¿Por qué el apoyo de Junts es imprescindible para que Catalunya pueda recaudar todos los impuestos?

La reforma del sistema de financiación es la clave sobre la que pivota el preacuerdo entre PSC y ERC para que los republicanos acepten investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, siempre que su militancia lo avale en la consulta que tendrá lugar este viernes. Según consta en el documento del acuerdo, que ha distribuido ERC este martes, el pacto implica que Catalunya saldrá del régimen común de financiación de las comunidades autónomas. Así, progresivamente, la Generalitat pasará a recaudar y gestionar todos los impuestos, empezando con el IRPF de 2025, que se liquidará al año siguiente, en 2026. 

La realidad es que una reforma de este tipo no depende únicamente de un acuerdo entre socialistas y republicanos, sino que necesita del apoyo de otras formaciones. La razón es que la salida de Catalunya del régimen común conlleva cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Una modificación como esta se tiene que aprobar en el Congreso. De este modo, no basta con el apoyo de los diputados de ERC y el PSOE e, incluso, de los de Sumar, sino que se necesitarían los votos de las formaciones que dieron la última investidura a Pedro Sánchez. 

Esto convierte en decisivos los siete diputados de Junts. En este sentido, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha aprovechado una entrevista este martes en Catalunya Ràdio para invitar a Junts a "sumarse" al acuerdo y a ser "partícipes de las mayorías que se necesitan en el Congreso". Junts ha reiterado este martes que rehúsa una investidura de Salvador Illa que, admite, ahora mismo está en manos de la militancia de ERC. Junts también cree que cuesta pensar que en un futuro se oponga en el Congreso a una reforma de la LOFCA que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos. 

Con la certeza de que el PP, Vox, UPN y, muy probablemente, Coalición Canaria sí se opondrían, el "sí" de Junts es imprescindible para conseguir una mayoría absoluta de los votos en la Cámara Baja. En concreto, entre los diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, PNB, BNG y Junts se llega a 178. 

Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta de los 350 diputados del Congreso se sitúa en 176, el margen es muy escaso. Ahora mismo tampoco se puede dar por garantizado el apoyo de todos los diputados que votaron a favor de la investidura de Sánchez. De entrada, una reforma que permita a Catalunya avanzar hacia un "concierto económico solidario" genera tensiones en parte de los barones territoriales del PSOE. Así, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya se ha manifestado en contra. Con todo, la comisión ejecutiva federal del PSOE ha aprobado este mismo martes una resolución que avala el preacuerdo. 

Además, el preacuerdo también ha provocado posicionamientos dentro de un grupo territorialmente tan complejo como es Sumar. En concreto, por parte de los diputados de Compromís y de la Chunta Aragonesista (CHA). La portavoz de los valencianistas en el Congreso, Águeda Micó, ha subrayado que no tiene problemas con "acuerdos bilaterales" entre el PSOE y ERC, pero a la vez ha manifestado que "si hacen falta los votos de Compromís para cualquier reforma del sistema de financiación", no darán su apoyo "sin que se aborde la singularidad del problema valenciano de infrafinanciación". 

Por parte de la CHA, su diputado en la cámara, Jorge Pueyo, ha asegura que solo apoyará una reforma del sistema de financiación si esta compensa "generosamente" a Aragón. "Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón", ha añadido. 

Capacidad normativa coordinada con el Estado y la UE

Según se expone en el documento del preacuerdo para la investidura, en materia de financiación se contempla que progresivamente el Govern recaude y gestione todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y no con un consorcio en el que participe también la Hacienda estatal.

A la vez, se establecería una cuota de solidaridad con el resto de territorios del Estado y se abonaría una partida por los servicios prestados del Estado en Catalunya. Fuentes estatales citadas por la ACN subrayan que la recaudación de todos los impuestos por parte de la Generalitat es un proceso que "no será fácil ni automático" y, por lo tanto, "no pasará de hoy para mañana", como admitió ERC este lunes. Estas mismas fuentes aseguran que, en cualquier caso, la gestión de los impuestos por parte de la Generalitat incluirá "límites" y que la "solidaridad interterritorial está garantizada". 

De hecho, el documento del preacuerdo dice explícitamente que será la Generalitat "la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya" y que aumentará "sustancialmente la capacidad normativa" sobre los tributos, pero "con coordinación con el Estado y la Unión Europea". Sobre la solidaridad, el texto aclara que esta aportación "tiene que ser explícita y se tiene que reflejar de manera transparente". 

Además, también se añade que mientras no se despliegue el nuevo modelo de financiación, debe de haber un "incremento sustancial de los recursos" destinados a la Generalitat y se tiene que garantizar el principio de ordinalidad. Es decir, Catalunya no perdería posiciones en cuanto a su aportación una vez el Estado distribuya los fondos entre las diferentes autonomías. 

Otros aspectos

Además de la financiación, el aspecto que ha acaparado gran parte de los titulares, el preacuerdo entre republicanos y socialistas incluye otras cuestiones trascendentes. Por ejemplo, el compromiso de "preservar" los espacios naturales protegidos situados en el entorno del aeropuerto del Prat-Barcelona. También el incremento de los impuestos al juego, una medida que en la práctica dificultará mucho que tire adelante el complejo del Hard Rock.

Mantener la energética pública, impulsar el plan piloto de la renta básica universal, constituir un consorcio entre el Gobierno español y la Generalitat para que se cumplan las inversiones estatales en Catalunya constituyen algunos de los puntos de un preacuerdo. Otros aspectos relevantes serían la creación de un departamento específico de Política Lingüística que contribuya a situar el impulso de la lengua catalana en el centro de la acción gubernamental y articular una convención nacional sobre el conflicto político.