Tres exdirectivos de TEPCO, la operadora de la central nuclear de Fukushima, fueron absueltos hace unos días de la acusación de negligencia al no haber adoptado medidas de seguridad previas para evitar una catástrofe. El 11 de marzo de 2011, olas de más de 14 metros se alzaron tras un terremoto de magnitud 9, un escenario que se advertía como posible en un informe interno de 2008. El desastre nuclear de Fukushima, el mayor desde Chernóbil, acabó causando unos 18.000 muertos y desaparecidos según los datos oficiales.

La decisión judicial en Japón, que ha hecho enfadar a diversos movimientos antinucleares, llega en un momento de incertidumbre en lo que concierne al parque nuclear del Estado español. De fondo, un protocolo de cierre escalonado entre 2025 y 2035 pactado por las grandes eléctricas, la incógnita sobre la viabilidad técnica y económica para la gestión de los residuos nucleares y, en el horizonte, la también incierta conformación de un gobierno estable que debería acabar determinando unos planes específicos sobre política energética.

Y, en medio de todo ello, se sitúan las sospechas sobre la extensión de la actividad en las plantas nucleares, tal y como se ha escenificado en días recientes. Unidas Podemos ha sido el último grupo en acusar al Gobierno español, tras respuesta parlamentaria, de no mostrar intención de cerrar la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia) en 2021, fecha en que caduca la actual concesión. Teresa Pérez, diputada por Alicante, teme que la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI), autorizada por el Ministerio de Transición Ecológica este verano, suponga la ampliación del permiso de explotación para diez años y la prolongación de la actividad de la central nuclear mucho más allá de su vida útil, hecho que multiplicaría los riesgos de accidente grave.

Una sospecha a la que ya se viene enfrentando desde hace un tiempo la plataforma Tanquem Cofrents, conformada por organizaciones ecologistas, movimientos por un nuevo modelo energético y sindicatos. El colectivo avisa que, en el caso de que Iberdrola solicite una prórroga hasta 2030 y le sea concedida, se estará cometiendo una irresponsabilidad puesto que en la planta se podría operar hasta los 47 años, muy por encima del período de vida para el que se diseñaron sus componentes de origen.

La instalación acumula un total de 16 incidentes registrados ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solo desde 2017, que suma la reclasificación como nivel 1 (anomalía) del desprendimiento de las piezas de una válvula. En febrero del año pasado, por esta razón, el director de la central, Tomás Lozano, tuvo que comparecer ante Les Corts para dar explicaciones sobre el funcionamiento de esta instalación. Hace unos días, el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, denunciaba que, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, estuvo 96 días en parada sin que se viera afectado el suministro, 58 días por tres intervenciones urgentes y no previstas. Antes de todo esto, en 2015, el propio Pleno del CSN acordó emitir un apercibimiento al titular de la central por haber mantenido la conducta "inadecuada" de un representante del titular que "menospreció e interfirió la labor inspectora del organismo regulador".

José Juan Sanchís, portavoz de la plataforma, recalca la pobre cultura de la seguridad que emana desde la instalación y recuerda también que en 2017 Les Corts acordaron exigir el cierre y rechazaron la construcción del ATI con los votos favorables de socialistas, Compromís y Podemos. Sanchís apunta la actitud contradictoria de un PSOE que, un año después, se abstuvo en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado ante una moción que rezaba en los mismos términos. Precisamente, el partido del puño y la rosa apostaba en su último programa electoral por un cierre de las centrales tras los 40 años de vida, algo que choca con la autorización reciente del ATI, que estará a la intemperie e irá ubicado a poco más de un kilómetro del centro urbano de Cofrentes y a unos 200 metros del río Xúquer. Desde Tanquem Cofrents indican que volverán a asumir la presión social como instrumento y plantearán nuevamente mociones en las ciudades valencianas.

El caro peaje de vigilar los residuos

Pero la decisión de aplazar o no el cierre de esta planta situada en la Vall d'Aiora, lejos de imputarse a la voluntad política o a la seguridad de los ciudadanos, recae fundamentalmente en una prioridad puramente economicista: la cuenta de resultados de la compañía hidroeléctrica. El parque nuclear español, de hecho, está sometido a esta máxima. Así lo explica Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace España, organización que ha anunciado que la crisis de los residuos nucleares cobrará gran relevancia en los debates estatales, puesto que la actualización del plan de residuos está pendiente de renovación y Enresa, la empresa pública que los gestiona, arrastra un déficit económico grave. Su financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% de la financiación total que se va a requerir para el apagón nuclear.

La pregunta que flota en el aire es si el coste de desmantelar la central acabará teniendo impacto sobre la factura de los contribuyentes

Montón subraya que el desmantelamiento, así como la gestión y custodia de sus residuos radiactivos, deben ser íntegramente cubiertos por las empresas que han explotado las centrales nucleares, y que este coste debe ser contemplado rigurosamente por parte del Gobierno con el desarrollo de un marco legal adecuado. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si estos montos acabarán teniendo impacto sobre la factura de los contribuyentes. Según un informe que elaboró la consultora Abay para Greenpeace, con datos del plan de gestión de residuos vigente (de 2006), el coste del desmantelamiento de las nucleares y la gestión de residuos en España alcanzaría los 20.200 millones de euros. La estimación tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos a realizar hasta el año 2085.

"Es una evidencia que no es un negocio rentable. ¿Cómo lo pueden mantener las compañías? Solo a costa de que los ciudadanos paguemos esa diferencia de dinero. Es un atraco a mano armada", apunta Montón. Para la organización resulta paradójico que, mientras el fondo disponible no llega ni a una tercera parte del necesario, las empresas propietarias de las centrales ingresaron 30.837 millones de euros entre 2005 y 2015 por la producción nuclear y sus beneficios netos totales en ese periodo alcanzaron los 72.150,5 millones de euros. Aún así, las compañías operadoras se quejan de una supuesta sobrecarga impositiva y presionan por conseguir contrapartidas. Greenpeace, como tantos otros colectivos, pone el acento en la nula competitividad de la economía nuclear, en los riesgos naturales y humanos que comportan, así como en la necesidad de apostar de una vez por todas por las alternativas energéticas renovables, que en el Estado español han despegado tímidamente a causa de la inacción de las políticas del PP con su parón renovable y la parálisis política actual.

Una industria estancada

De hecho, las diversas energías renovables, de diferente coste y desarrollo, han seguido una tendencia ascendente a nivel global en los últimos veinte años. Si se atiende al último informe del IRENA (International Renewable Energy Agency), en 2018 se duplicaron los Megavatios de capacidad producidos por renovables (2.350.755) con respecto a 2009 (1.136.226). La energía nuclear como fuente de abastecimiento eléctrico, según los expertos, topa con grandes dificultades para seguir prosperando: el envejecimiento, los costes en las nuevas instalaciones son cada vez mayores y más exigentes, retrasos en la ejecución de las nuevas plantas, falta de rentabilidad económica ante las pertinentes actualizaciones tecnológicas, países que deciden no invertir en estos proyectos, suspensión de pagos de las compañías…

A pesar de que el informe anual World Nuclear Industry Status Report (WNISR) de 2018 destaca la construcción actual de 50 nuevas centrales alrededor del mundo, el número de desmantelamientos y proyectos sin llegar a su fin crece. En Estados Unidos, se prevé que el próximo 30 de septiembre ponga el candado la central nuclear de Three Mile Island, instalación que sufrió un grave accidente hace 40 años tras una fusión parcial del reactor de la unidad 2 de la central.