Este artículo se publicó hace 4 años.
Crisis climáticaLa declaración de emergencia climática: ¿papel mojado o compromiso ambicioso?
El Gobierno de coalición declaró el estado de emergencia climática y planteó medidas concretas de cara a los próximos cien días. Sin embargo, algunos de los 30 puntos de este plan no tienen fechas concretas para su implementación, ni un plan económico concreto, lo cual hace que la medida pueda convertirse, como ya ha ocurrido en otros países, en un ejercicio simbólico incapaz de luchar contra la crisis climática.
Alejandro Tena
Madrid-
El Consejo de Ministras y Ministros ha acordado esta semana la declaración de emergencia climática en España. El nuevo Gobierno de coalición plasma así sus compromisos para la mitigación de los efectos catastróficos de la crisis ecológica. Sin embargo, los precedentes de este tipo de declaraciones institucionales –comunes en diversas partes del planeta– revelan que sus finalidades transformadoras terminan en papel mojado.
La declaración de emergencia climática acordada este martes por el Gobierno es, en cualquier caso, una hoja de ruta para la acción política en materia ecológica. La medida –no vinculante y sin rango legal alguno– asienta las bases de los compromisos para la descarbonización de la economía y da un plazo de 100 días para presentar en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una demanda por la que los grupos conservacionistas llevan manifestándose en las calles desde hace tiempo.
El hecho de que la declaración establezca plazos para la aplicación de medidas específicas otorga al plan de acción cierta ambición climática que la distancia de otras declaraciones institucionales que, hasta la fecha, continúan siendo papel mojado, como es el caso de Catalunya, que, más allá de reconocer el problema, no ha empezado a actuar con medidas concretas que den sentido a esa declaración de emergencia de 2019.
De hecho, los grupos ecologistas celebran que el plan del Gobierno haya dado un paso adelante a la hora de concretar plazos, no sólo en la Ley de Cambio Climático, sino en otros puntos como el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, estas dos medidas no son novedades sino que son parte de los deberes que el Ejecutivo dejó por hacer la pasada legislatura.
También fijan un plazo de 100 días para presentar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobar los Convenios de Transición Justa que permitan remodelar el sistema industrial y generar empleos verdes de calidad, así como crear una Asamblea Ciudadana que, reconociendo el clamor social, dé voz a los colectivos ecologistas en los asuntos relacionados con la crisis ecológica, siempre desde los criterios de equidad e igualdad.
Pero, además de estas medidas que previsiblemente verán la luz dentro de un centenar de días, el plan del Gobierno contempla otras 25 "líneas prioritarias" que, sin embargo, no tienen fechas concretas ni ejes de actuación detallados, ni memoria económica presupuestada. Se trata de decisiones como "no otorgar beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil", no autorizar "concesiones de explotación de hidrocarburos en territorio nacional", actuar contra la "pobreza energética" o "adoptar una Ley de Movilidad Sostenible", entre otras.
El hecho de que las medidas anunciadas por el Consejo de Ministras y Ministros del martes no sean vinculantes, hace que la declaración pueda quedar en un brindis al sol, lo cual ya ha ocurrido en otros países europeos como Austria, Irlanda o Escocia, donde las buenas intenciones no han sido concretadas a través de medidas concretas ni ejes económicos que permitan mitigar los efectos de la crisis climática desde la transversalidad que demanda la ciencia.
Las principales organizaciones medioambientalistas españolas han celebrado la declaración del Gobierno, pero han reclamado que los ejes de actuación que se empiecen a plantear a través de la Ley de Cambio Climático y el PNIEC aumenten la ambición para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las críticas de colectivos como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Juventud por el Clima o Extinction Rebellion tienen que ver con que se plantee 2050 como fecha clave en la desaparición de los combustibles fósiles, en lugar de 2040, fecha en la que se preveía que iban a dejar de venderse vehículos de combustión interna en España.
Se trata de un año planteado ya en la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo que, según los grupos ecologistas, no cumple con las peticiones de los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que reclaman acciones inmediatas para conseguir limitar la subida de temperatura a menos de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales.
Por el momento, la declaración del Gobierno se presenta ambiciosa y recalca, de cara a una legislatura compleja, ciertas voluntades para la lucha contra la crisis climática. En cualquier caso, será el tiempo el que determine si las ambiciones del Ejecutivo se quedan en un ejercicio de marketing y simbolismo o consiguen revertir el modelo económico y social para caminar hacia la descarbonización.
¿Quién ha declarado la emergencia climática?
Unión Europea. El parlamento Europeo declaró en el mes de noviembre de 2019 la "emergencia climática" e instó a que los países del viejo continente comenzaran a legislar para revertir la situación de crisis medioambiental. La decisión de España, en parte, se subroga al "Nuevo Pacto Verde" de la UE.
Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda. En Mayo de 2019, después de las manifestaciones masivas de Extinction Rebellion en las principales ciudades británicas, el Westminster aprobó una moción para declarar el estado de emergencia climática. Días antes, Escocia y Gales habían emitido sus propios planes. Irlanda, por su parte, recogió el testigo y aprobó una enmienda para hacer frente al "mayor reto al que se enfrenta la humanidad".
Canadá. El país norteamericano refleja las contradicciones que, en la mayoría de los casos suponen este tipo de medidas medioambientales vacías de contenido. Tanto es así, que un día después de aprobar la declaración de emergencia climática (17 de junio de 2019), el Ejecutivo de Justin Trudeau confirmó la ampliación del oleoducto de Trans Mountain, que en la actualidad transporta 300.000 barriles diarios de petróleo.
Francia. El país galo aprobó la "urgencia climática" con un plan legislativo muy ambicioso que prevé una neutralidad de carbono para 2050, pero que ampliaba a diez años (de 2025 a 2035) el plan de reducir el peso de las nucleares en el mercado energético.
Argentina. En Julio de 2019, el Senado aprobó la declaración, convirtiendo a Argentina en el primer país latinoamericano en reconocer la situación de crisis ecológica. No obstante, los propios políticos que apoyaron la iniciativa reconocieron que se trata de una decisión simbólica.
Bangladés. Se trata del primer país en desarrollo en reconocer la situación de "emergencia planetaria", después de que el parlamento aprobase una moción llena de simbolismo y con poco desarrollo legislativo.
Austria. El parlamento austriaco emitió su propia declaración con unas intenciones electoralistas, en tanto que la decisión fue aprobada sólo cuatro días antes de que los ciudadanos tuvieran que acudir a las urnas en las elecciones nacionales de 2019.
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