El Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.

Si hace poco más de un año la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, exigía una "una investigación independiente, completa y efectiva" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre lo ocurrido entre Nador y Melilla, donde, según las ONG, murieron 37 personas, la responsable europea afea ahora al ministro que no se "han dado los pasos concretos".

En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, Mijatovic se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la migración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta.

Mijatovic exige abiertamente al Gobierno español que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.

Insiste en que España tiene "la obligación absoluta" de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro. Y eso aunque haya intentado cruzar la frontera saltando la valla o infringiendo los cauces de entrada regular en el territorio español.

España sabe que Marruecos maltrató a los migrantes

La comisaria, que se refiere de forma repetida a los hechos del 24 de junio en los que murieron al menos 23 migrantes –según cifras reconocidas por Marruecos–, varios cientos resultaron heridos y algunos se dan por desaparecidos, asegura que hay "informes consistentes" que prueban que Marruecos utilizó contra ellos la violencia, que fueron sometidos a graves maltratos y que "las autoridades españolas lo saben o deberían saberlo".

También alude al episodio de la entrada masiva desde Marruecos de más de 8.000 personas en Ceuta del 17 al 19 de mayo de 2021, 6.000 de los cuales fueron inmediatamente expulsados.

La responsable de los derechos humanos del Consejo de Europa muestra su preocupación porque, pese a que ya había escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle un examen de la cooperación con Marruecos "para prevenir futuras tragedias".

Aunque dice entender que España afronta con frecuencia "situaciones complejas" en la gestión de la migración dada la situación geográfica de Ceuta y Melilla y los flujos en dirección de Europa y estima que es urgente mejorar la solidaridad entre los Estados europeos, para España "es imperativo" que proteja los derechos de los refugiados, migrantes y demandantes de asilo.

Las expulsiones en caliente deben cesar

Insiste en que "las expulsiones en caliente tienen que cesar" y se tienen que sustituir por "una práctica que haga compatible el control de fronteras y los derechos humanos".

Porque aunque es legítimo cooperar con otros países para garantizar ese control, "eso se tiene que hacer respetando completamente todos los estándares internacionales aplicables sobre los derechos humanos".

Además, subraya la importancia de que ese control de fronteras se haga con transparencia y rindiendo cuentas, lo que implica hacer una evaluación de las consecuencias de esa cooperación.