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Burbuja del alquiler Vecinos de tres urbanizaciones de Vallecas se plantan ante las subidas "abusivas" de los alquileres impuestas por un fondo buitre

Según denuncian junto a la PAH y el Sindicato de Inquilinos, la empresa Fidere, que compró estas viviendas sociales al Ayuntamiento de Madrid durante la época de Botella, pone como condición para renovar contratos un aumento de hasta el 80% de la renta.

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Una protesta contra la venta de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a fondos buitre en la puerta del Sol de Madrid.- JAIRO VARGAS/ARCHIVO

P.P. tiene 54 años y un sueldo de unos 1.200 euros al mes. Vive con su hijo, estudiante; y con su madre en un piso de la calle Bulevar de la Naturaleza, en Ensanche de Vallecas, desde 2014. Alquiló esa vivienda después de preguntar en la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid por pisos de protección oficial o viviendas sociales asequibles para alquilar. "Son los pisos a los que puedo acceder porque el mercado privado del alquiler es complicado, los caseros te echan a la mínima y son más caros. Me dijeron que esta empresa alquilaba vivienda protegida", sostiene. La empresa es Fidere, pero la casa, desde hace años, ha dejado de ser una vivienda social.

Cuando P.P. —que pide anonimato para no entorpecer posibles negociaciones con Fidere— entró en su casa, de unos 70 metros cuadrados y tres habitaciones en esta ampliación de la periferia madrileña, empezó a pagar 540 euros al mes con un contrato por tres años. Alquiló a Fidere una vivienda de protección oficial con opción a compra, pero su contrato expiró en 2017 y la renovación llevó aparejada un aumento "desproporcionado". "Me enviaron una carta en la que hablaban de una subida brutal. Fui a verlos a sus oficinas, les expliqué que no podía pagar eso y conseguí que me redujeran el precio a 660 euros con aumento anual según el IPC. Ahora pago 689 y el año que viene pagaré 710. Ya me cuesta con mi sueldo, que no ha subido, pero ahora viene otra renovación de contrato y me temo otra subida abusiva", explica pausadamente por teléfono.

"Son aumentos del alquiler de más de 200 euros en muchos casos"

Su temor no es infundado. Son decenas los inquilinos de esta urbanización cuyos contratos empiezan a vencer o ya han vencido y están recibido el burofax de Fidere. Más de cien de viviendas, estima esta afectada. "Los bloques van de la letra A a la L. Son muchos y son aumentos del alquiler de más de 200 euros en muchos casos y del 80% en algunos", lamenta la mujer.

Este es sólo el caso de una de las afectadas por una deriva que se ha convertido en habitual en este distrito y en gran parte de la ciudad en el último año. "Se empezó a fraguar hace tiempo y ahora estamos notando sus efectos, cada vez nos avisan más vecinos con casos similares", explica José Luis de la Flor, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid.

Según explica el activista, hay otras dos urbanizaciones en Ensanche de Vallecas con situaciones similares. En concreto, en la calle El Boalo y en la calle Honrubia. La casuística es diversa, los precios son diferentes en cada vivienda, aunque estas sean exactamente iguales, pero todas tiene un denominador común: sus inquilinos se están viendo afectados por subidas del alquiler decididas por Fidere, una "sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario", empresas más conocidas como Socimis, dedicadas a la compra de viviendas para el mercado del alquiler que disfrutan de grandes beneficios fiscales en su "régimen especial" diseñado a medida durante el Gobierno de Mariano Rajoy, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Fidere pertenece al fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor comprador de activos inmobiliarios en España. Es uno de los llamados "fondos buitre" que han copado el mercado de vivienda en la España de la crisis. En diciembre del año pasado este tipo de fondos acumulaban más de 240.000 viviendas en el país.

