto energético se aleja del funcionamiento habitual de los mercados, ya que el IBE no coloca los paneles para obtener "ni perdidas ni ganancias", sino que los beneficios obtenidos se orientan a "nuevas inversiones en los municipios" para ampliar la oferta y dar cobertura a un mayor número de hogares. 

La iniciativa del Govern balear es pionera por ser la primera en, no sólo comercializar energía desde un ente público, sino también producirla. Los precedentes más directos en España se pueden encontrar a una escala municipal, con el caso de Eléctrica Cádiz, la compañía municipal gaditana creada por el Ejecutivo de  José María González Santos Kichi, o Barcelona Energía, impulsada por Ada Colau. Sin embargo, estas son compañías públicas comercializadoras que acuden al mercado libre y ofrecen a los ciudadanos el precio más ajustado.