España ya se encuentra oficialmente en estado de emergencia climática y ambiental. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha detallado este martes que la estrategia de del Ejecutivo contempla llevar en 100 días a las Cortes Generales su plan de acción contra el cambio climático, en forma de proyecto de ley. 

Así, la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez se articula sobre 30 líneas de acción que pasan por la fiscalidad o las finanzas sostenibles, según Ribera.

Países como Canadá, Francia o Irlanda ya han implementado declaraciones de este tipo, -el Parlamento Europeo hizo lo propio en noviembre de 2019- y el Ejecutivo quiere situar esta cuestión como un elemento transversal de todas sus políticas.​ En septiembre, el Pleno del Congreso aprobó una moción del Grupo Confederal Unidas Podemos instando al Gobierno a declarar el estado de emergencia climática

De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ha justificado la declaración de emergencia climática adoptada en el primer Consejo de Ministros ordinario del nuevo Ejecutivo, refiriéndose a razones de "justicia climática", "responsabilidad" y a la necesidad de garantizar un "futuro" al país.

Cinco líneas de actuación prioritarias

Entre las cinco líneas de actuación a aplicar en los primeros 100 días, la declaración recoge la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Esta normativa impondrá el año 2050 como fecha más tardía para alcanzar la neutralidad climática -construida sobre un parque de vehículos de cero emisiones de dióxido de carbono, un sistema eléctrico 100% renovable y un sistema agrario igualmente neutro, sin olvidar las correspondientes reformas fiscales que favorezcan la descabornización-.

Además, el Ejecutivo se compromete a definir "la senda de descarbonización" que asegure el objetivo de neutralidad climática, y a "invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático". Esto pasa también por presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

En cuarto lugar, el Gobierno quieren establecer una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, reforzando "los mecanismos de participación ya existentes" para hacer frente a este reto.

En útima instancia, el Ejecutivo se compromete a impulsar y apoyar la transformación del modelo industrial y agrario para que favorezcan "la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad", favorezcan la innovación y tengan en cuenta los "límites ambientales". 

Además, el Ejecutivo sopesa impulsar medidas como acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, u obligar a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones.