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Los bulos y la desinformación ¿Debe la Guardia Civil perseguir los bulos?La fina línea que separa delito y opinión

Tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, la desinformación ha saltado a la primera línea de la actualidad política. La acción del Estado, las fuerzas de seguridad y las propias redes sociales reabre un debate con la libertad de expresión en juego.

Agentes de la Guardia Civil en un cuartel. EFE
Agentes de la Guardia Civil en un cuartel. EFE

JUAN CORELLANO

"Minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis del Gobierno". Estas palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, despertaron todas las dudas posibles sobre la actuación del Ejecutivo en su intento por frenar el creciente clima de desinformación que vivimos durante la pandemia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo achacó a un "lapsus", una confusión entre los términos Estado y Gobierno, que, no obstante, también se cometió en un correo electrónico remitido desde el Estado Mayor de la Guardia Civil el 15 de abril. En este mensaje, se instaba a identificar y hacer un seguimiento de "bulos y fakes news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno", tal y como desveló la Cadena SER.

Según el propio Santiago Marín, se trataba de un "error de expresión", oral y escrito, que sirvió para reabrir el debate sobre la supuesta monitorización de las redes sociales por parte del Gobierno a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Sánchez debe explicar si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión", afirmaba el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Un debate en absoluto nuevo, aunque novedoso en boca de la oposición, que parece haberse olvidado de precedentes como la Operación Araña, una investigación de la Guardia Civil para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales que, en connivencia con la Ley Mordaza del PP, llevó a los tribunales a tuiteros como César Strawberry, Cassandra Vera o Arkaitz Terrón. Este último fue finalmente absuelto, aunque con el voto en contra del entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

En estos días, la lucha contra la desinformación parece haberse tornado en una cuestión más política que de Estado, desvirtuando entre acusaciones partidistas su verdadera razón de ser. "Muchos organismos y partidos utilizan la desinformación para lanzarse pullas. Pero realmente hablamos de desinformación cuando se ataca al Estado de derecho", asegura Carlos Galán, abogado especializado en la materia y miembro del equipo de investigadores de ICLAVES para el desarrollo del proyecto del Parlamento Europeo dirigido a combatir las Amenazas Híbridas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la amenaza no reside tanto en particulares desmentidos políticos sino en posibles ataques al Estado, la siguiente pregunta es: ¿quién y cómo lucha en España contra los bulos circulantes?

¿Los bulos son delitos?

El papel de Policía y Guardia Civil frente a los bulos es limitado: pueden perseguirlos si constituyen un delito. Galán asegura que para ello no hacen falta grandes reformas, pues "casi todas las fake news tienen encaje como delito". Por su parte, la Fiscalía General del Estado, que publicó a mediados de abril un informe en el que defendía cómo los bulos podían constituir, según su naturaleza, hasta una decena de delitos recogidos en el Código Penal (delitos de odio, desórdenes públicos, injurias o calumnias, estafas...). Una flexibilidad que, no obstante, es objeto de debate dentro del mundo judicial y no aceptada por muchos especialistas, incluido Sánchez Almeida.

Sin embargo, más allá de los bulos potencialmente punibles, las fuerzas de seguridad patrullan con asiduidad las redes sociales para estar prevenidos ante posibles infracciones. Algo necesario, pero que, en la práctica que despliegan nuestros Gobiernos, según Sánchez Almeida, desemboca en "investigaciones prospectivas" que contravienen las recomendaciones internacionales, tal y como denuncia la PDLI. El jurista asegura que se trata de una "monitorización de opiniones" que no puede llegar a materializarse en una persecución en los tribunales, por lo que "da la sensación de que son globos sonda para amedrentar".

