La crisis desencadenada por la propagación del coronavirus y el elevado número de fallecimientos y contagios está castigando con crudeza a las personas con menos recursos económicos, que han visto cómo la covid-19 se ha llevado por delante sus trabajos precarios y sus escasos medios de vida.

En el caso de la capital de Madrid, los Servicios Sociales del Ayuntamiento se han visto desbordados por la situación y han sido incapaces de atender todas las peticiones de ayuda de familias que, en apenas pocas semanas, se han quedado en situación de extrema pobreza.

La falta de recursos municipales, la descoordinación en algunos casos y la devastación ocasionada por el virus ha movilizado a los ciudadanos, que han tejido redes solidarias de ayuda a las personas más necesitadas mediante la creación de bancos de alimentos y la asistencia de todo tipo a personas mayores y enfermas.

Sin embargo, la capacidad de estas redes solidarias está al límite, por lo que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha exigido al Ayuntamiento un plan urgente de actuaciones destinado a las familias más vulnerables, que afronte tanto la fase más crítica de la pandemia como las necesidades que surjan después de la cuarentena.

Este pasado miércoles, la FRAVM envió una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; a la vicealcaldes, Begoña Villacís, y al delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, en la que les plantean una serie de propuestas para atender a las miles de familias que se han quedado en situación de extrema necesidad por la expansión del virus.

10.000 menús diarios

Entre esas demandas figura la apertura de instalaciones públicas hoy cerradas para ponerlas al servicio de la atención de necesidades básicas de la ciudadanía. En concreto, se trata de que el Ayuntamiento habilite las infraestructuras de cocina-comedor de los colegios para preparar comidas para la población que no puede comprar por carecer de ingresos. El modelo sería la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia, que desde hace unos días elabora unos 10.000 menús diarios para familias vulnerables.

Otra propuesta es que el Ayuntamiento potencie los bancos de alimentos o "despensas solidarias", mediante la cesión de espacios públicos para el almacenamiento de los productos. Los vecinos piden también que los voluntarios que a diario llevan comida a los hogares en riesgo tengan un permiso o salvoconducto para evitar que sean multados por infringir las medidas de confinamiento.

El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha explicado que la saturación de los servicios sociales afecta principalmente a familias que no figuraban con anterioridad a la crisis del coronavirus en las bases de datos municipales, que tenían empleos precarios con sueldos muy bajos, pero no eran usuarios de esas prestaciones porque tenían un trabajo.

"Muchas de esas familias se han quedado en paro, con ERES o ERTES, y no han tenido tiempo de gestionar sus prestaciones de desempleo. Otros afectados son las personas que están en la economía sumergida o en el mundo de la prostitución, así como los manteros o los que viven de la venta ambulante. Todos ellos han visto cómo en muy poco tiempo sus ingresos económicos han desaparecido", indica Villalobos.

El representante vecinal lamentó que los servicios sociales hayan "adelgazado tremendamente" en los últimos diez años por distintas políticas de recortes y que en algunos casos la falta de coordinación entre sus responsables directos y los presidentes de las juntas de distrito hayan supuesto un problema más que una solución.

Con todo, Villalobos admitió que, aunque el Ayuntamiento carecía de planes de emergencia adecuados, nadie podía pensar en los efectos tan devastadores que está causando la pandemia.

Villalobos puso de relieve que las redes vecinales de apoyo también están saturadas. "La gente le está dedicando todas las horas del mundo y más para atender a quien le pide alimentos o cualquier tipo de ayuda, pero eso no se puede mantener en el tiempo y están en una situación de agotamiento".

En el caso de Madrid, los problemas más graves se concentran en los nueve distritos del sureste de la capital, aunque, según Villalobos, otras zonas como la UVA de Hortaleza, Fuencarral, Lavapiés o Embajadores figuran entre las más afectadas. "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es, de una vez por todas, asumir con fondos públicos las necesidades de las personas en situación más precaria", remachó.

Solidaridad y cuidado mutuo

Por otra parte, más de una veintena de colectivos solidarios creados a raíz de la crisis de la COVID-19 han suscrito un manifiesto en el que aseguran que la pandemia está visibilizando "la importancia de la organización vecinal y la necesidad de tejer redes permanentes y sólidas que llenen los barrios de solidaridad y cuidado mutuo".

Tras señalar que la lucha vecinal y social "sigue viva y tiene una larga historia", el texto subraya que el trabajo que realizan estas redes de ayuda pone al descubierto "las carencias del sistema capitalista, que excluye a las personas más vulnerables, y la escasez de recursos generada tras décadas de recortes".

El manifiesto critica también a la vicealcaldesa Villacís por intentar sacar rédito político de la labor social que se está haciendo en los barrios y concluye que "quienes hoy se quieren poner medallas ‘apoyando a las redes’ son las mismas personas que durante años han recortado en sanidad y educación pública, dependencia y servicios sociales, y se han opuesto a la participación ciudadana desalojando espacios sociales y vecinales".