Denuncian ante el Consejo de Europa la discriminación en las residencias durante la pandemia: "Puede abrirse una puerta importante"

El 6 de marzo, el Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales elevó una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa y encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea (CSE). La denuncia señala a las autoridades sanitarias de varias comunidades autónomas de España por la gestión de las residencias durante la pandemia.

Concretamente, se denuncia la vulneración de derechos fundamentales de las personas mayores y en situación de dependencia, especialmente de quienes vivían en centros residenciales. "Tras el cierre de muchas vías judiciales que nos hemos ido encontrando, si lo admiten a trámite podría abrirse una puerta muy importante. Podría marcar un antes y un después en el caso residencias", afirma a Público Damián Caballero, portavoz de la asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM) y miembro de la comisión redactora de la denuncia.

El escrito de 46 páginas al que ha tenido acceso Público acusa a España —con especial foco en varias comunidades autónomas— de prácticas discriminatorias por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia, así como de limitar o denegar el acceso a la atención sanitaria y de incurrir en situaciones de "abandono".

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La denuncia señala posibles vulneraciones de varios artículos de la CSE, entre ellos el derecho a la salud (art. 11), a la seguridad social (art. 12), a la asistencia social y médica (art. 13), a los servicios sociales (art. 14), a la protección de las personas mayores (art. 23) y al principio de no discriminación (art. E). El documento sitúa el contexto en las más de 30.000 muertes de personas dependientes registradas durante la crisis de la covid-19, con una incidencia elevada entre mayores de 65 años. También hace hincapié en que España presentó una de las tasas más altas de mortalidad en este grupo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el periodo de marzo a junio de 2020. "En las residencias se registró una tasa de mortalidad del 5,2% en la primera ola, superando la media del 2,8% de los países de la OCDE", indican.

El texto repara también en la aplicación de protocolos de triaje "sin base científica" que priorizaban criterios como la edad o la "esperanza de vida", limitando el traslado de residentes a hospitales o unidades de cuidados intensivos, especialmente en comunidades como la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla y León o Castilla-La Mancha. También pone negro sobre blanco las "deficiencias estructurales" en las residencias durante la emergencia sanitaria: falta de equipos de protección, test diagnósticos, personal sanitario y medicalización y fallos en la coordinación con el sistema hospitalario. 

Asimismo deslizan prácticas como el aislamiento conjunto de personas contagiadas y no contagiadas, la falta de cuidados paliativos adecuados o la denegación de tratamientos básicos, en algunos casos condicionados a la posesión de seguros privados. Por último, ponen el foco en la "falta de respuesta judicial", con querellas archivadas o inadmitidas y dificultades para depurar responsabilidades penales.

Damián Caballero: "Si el Comité concluye que hay que legislar de otra manera, eso podría reforzar las reclamaciones en curso y abrir nuevas vías"

"El eje central de la demanda es la discriminación", valora Caballero, quien destaca además que, por primera vez, la iniciativa aglutina a familiares de víctimas, residentes, trabajadores del sector y profesionales de los cuidados. ¿Qué efectos podría tener un dictamen del CEDS? El portavoz aclara que la decisión generaría un gran impacto tanto en procesos judiciales aún abiertos como en la reorientación del marco normativo. "Si el Comité concluye que hay que legislar de otra manera, podría reforzar las reclamaciones en curso y abrir nuevas vías". Entre los objetivos a medio plazo, Caballero sitúa la necesidad de reformar la ley de dependencia "para establecer estándares mínimos de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas".

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¿Cuál es el siguiente paso si la denuncia se admite a trámite? En palabras del portavoz, la remisión de la reclamación al Ejecutivo español, que deberá presentar sus alegaciones antes de que el Comité emita su dictamen. "A partir de ahí, cabrán recursos de las distintas partes implicadas". Paralelamente, el Sindicato SAD ha preparado una campaña de recogida de firmas y un proceso de adhesión abierto a familiares, profesionales y colectivos sociales. 

La iniciativa cuenta ya con el respaldo de asociaciones de víctimas, entidades como la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), la Asociación estatal Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), la Asociación andaluza Chiclana, ciudad de los cuidados, profesionales de la sanidad pública (epidemiología, neurología, cardiología), organizaciones vecinales y profesionales sanitarios.

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Delitos por denegación de asistencia, en el foco judicial

En la Comunidad de Madrid, varios exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso figuran ya como investigados en ocho procedimientos judiciales distintos que indagan delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, tipificados en el artículo 511.1 del Código Penal. 

El origen de estas causas se sitúa en la macrodenuncia presentada por las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. A partir de ella, en mayo del año pasado el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid abrió la primera investigación, cuya titular acordó citar como investigados a quienes fueron responsables de Coordinación Sociosanitaria y firmantes de los protocolos de la vergüenza: Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo.

Desde entonces, las diligencias se han extendido a un total de siete juzgados —tres en Madrid capital y otros en Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro—. En este escenario judicial, Mur figura como investigado en las ocho causas abiertas, Peromingo en siete, y el exdirector del Summa 112, Pablo Busca, en seis procedimientos.