"La experiencia nos dice que las leyes creadas bajo el paraguas de las 'fake news' intentan coartar la libertad de expresión", recuerda Raúl Magallón

Como es palpable, la línea que separa el perseguir bulos de la intromisión en la libertad de expresión es muy fina, y precisamente por ello hay quienes abogan por legislar ciertos aspectos de esta materia. "El debate sobre legislar debe servir para proteger la libertad de expresión. La experiencia nos dice que todas las leyes creadas bajo el paraguas de perseguir las fake news contienen elementos que intentan coartar la libertad de expresión", asegura el autor de Unfaking News, Raúl Magallón.

Por ejemplo, una regulación que obligue a distinguir con claridad y uniformidad la publicidad institucional presente en medios de comunicación y redes sociales. Futuras leyes que no necesariamente atañen al Estado, sino también a las propias redes sociales, pues, en el terreno de la desinformación, deben entrar en juego otros importantes actores cuando los bulos se separan del delito.

Obligaciones para redes sociales

Actualmente, en España, las redes sociales no tienen una obligación explícita de controlar los bulos que circulan en su seno. En su esfuerzo por combatir este fenómeno en crecimiento, la Unión Europea firmó con Facebook, Google y Twitter un código de buenas prácticas contra la desinformación que, más allá de las buenas intenciones sobre el papel, no establece ninguna responsabilidad jurídica para estas. "Pueden ser convenientes medidas legales que incrementen las obligaciones por parte de las redes sociales", asegura Galán.

En esta línea, entre los múltiples ejemplos que existen de la actuación en otros países, Magallón señala el británico, donde la Cámara de los Comunes apuntó en un informe del año pasado la posibilidad de concebir estas empresas como "medios sociales". Este cambio les atribuiría una mayor responsabilidad legal sobre los contenidos que en ellas se publican.

Sobre estas posibles nuevas normas y obligaciones, la cofundadora de Maldita.es, Clara Jiménez, puntualiza que "no pueden afectar a los contenidos, porque entonces estaremos censurando". Ella conoce bien este debate, en el que ha participado desde hace años incluso en un grupo específico de la Comisión Europea. También la labor de las redes sociales, pues su agencia de verificación colabora con Facebook, junto con Newtral y AFP, en la detección de informaciones falsas en la plataforma. "Creo que aliarse con los periodistas funciona. Es un buen camino que las plataformas están dispuestas a explorar", asegura.

En un debate capitalizado por Estados, fuerzas de seguridad y grandes empresas tecnológicas, los periodistas, que históricamente habían sido los encargados de desmentir las falsedades, ahora parecen los últimos en ser llamados a intervenir. Precisamente, Magallón aboga por que parte de la legislación se destine a aumentar la transparencia de los mismos, algo que podría contribuir a recuperar la confianza perdida por parte de la población.

El autor de Unfaking News recuerda cómo la agencia de verificación de Jiménez ha desmentido ya cerca de quinientos bulos sobre la covid-19 desde el inicio de la pandemia. "Tenemos que preguntarnos qué habría pasado ahora si verificadores como Maldita.es no estuvieran", recuerda Magallón.

El Estado contra la desinformación 

Nacionalmente, la desinformación comenzó a ser cuestión de Estado bajo la sombra de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, y la posibilidad de que esta también estuviera presente en la crisis catalana. Esas sospechas impulsaron la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2017 bajo iniciativa del PP y con la connivencia de PSOE y Cs, y posteriormente la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que vio la luz en 2019.

Dos leyes que deberían servir como marco legal para la actuación del organismo que se hace cargo de lo referente a la desinformación: el Consejo Nacional de Ciberseguridad, compuesto a su vez por el Departamento Seguridad Nacional (dependiente del Ministerio de Presidencia) Oficina de Coordinación Cibernética (dependiente del Ministerio del Interior) y el Centro Criptológico Nacional (del CNI, dependiente del Ministerio de Defensa).

En estos documentos, sin embargo, las menciones a la desinformación son contadas y poco específicas. "Son unas líneas maestras, no tienen la forma de una ley, no hay nada obligacional", asegura el jurista de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, quien aclara que "lo que se pretende hacer desde Interior no está cubierto por la Estrategia de Seguridad Nacional".

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