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Cannabis medicinal España El Congreso decidirá si aprueba el cannabis medicinal a través de una subcomisión que evaluará sus beneficios

Dicha subcomisión deberá emitir un informe al Gobierno tras estudiar los programas de regulación implantados en la Unión Europea y otros territorios, una decisión que causa satisfacción y cautela en el movimiento asociativo cannábico.

Imagen de archivo de una planta de marihuana. - Pixabay
Imagen de archivo de una planta de marihuana. Pixabay

El proceso para una posible regulación del cannabis medicinal ha echado andar un año y cuatro meses después del inicio de esta legislatura con la creación de una subcomisión en el Congreso para analizar las experiencias de otros países en este tema, propuesta por el grupo del PNV y aprobada por el resto, salvo PP y Vox. El resultado de esa subcomisión podría derivar en la apertura de un procedimiento de legalización del uso terapéutico de la marihuana en España, algo que apoya el 90% de la población, según el último barómetro del CIS.

La subcomisión, según la propuesta aprobada el jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso, deberá escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, para, en el plazo máximo de seis meses, emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre "la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas". Ese informe tendrá que ser remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.

Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, Dinamarca, República Checa, Israel, Uruguay, Canadá y cerca ya de 40 estados de EEUU son algunos de esos países y territorios que ya cuentan con programas de regulación del uso medicinal del cannabis, implantados siguiendo diferentes modelos. Y en España, aunque no está legalizado, se estima que miles de personas, entre 250.000 y más de medio millón según diferentes estimaciones del movimiento asociativo, lo utilizan como tratamiento para paliar los efectos de sus enfermedades: cáncer, esclerosis múltiple, dolor crónico, algunos tipos de epilepsia o artritis, entre otras.

Queda por determinar, todavía, qué programas se presentarán ante la comisión y cuáles serán los países escogidos para exponer su experiencia con la regulación del cannabis medicinal en la subcomisión del Congreso. Y antes de eso, falta por determinar cuándo se constituirá la propia subcomisión, que habrá de estar formada por el número de representantes de los grupos parlamentarios que la Comisión de Sanidad determine en proporción a su representatividad y que procurará alcanzar acuerdos por consenso y, de no ser posible, aplicará el criterio del voto ponderado.

Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU confirma la efectividad del tratamiento con cannabinoides

La experiencia científica sobre el uso terapéutico de la marihuana se cimenta, fundamentalmente, en un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, que en 2017 se basó en la existencia de "evidencias concluyentes o substanciales" para afirmar que los cannabinoides (compuestos del cannabis) son efectivos en el tratamiento del dolor crónico en adultos, como antieméticos para paliar los efectos de la quimioterapia y para mejorar los síntomas de espasticidad muscular de la esclerosis múltiple. En otras enfermedades, el estudio de la Academia norteamericana concluye que la fortaleza de la evidencia obtenida hasta ese momento había sido menor, entre ellos el uso del cannabis para favorecer el aumento del apetito, impedir el síndrome del desgaste en enfermedades como el cáncer o mejorar el sueño en casos de insomnio.

En el movimiento social cannábico de nuestro país, uno de los mayores del mundo, la noticia ha sido recibida con satisfacción y también con cautela la creación de la subcomisión en el Congreso, consciente también de que el rechazo a la propuesta del PNV hubiera supuesto un mazazo en medio de una legislatura en la que tenía puestas muchas expectativas. Así, la presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM), Carola Pérez, considera que la decisión del Congreso representa "un paso superimportante para todos los pacientes" que ya lo utilizan en nuestro país y para los que puedan necesitarlo en el futuro.

Pero a continuación, precisa: "Es un primer paso en una larga escalera de caracol que nos queda por recorrer. Llevamos seis años en el Observatorio trabajando para convencer a la sociedad, a los políticos, primero de que no éramos yonquis y ahora de que las evidencias científicas son suficientes, como se ha demostrado en otros países, para regular aquí su uso". Lo dice quien hasta en la víspera del debate en la Comisión de Sanidad mantuvo reuniones con representantes de grupos políticos para intentar convencerles de la necesidad de crear la subcomisión.

Pérez: "No queremos que esto se convierta en un debate ideológico, sino de derechos"

"Esto no es un tema de izquierdas o derechas. No queremos que esto se convierta en un debate ideológico, sino de derechos", subraya la presidenta del OECM, quien confía en que este proceso no acabe como la subcomisión que se llegó a aprobar en la anterior legislatura con parecidos objetivos, a propuesta de Ciudadanos. "Aquello –dice– fue un brindis al sol. Nos hicimos muchas ilusiones y todo se quedó en un cajón. Fue una decepción. Si pasara lo mismo ahora, nos crearía un agotamiento físico, mental y moral que ya no soportaríamos, cuando se trata de algo de sentido común".

"Regular para las personas, no para las farmacéuticas"

El grupo de expertos del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), otra de las organizaciones que más ha trabajado por una legalización integral y medicinal en España con múltiples propuestas, "celebra" que se haya dado este paso en el Congreso, pero reclama que la "futura regulación" sirva para ayudar a las personas y no para beneficiar a las empresas farmacéuticas en exclusiva. "Si el Cannabis medicinal se convierte en un oligopolio de grandes empresas, el tratamiento anual para un enfermo puede alcanzar los 32.000 euros anuales, por lo que se convierte en una pesada carga para los pacientes y para la Seguridad Social, lo que disminuye la accesibilidad", advierten.

