Laboral coronavirusCCOO denuncia el incremento "exponencial" de privatizaciones en los servicios públicos

CCOO ha denunciado el incremento "exponencial" de las privatizaciones en la prestación de los servicios públicos que se ha producido en las últimas semanas, según ha señalado el sindicato en un comunicado.

La organización ha señalado que la situación es "especialmente preocupante" en los ámbitos prestacionales donde la demanda generada por las ayudas sociales puestas en marcha por el Gobierno supone un notable aumento de la carga de trabajo.

El secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía (FSC-CCOO) en la Administración General del Estado (AGE), José Manuel Vera, ha apuntado que organismos como el servicio público de empleo estatal (SEPE) han registrado un volumen de solicitudes que multiplica por diez el habitual.

José Manuel Vera ha afirmado que el sistema se mantiene "por la implicación de los empleados públicos"

"Siendo ya un ámbito con grave déficit de plantilla y de recursos informáticos, el escenario desborda cualquier previsión", ha apuntado, tras afirmar que el sistema se mantiene "por la implicación de los empleados públicos, que han comprendido el papel esencial de este servicio público para los ciudadanos, pero resulta imprescindible dotar a la Administración del Estado de personal público con carácter estructural".

Así, el sindicato ha denunciado que el propio SEPE ha privatizado dos servicios públicos durante el mes de mayo, la gestión del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el sistema especial de desempleo del hogar y también la asistencia técnica al personal en el centro de atención al usuario. No obstante, en estos dos casos, se trata de privatizaciones temporales por un periodo inicial de seis meses.

Vera ha resaltado que "le preocupa" que los perfiles que se soliciten sean de titulación media y superior, ya que "el ejercicio de potestades públicas únicamente puede corresponder al personal funcionario, porque es quien garantiza que los derechos de la ciudadanía con objetividad, imparcialidad, transparencia y sin sujeción a criterios empresariales".

También ha puesto de relieve que esta situación se repite en la Seguridad Social, donde la gestión del ingreso mínimo vital se realizará de forma privatizada. Este martes pasado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que se procedería a la contratación de 500 personas a través de Tragsa.

OPE extraordinaria

"Entendemos que la misma justificación para la urgencia de estas contrataciones se podría aplicar para argumentar la necesidad de negociar una Oferta de Empleo Público extraordinaria que permita dotar al organismo de recursos humanos para gestionar este nuevo derecho, y contratación a corto plazo de personal interino por acumulación de tareas", ha remarcado Vera.

El sindicato también ha denunciado la situación del personal público de las empresas de catering en los centros de atención a refugiados. Una decisión que, desde su punto de vista, "no se puede comprender cuando ya hay una OPE reconocida que se podría haber ejecutado y que, además, permite la cobertura con personal interino sobre esas vacantes".

La gestión privatizada supone un incremento de precio superior a un 80%

Asimismo, ha recordado que el Tribunal de Cuentas se ha expresado en varias ocasiones contra el incremento de precio que supone la gestión privatizada de servicios públicos, hasta un 80% superior, instando a la Administración "a paliar la insuficiencia de sus recursos humanos".

Por último, el sindicato ha resaltado que en los diferentes ámbitos ministeriales se están planteando posibles medidas para dar respuesta a la demanda de servicios públicos, cuya prestación, según recuerda, no se ha visto interrumpida durante la vigencia del estado de alarma.

"Un ejemplo son las oficinas de expedición de DNI y pasaportes, donde se están planteando planes de choque en lugar de fomentar el empleo público con la contratación de personal interino por acumulación de tareas", según Vera, que también ha afirmado que "esto no solo vendría a garantizar la prestación del servicio público, además impulsaría la creación de empleo, tan necesaria en la actual coyuntura económica".