Eran viviendas sociales

Parte de esa cartera de pisos de Fidere fue comprada en 2013 al Ayuntamiento de la capital durante el mandato de Ana Botella (PP), que le vendió cerca de 1.800 pisos de protección oficial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por 128,5 millones. Una ganga, según el Tribunal de Cuentas, que ha condado a la exalcaldesa y siete miembros de su equipo a pagar 23 millones de euros por una venta que, según este tribunal, se realizó como mínimo por debajo del precio de mercado. Entre esos pisos estaban los de estas tres urbanizaciones vallecanas. La sombra de la ilegalidad en esta operación sigue dilucidándose en los tribunales, pero mientras tanto, miles de familias sufrieron y sufren un drástico cambio de casero que, ahora, puede subir los precios sin infringir la ley.

No es el caso de P.P. Ella ya alquiló la casa a Fidere. Las viviendas, explica a Público esta empresa, dejaron de ser protegidas hace cinco años, aunque el suelo sigue siendo de protección oficial, denuncian los vecinos y las organizaciones que les respaldan. "Se mezclan muchos casos, por eso es difícil dar la batalla. Hay inquilinos que alquilaron la casa a la EMVS y luego cambió su casero y les subió el precio, hay otros que alquilaron a Fidere pero aún eran viviendas sociales que mantuvieron el precio hasta que expiraron esos contratos y otros que alquilaron hace tres años y ahora les vence el contrato, que es cuando más abusivas son las subidas", denuncia De La Flor, que ha escuchado a gran parte de los inquilinos de las tres urbanizaciones. Según el activista, de momento hay alrededor de cien afectados por estas subidas, pero serán más a medida que vayan expirando otros contratos. "Eso sin mencionar los desahucios silenciosos, las familias que se han tenido que ir para no asumir el aumento derivado de la burbuja del alquiler", insiste De la Flor.

Unos ya firmaron renovaciones y asumieron las subidas el año pasado, pero otros han decidido protestar contra los aumentos porque, además, les están obligando a pagar también la cuota de la comunidad de vecinos, un seguro del hogar e incluso el IBI, denuncian. Por eso acudieron a la PAH y al Sindicato de Inquilinos, cuya labor de denuncia ha logrado mantener los precios en otros bloques de la zona, también propiedad de fondos de inversión o de empresas inmobiliarias.

"Yo vine a vivir aquí con una condiciones determinadas y cambiaron de un plumazo"

"Yo pago 432 euros. Ahora me quieren subir a 675 y cien euros más a los dos años. A los vecinos con casas de más habitaciones les están imponiendo 800 euros al mes de partida, que irá subiendo", describe Luis Miguel Domingo, otro de los vecinos afectados.

La pasada semana, decenas de los inquilinos de estas tres urbanizaciones acudieron juntos a una reunión con la empresa para tratar de paliar los aumentos, pero según explica la PAH, finalmente no fueron recibidos "porque llevaban pancartas y se montó una concentración en la puerta". Otra de las afectadas de la calle Bulevar de la Naturaleza no se sorprende ante este plantón de Fidere. "Si hay follón se cierran en banda, tienes que ir por las buenas. Yo llevo once años en uno de los pisos. Entré cuando eran de la EMVS y los conozco bien. Me han subido el alquiler y ahora están dificultando la opción a compra. Llevo yendo a psicólogo desde que me llegó la carta de que cambiaba el casero", confiesa esta mujer que tampoco quiere dar su nombre. "Hay miedo a protestar porque en cuanto levantas la voz es imposible negociar con ellos. Al final tienes que firmar lo que te ponen. Yo vine a vivir aquí con una condiciones determinadas y cambiaron de un plumazo", lamenta.

Según ha explicado a Público Fidere, los afectados por estas subidas son alrededor de 60 personas. "Fidere es consciente del problema pero tiene que velar por la seguridad y continuidad de su negocio y establecer una renta adecuada en una zona donde los precios de los alquileres han aumentado en los últimos tres años un 50% de media", explican desde el departamento de comunicación de la Socicimi, que insisites en que las subidas que plantean "están por debajo del precio de mercado en la zona" y que "cumple escrupulosamente la legalidad. Fidere nunca ha sido condenado por prácticas abusivas", sentencia la empresa, que insiste en que "se está analizando la situación para hacer las ofertas adecuadas".

Mientras tanto, desde la PAH y desde el Sindicato de Inquilinos hacen un llamamiento a otros bloques de la zona y de otros distritos en una situación similar para hacer frente a las subidas de precios.

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