Y no solo eso. El OECCC advierte también de que la apertura de una subcomisión sobre el cannabis medicinal nunca debe paralizar el debate sobre la regulación integral, ya que, a su juicio, se trata de dos temas complementarios, pero distintos, que en ningún momento han de solaparse. E insiste en que, mientras tanto, también se debe mejorar y hacer mucho más transparente el sistema de licencias de cultivo que concede el Gobierno con fines de investigación y producción medicinal.

La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC), organizadora del mayor congreso anual sobre cannabis medicinal de España, el Cannabmed, celebra también la creación de la subcomisión. "Queremos que el uso de los cannabinoides esté regulado y los ciudadanos puedan acceder a los beneficios terapéuticos con un producto de calidad, asequible, controlado y orientado por médicos", dice su presidenta, Queralt Prat.

Sin embargo, la UPRC se muestra sorprendida por el rechazo de PP y Vox a esta subcomisión. "Creemos –afirma– que es una visión anticientífica y verdaderamente indefendible en el siglo XXI. ¿Quién no querría beneficiarse del uso terapéutico, por ejemplo, de la morfina? Sorprende todavía más que sean reacios a aprender y saber sobre los avances científicos del uso de los cannabinoides y cómo benefician a millones de pacientes en el mundo. Y nos preguntamos: ¿qué persona decente puede estar en contra de estudiar los beneficios terapéuticos de los cannabinoides? ¿Qué diputado o diputada puede estar en contra de regular un mercado para asegurar unas garantías, protección y control?".

Una aplastante mayoría a favor de la regulación

La creación de la subcomisión cuenta con una base sociológica muy amplia, ya que el último Barómetro del CIS, realizado el pasado mes de abril, revela que el 90,1% de la población española está a favor de regularizar el uso médico del cannabis, una mayoría aplastante que ha aumentado en seis puntos con respecto a la que reflejaba la anterior encuesta de este organismo estatal que preguntó por este tema en abril de 2018.

La opinión favorable a la regulación del cannabis medicinal duplica, además, a la que apoya la legalización de la marihuana para uso adulto o recreativo, que se acerca ya a la mitad de la población española, el 49,7%, dos puntos y medio más que hace dos años.

El uso medicinal del cannabis ya había recibido el pasado mes de diciembre un espaldarazo con la decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) de suavizar la fiscalización internacional de la marihuana para facilitar su utilización médica y científica en los países miembros. Con el voto a favor de España, la Comisión sacó al cannabis de la Lista IV, donde se encuentran las drogas consideradas peligrosas como la heroína, y la dejó sólo en la Lista I, tal como había recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), asesorada por el Comité de Expertos en Farmacodependencia.

Queda por ver qué encaje tiene esta subcomisión con otras propuestas de regulación que aún no han sido presentadas en el Congreso, pero sí anunciadas por sus autores. Es el caso del proyecto de ley que Unidas Podemos, uno de los grupos que sustenta al Gobierno, ha retomado de la anterior legislatura con un enfoque integral que abarca el uso recreativo y medicinal, el autocultivo, la exportación e importación, el funcionamiento de las asociaciones, estrategias de educación y consumo responsable y un régimen sancionador.

Marta Rosique: "Lo que vemos de momento es que el Gobierno español no hace nada"

La intención de Unidas Podemos, según manifestó a este periódico su portavoz en la Comisión Mixta para el Estudio del problema de las Drogas, Lucía Muñoz, era "acercar posiciones" con su socio de gobierno para llegar a presentar una iniciativa conjunta en la que también podrían participar otras formaciones parlamentarias antes de que acabe la legislatura. Pero cansado de no ver avances en esta materia, ERC, el quinto grupo más numeroso del Congreso y decisivo actualmente en la composición de mayorías parlamentarias progresistas, anunció en febrero que estaba estudiando la presentación en la Cámara de un proyecto alternativo de regulación. "Lo que vemos de momento es que el Gobierno español no hace nada, que en el PSOE parecen evitar hablar del tema y que en Unidas Podemos hablan, pero no hacen nada", advirtió la diputada republicana Marta Rosique.

De momento, el Gobierno, al menos el Ministerio de Sanidad, que dirige el PSOE, ha trasladado que no está muy por la labor. En su respuesta a una pregunta del Grupo Vasco en septiembre, el Ejecutivo subrayó que de las pruebas científicas obtenidas hasta ahora sobre la utilización terapéutica del cannabis se deduce que el nivel de evidencia disponible "no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes con determinadas patologías", por lo que, a su juicio, es necesario realizar más ensayos clínicos que demuestren su eficacia.

Sin embargo, el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Daniel Viondi, moduló el jueves la posición más reacia hacia cualquier proceso de regulación que había mantenido su formación desde el inicio de la legislatura. Viondi aseguró que la decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU de suavizar la fiscalización del cannabis y un anterior acuerdo del Parlamento recomendando trabajar en los usos terapéuticos de la marihuana han obligado a España a "dar pasos adelante" en este ámbito.

Mientras llegan las evidencias científicas y se den nuevos pasos en el Congreso, el Gobierno sigue concediendo autorizaciones para el cultivo de cannabis con fines de investigación y de producción medicinal, que va destinada al completo a otros países en los que sí está regulado el uso terapéutico de la marihuana. Esas licencias que otorga la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad no han dejado de aumentar en el último año y ya son 19 las entidades y empresas que han accedido a ella mediante un procedimiento que se regula con una ley aprobada en 1967, durante el régimen de Francisco Franco, que aún no ha sido modificada.

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