El pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado este martes el recurso del Partido Popular que cuestionaba la normativa con la que el Gobierno de coalición aprobó, en 2019, la ampliación de los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad. El PP impugnó esta medida por no considerarla de urgente necesidad. Un decreto ley que contemplaba, además, la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores o la cotización de las mujeres que se encargan de cuidar a familiares dependientes.

Pablo Casado, por aquel entonces líder de la formación, acusó a Pedro Sánchez de hacer electoralismo al llevar la norma por la vía de urgencia. Ahora, los integrantes del órgano judicial han avalado por mayoría su aprobación, rechazando las alegaciones de los populares y defendiendo la necesidad de tramitar con apremio este proyecto legal.

El presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado en su ponencia que el Ejecutivo nacional explicó y razonó en su momento la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justificaba el cambio legislativo. Según el magistrado, existían motivos "de peso" para aprobar la ampliación de los permisos de paternidad, sobre todo vista "la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, lo que exigía acción normativa absolutamente inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto".

La sentencia del Tribunal Constitucional también descarta que el Gobierno haya incurrido en un uso abusivo o arbitrario de la alegación de la existencia de una situación de urgente necesidad, tal y como alegaba el Partido Popular. El fallo cuenta con cuatro votos en contra, que provienen de los cuatro miembros conservadores: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. 

El decreto ley en cuestión guardaba relación con siete leyes distintas, todas ellas dirigidas a "poner fin a la persistencia de unas desigualdades en las condiciones laborales" entre padres y madres, según argumenta Conde-Pumpido. Estas diferencias, muy normalizadas entre la población, acarreaban a las mujeres "unos prejuicios de difícil reparación", sobre todo en una "sociedad moderna como la española".

Cuatro votos discordantes

La decisión del Tribunal Constitucional cuenta con la negativa de los cuatro magistrados del sector conservador. Para ellos, la tramitación urgente de las normas debería ser "una excepción" y el órgano judicial "no puede confundir necesidad con conveniencia u oportunidad política". Esta división, que cuenta con el respaldo del PP, sigue rechazando la tramitación de una medida que beneficiará a multitud de familias antes de que termine el año.