La mayoría progresista del Tribunal Constitucional asume que la derecha boicoteará su labor

La agenda del presidente del Tribunal Constitucional (TC) no podrá cumplirse. Cándido Conde-Pumpido había dispuesto que en el pleno que arranca el 21 de febrero quedara lista la sentencia sobre la ley de la eutanasia, recurrida por el PP y Vox. Sin embargo, 21 incidentes de recusación de ambos partidos se lo impedirán. De ellos, 17 corresponden al PP y cuatro, a Vox. 

No sólo eso. Juan Carlos Campo, contra el que se dirigen nueve de los incidentes, ha decidido apartarse de 19 recursos, algo que el pleno también debe estudiar. 

El PP pide que Campo, exministro de Justicia, y la magistrada Laura Díez se aparten de su recurso contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 por la subida en el Impuesto sobre Patrimonio.

El pasado como ministro del Juan Carlos Campo le inhabilita, según los 'populares', para tomar partido en las deliberaciones de la corte de garantías. Haber participado en los Consejos de Ministros y mantener una relación con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, contra la que se dirige alguno de los recursos, le inhabilita para el cargo, opinan los de Feijóo.

Sobre la magistrada Laura Díez, operan las mismas causas de abstención, según el PP, por haber sido alto cargo del Ministerio de Presidencia. La catedrática de Derecho Constitucional fue, hasta su incorporación al TC, vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya, por eso decidió apartarse del recurso sobre el 25% de castellano en las aulas catalanas. Esta es una de las cuestiones sobre la que plantea recusación el PP para Díez y Campo. 

La ley de educación o Ley Celáa, la ley de la eutanasia, el estatuto de los repartidores de las plataformas digitales (riders), el recurso por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar sus funciones estando con el mandato caducado son otros de los recursos sobre los que ha planteado el PP incidentes de recusación para ambos magistrados progresistas. 

También por el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional tras el estado de alarma. El PP cree que el hecho de que Campo y Díez hayan estado en el Gobierno que dictó esta norma les afecta directamente. Los preceptos impugnados por el PP establecen que los autos dictados por los Tribunales Superiores de Justicia en materia de autorización o ratificación judicial de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que impliquen restricción de derechos fundamentales serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

Además, contra Juan Carlos Campo el PP también insta un incidente de recusación por el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que admitió a trámite, el 12 de diciembre de 2022, las enmiendas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre las que el TC suspendió su tramitación parlamentaria. 

Vox recusa a cuatro magistrados

Asimismo, en su próximo pleno el TC abordará el incidente de recusación contra Conde-Pumpido, Campo, Díez y María Luisa Segoviano en relación con el recurso de Vox contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. 

Considera el partido ultra que todos ellos están afectados de alguna manera y pide que se aparten del recurso. Alega que Campo podría "tener un interés directo o indirecto" por su relación sentimental con Batet y sus anteriores cargos como ministro de Justicia y diputado socialista.

En cuanto a Díez, el partido la señaló por haber "participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños".

Sobre María Luisa Segoviano, Vox le reprocha unas declaraciones "mientras era magistrada emérita del Tribunal Supremo" y se refirió a la cuestión de la autodeterminación: "Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar", dijo Segoviano. 

Sobre Cándido Conde-Pumpido, Vox destacó su "especial vinculación con el partido de Gobierno" y por "haber sido defensor o representante de alguna de las partes o intervenir en un pleito como fiscal". 

Respecto al pleno que arranca el 7 de marzo y en el que estaba previsto deliberar sobre la ley de Educación o Ley Celaá, por la ministra que la impulsó, está previsto que el TC estudie 11 recusaciones de Vox por otros tantos recursos contra estos cuatro magistrados progresistas, una recusación por magistrado.